
Cómo escapar de la trampa de la economía de enclave
El plan productivo nacional 2027-2031 del Instituto Argentina Grande (IAG) propone que las divisas de la energía y la minería financien la densificación del entramado productivo nacional y se traduzcan en trabajo, con reciprocidad productiva.
La Argentina recibe cada vez más dólares por la vía comercial y, al mismo tiempo, pierde trabajo registrado. Entre enero y septiembre de 2026 el superávit comercial sumó 21.198 millones de dólares, contra 6046 millones en el mismo período de 2025, según el Indec. La energía aportó 9428 millones, 76 por ciento más que un año antes, y la minería exportó 6059 millones entre enero y agosto, casi lo mismo que en todo 2025.
En paralelo, entre noviembre de 2023 y julio de 2026 el país perdió 32.290 empleadores con trabajadores registrados, unos mil por mes, según la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. En el mismo período, según datos del SIPA, el sector privado quedó con 265.765 asalariados registrados menos, una caída de 4,2 por ciento en el total del país.
En una edición reciente de Cash, Lucía Cirmi Obón presentó el programa económico de Futuros Mejores, un trabajo colectivo de casi tres años con más de cuarenta espacios políticos, sindicales, sociales y académicos, entre ellos el Instituto Argentina Grande (IAG).
Su premisa ordena el debate: en economía, “el orden de los factores sí altera el producto”. Primero el modelo productivo, después la macroeconomía que lo sostiene, con la distribución como condición de partida. ¿Qué macro para qué plan?
Plan Productivo
El plan productivo nacional 2027-2031 del IAG continúa esa secuencia en el terreno de la producción. Comparte la idea de una macro ordenada al servicio del desarrollo, que Futuros Mejores resume en acumular reservas, bajar la inflación a niveles que permitan planificar y financiar la deuda en moneda local, con un tipo de cambio real competitivo y estable.
Y suma una regla de consistencia propia: las divisas de la energía y la minería tienen que financiar la densificación del resto del entramado, a un ritmo que se ajusta a una cuenta de divisas explícita.
Restricciones en la oferta
Desde mediados del siglo pasado, cada expansión argentina chocó con la misma pared: las importaciones crecían más rápido que las exportaciones, faltaban dólares y la salida era el ajuste, que enfriaba la demanda hasta que reaparecía el superávit. Marcelo Diamand lo explicó con su estructura productiva desequilibrada, en la que el agro genera las divisas que la industria consume.
Hoy una parte creciente de los dólares llega por el lado de la oferta. Sale de producir y exportar más petróleo, gas, litio y oro, y servicios basados en el conocimiento, que por primera vez superaron los 10.000 millones de dólares de exportaciones en doce meses, a marzo de 2026, según Argencon. Los pesos, en cambio, se vinculan con la demanda: salarios, crédito, obra pública. Con más dólares de origen productivo, la economía puede sostener más demanda en pesos sin chocar enseguida contra la pared de siempre, y pierde fuerza uno de los disparadores clásicos de la inflación local, la devaluación brusca.
El gobierno de Milei hace lo contrario con esa oportunidad. Su desinflación descansa en la apreciación cambiaria y en dólares del blanqueo, los REPO con bancos y el acuerdo con el FMI. Las divisas, el gobierno las orienta a los vencimientos de deuda en moneda extranjera, que el programa financiero oficial ubica en unos 23.300 millones de dólares para 2027. Y los pesos se achican (liberando divisas).
El gasto de capital del Estado nacional cayó 76,5 por ciento en términos reales entre 2023 y 2025; el año pasado equivalió a unos cinco centavos por cada dólar neto que aportaron el agro, la energía y la minería, según cálculos del IAG.
El ajuste comprime la demanda, pero la oferta de dólares permitiría un mayor nivel de producción. El diagnóstico del plan del IAG agrega un dato: 2025 fue el primer año de la serie iniciada en 1997 en que la economía creció y el empleo privado registrado cayó. La minería y las finanzas crecen con poca gente; el comercio, la industria y la construcción, que concentran buena parte del empleo urbano, caen o se informalizan.
La informalidad llegó al 45 por ciento de los ocupados de los 31 aglomerados urbanos en el segundo trimestre de 2026, 1,8 puntos porcentuales más que un año antes.
Pensar una economía sólo basada en recursos naturales, apostando a una transición de sectores, es inviable: aun con todo lo proyectado, en 2030 la Argentina exportaría unos 2058 dólares por habitante en recursos naturales, menos que Chile hoy, según un trabajo de Hallak y López (IIEP-UBA).
La propuesta
La respuesta del plan del IAG parte de un principio: cada apoyo del Estado se entrega a cambio de metas verificables de empleo, inversión, proveedores, valor agregado local, investigación y exportaciones. Alice Amsden describió ese mecanismo en la industrialización de Corea del Sur, que disciplinó sus subsidios con metas de exportación. Lo novedoso está en la aplicación.
El plan apoya la reciprocidad primero donde el Estado conserva poder: compra, financia, es socio o es titular del recurso. Una compra pública, un crédito o una concesión son contrapartidas más firmes que una exención, y los beneficios fiscales quedan atados a compromisos con fecha de vencimiento.
La verificación usa datos que el Estado ya produce. Cada Pacto de Reciprocidad se inscribe en un registro público y se controla cruzando, empresa por empresa, el empleo y los salarios del SIPA y de ARCA, el comercio exterior de la Aduana, la liquidación de divisas del BCRA y la factura electrónica de las compras a proveedores. Eso exige integrar las bases por CUIT, un desafío en sí mismo. Ante un incumplimiento, un procedimiento con plazos y descargo escala las sanciones hasta revocar el beneficio.
El caso más concreto es el RIGI, que garantiza treinta años de estabilidad fiscal y libre disponibilidad de divisas con exigencias de proveedores locales débiles. La adhesión vence el 8 de julio de 2027 (Decreto 105/2026): el próximo gobierno heredará un conjunto cerrado de proyectos con derechos adquiridos.
El plan propone dos vías. Para los proyectos nuevos, un régimen sucesor con quince años de estabilidad y metas crecientes; en litio, pasar del 20 al 40 por ciento de valor agregado local en cinco años y procesar en el país el 30 por ciento más allá del carbonato, con transferencia tecnológica a Y-TEC.
Para los ya adheridos, Pactos de Reciprocidad negociados a cambio de lo que el Estado todavía decide: infraestructura, crédito, garantías para proveedores y permisos provinciales. En cobre, la meta es integrar 200 PyMEs proveedoras por proyecto.
La experiencia internacional muestra que las contrapartidas no espantan inversiones. India paga un incentivo ligado a la producción sobre ventas incrementales verificadas: a junio de 2026 sumaba unas siete rupias de inversión por cada rupia desembolsada. Estados Unidos exige más de 65 por ciento de componentes nacionales en las compras de su gobierno federal, y el piso sube a 75 por ciento en 2029.
Noruega formó sus proveedores petroleros antes de crear su legendario fondo soberano. Saudi Aramco adjudica compras con un puntaje de valor agregado local que el plan toma como referencia, y Brasil orienta con misiones el crédito del BNDES, cuya meta para la industria llegó a 370.000 millones de reales.
En servicios, México incorporó a la seguridad social a los trabajadores de plataformas según el tiempo efectivamente trabajado: en julio de 2026, 1,59 millones de personas tenían al menos cobertura de riesgos del trabajo y 247.900 accedían a todos los seguros del IMSS. El plan toma ese criterio, con libertad de conexión, y propone formalizar el cuidado y el trabajo en casas particulares por el lado de quien contrata, atar escaleras salariales a capacitación certificada en el comercio, como hace Singapur, y llevar las exportaciones de servicios basados en el conocimiento a entre 18.000 y 22.000 millones de dólares en 2031.
Instituciones que estructuren
La Argentina tuvo planes industriales bien diseñados que naufragaron por falta de viabilidad política y de instituciones de largo plazo. Crucial. El plan propone las suyas, con gobierno y financiamiento propios.
Un Consejo Nacional de Desarrollo Productivo cuatripartito, con el Estado, las cámaras empresarias, los sindicatos y la academia, que fija misiones, aprueba metas y sesiona cada trimestre.
Un Banco de Desarrollo montado sobre el BICE para operar desde el primer año, fondeado con los rendimientos de un Fondo Soberano que se capitaliza con la renta extraordinaria de hidrocarburos, minería y agro, con una variable que identifique años de precios altos.
Y una Agencia para el Cambio Estructural que elige proyectos por provincia con indicadores de complejidad económica, firma los Pactos de Reciprocidad y se financia con una porción creciente de los derechos de exportación, del 1 por ciento el primer año al 5 por ciento desde el tercero, en un fideicomiso separado del gasto corriente. El Fondo Soberano cumple además una función macro: tender a aplanar la curva de liquidación de divisas y estabilizar el valor del dólar. La estabilidad y la industria como políticas de Estado.
La factibilidad se construye
El plan asume que la viabilidad política se construye. Identifica quién gana y quién resigna con cada instrumento y prevé compensaciones para los actores con capacidad de veto, en una matriz que va de la industria y los sindicatos a las mineras con RIGI, los consumidores y los acreedores.
A la industria le ofrece crédito al 50 por ciento de la tasa de mercado y reglas previsibles a cambio de metas auditables; a los consumidores, que la protección comercial venga con compromisos de precios y abastecimiento.
Al consenso cuatripartito se suman las provincias, titulares de los recursos naturales por el artículo 124 de la Constitución, y las organizaciones de la economía popular y de los nuevos trabajos, como las trabajadoras de casas particulares y de cuidado y los trabajadores de plataformas, buena parte del empleo que el plan busca formalizar. Por eso regalías, agua y concesiones se tratan en pactos federales, y el empleo y el salario real se publican por provincia.
Cuentas a la vista
El plan presenta la cuenta de divisas 2027-2031, aproxima el costo de cada línea con su financiamiento y separa lo que sale por decreto desde el primer día de lo que requiere acuerdos o una ley.
También mide el margen internacional: las compras del Estado quedan fuera de la regla de trato nacional de la OMC y la Argentina no adhirió a su acuerdo de contratación pública, mientras el mercado europeo, con el acuerdo provisional con el Mercosur, exige trazabilidad y huella de carbono. La inversión pública sube al 3 por ciento del PBI, en línea con el Eje Infraestructura, elaborado por otra área del IAG.
Futuros Mejores abrió una conversación necesaria sobre el orden de la macro y la distribución. El plan del IAG suma la pregunta que sigue: de qué van a trabajar los 47 millones de personas que viven en la Argentina y qué instituciones hacen falta para sostenerlo en el tiempo. El documento completo, con sus metas por fase hasta 2031 y su cuenta de divisas, está para discutirse. Con la energía y la minería en expansión, el país tiene una oportunidad poco frecuente: que los dólares se conviertan, esta vez, en trabajo.
El objetivo no es escribir el programa productivo más ambicioso que pueda formularse, sino construir una estrategia de transformación productiva que pueda convertirse en una política de Estado. Que genere mejores salarios. Una meta deseable, pero que no consigue reunir los apoyos necesarios, puede terminar siendo menos ambiciosa en sus resultados efectivos que una meta más gradual que permite construir acuerdos, poner en marcha instituciones y acumular capacidades.
Hernán P. Herrera es coordinador del Área de Economía del Instituto Argentina Grande. @hernanpherrera.
Fuente: Página|12

