Recuento de daños, sustrato para la reconstrucción
Por Dolores Curia
Van dos años de un gobierno que institucionalizó el antifeminismo feroz y destruyó casi todas las iniciativas orientadas a la igualdad de derechos.
En un período muy corto de tiempo, Argentina pasó de ser un faro a una boca de lobo, fundamentalmente en materia de derechos de mujeres y diversidades. Solo por elegir un ejemplo de legislación de vanguardia –por su gesta y por el resultado- se puede citar la ley de cupo trans de 2012, que fue modelo para las que vinieron después en todo el mundo. Sin embargo, con la llegada del libertarismo al poder, esta ley se convirtió en un banderín “woke” a neutralizar.
No hay registros en nuestra historia de otro momento en el que el antifeminismo haya sido, tan explícitamente, el signo de una plataforma partidaria y un lugar de acuerdo al que vuelven incansablemente -con regodeo, sin datos y a pedido de la hinchada- los discursos de los altos mandos. No es que otros poderosos no lo hayan hecho antes, sino que esta versión representa la institucionalización del antifeminismo gore.
El mileísmo, que sustentó su campaña sobre la premisa de que la justicia social es una aberración, sostuvo y sostiene que las desigualdades estructurales -raciales, de género, de clase– no existen y, cuando aparecen, no son un problema.
Provocaciones como la de haber elegido un 8 de marzo de para rebautizar el Salón de las Mujeres como Salón de los Próceres, funcionan como símbolo y declaración de intención. Abona un clima y da vía libre social.
Que Argentina se haya convertido en 2024 en el único país del mundo que votó contra una declaración de la ONU para prevenir la violencia contra niñas y mujeres es mucho más que una pose.
Eso en el plano de lo simbólico. A lo que hay que sumar todos los daños, que serán muy difíciles de reponer: la destrucción de prácticamente todas las políticas públicas destinadas a prevenir los femicidios.
Que el Gobierno haya tomado por uno de sus primeros blancos al programa que ayudaba a que las víctimas de violencia de género pudieran construir una historia por fuera del hogar donde convivían con su agresor, es un síntoma para entender todo lo que vino después en estos dos años.
Los resultados están a la vista: en 2025 se contabilizó un femicidio cada 35 horas y en los primeros meses de este año, la cifra ya es de uno cada 25 horas, según datos de la sociedad civil. A esto hay que agregar, la destrucción de las herramientas que ayudaban a generar estas estadísticas desde el Estado.
Hace menos de dos semanas, el Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de la ONU, alertó sobre el cierre y la degradación de instituciones, así como la reducción drástica del presupuesto destinado a prevenir la violencia de género en Argentina, el debilitamiento de la ESI y las barreras para acceder al aborto legal. Lo hizo después de una evaluación realizada por expertos independientes, que el organismo lleva a cabo periódicamente desde 1985, año en que Argentina asumió compromisos internacionales en este tema.
En su informe, el organismo enumera la destrucción de políticas públicas y la reducción del presupuesto destinado a prevenir la violencia de género, garantizar el acceso a la salud sexual y reproductiva y sostener la Educación Sexual Integral y el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (Plan ENIA). Aunque el lenguaje de los organismos internacionales suele ser prudente, en este caso fue categórico.
Se menciona la pauperización del Programa Acompañar, que acortó el plazo de asistencia y exige denuncia previa, de la línea 144, y los servicios para mujeres con discapacidad. También alertó sobre la reducción de los Centros de Acceso a la Justicia y la eliminación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad.
También sobre la suspensión del Plan ENIA, cuyos resultados eran señalados como ejemplo a nivel continental hasta hace muy poco.
Como señala Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina: ‘Este país ha sido históricamente un referente regional en la ampliación de derechos; por eso, el debilitamiento actual de estas políticas genera preocupación no sólo a nivel local, sino también en el sistema internacional de derechos humanos’’.
En febrero de 2024 se llevó a cabo, por decreto, la desjerarquización del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Fue transformado en la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, lo que redujo su capacidad de acción. Tuvo una ejecución presupuestaria y finalmente se anunció su cierre en junio de 2024.
Fueron desmanteladas también la Ley Brisa, que establecía la reparación económica para niños y niñas que perdieron a su madre en manos de un femicida; y la Ley Micaela, que establecía capacitaciones para funcionarios estatales.
Estela Díaz, ministra de Mujeres y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires, en conversación con Página/12, advierte que es la primera vez en 30 años que Argentina no cuenta con ningún mecanismo nacional que aborde las violencias por razones de género. “Eso es un abandono del Estado nacional de sus responsabilidades. Por el marco legal y constitucional, tiene obligaciones de las que se está desentendiendo. Además de la destrucción de la inmensa mayoría de las políticas que promueven acceso a cuidados, salud sexual y reproductiva y otras áreas: cualquier temática en la que indagues ha sido eliminada o subejecutada”, dice Díaz.
“Pero además de esto hay una violencia simbólica y política contra los derechos, que también tiene efectos que generan un clima habilitante de las violencias. ¿Cómo impregna en la sociedad un mensaje desde los principales voceros del gobierno tan confrontativo con quienes tienen diferencias?”, se pregunta Díaz.
A esto, dice, hay que sumarle la autorresponsabilización de los dramas cotidianos, que también alienta el desánimo. “Nos quieren con baja autoestima, como individuos y como país. En ese contexto hay que decir que, si hay algo que tenemos las mujeres, como lo demuestra nuestra historia, es lo contrario: aferrarnos al territorio, al espacio laboral, a los afectos, a la familia y a la comunidad. La enorme participación política femenina lo demuestra. Nosotras no solamente no votamos -en general- a Milei, ni en 2023 ni en 2025, sino que cuando se consulta a las mujeres sobre los ejes libertarios -contra el Estado, contra políticas de salud y educación– el rechazo es elevadísimo. El mileísmo tiene enfrente una fuerza de rechazo en femenino, que se irá organizando y canalizando en expresiones capaces de construir un proyecto de futuro”, analiza Díaz.
El mes de marzo también se presta para otro paralelismo, en un año en el que además se cumplen 50 años de la última dictadura. Para Díaz hay un correlato entre dos formas de negacionismo presentes en el núcleo libertario: el negacionismo del terrorismo de Estado –que empieza por desconocer la cifra de desaparecidos y sigue con obstaculizaciones a los juicios de lesa humanidad y coqueteos con la idea de liberar genocidas– y, por otro lado, el negacionismo de la violencia de género en sí y de las desigualdades estructurales.
“No por nada la principal resistencia al terrorismo de Estado ha sido en clave femenina: la lucha de las Abuelas y las Madres, que hoy nos guían como símbolo y como faro de cómo reconstruir”. O, como lo dice en otras palabras y a pedido de este diario Claudia “La Negra” Albornoz, militante barrial, feminista y referente nacional de la organización La Poderosa: “Desde el feminismo villero estamos acostumbradas a perder, pero las condiciones de vida y la necesidad nos hacen seguir luchando contra viento y marea. Y como dice Bife en su canción: ‘Vamos a dejar en el barrial nuestra semilla / que tarde o temprano va a pasar el temporal / y cuando se quieran acordar en esta selva / nos lo vamos a morfar’. Siempre organizadas”.
Fuente: Página 12
