Que las consecuencias económicas de la guerra no las pague la gente

Proyecto de ley de Máximo Kirchner

20 abril, 2026

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Ante el impacto del conflicto en Medio Oriente sobre la canasta básica de los argentinos y argentinas, el diputado nacional Máximo Kirchner presentó un proyecto de ley de “protección económica frente a la inestabilidad global”, que propone declarar la emergencia pública en materia energética, alimentaria y de insumos productivos críticos. En medio de la crisis mundial, el Estado tiene la responsabilidad de que la renta petrolera extraordinaria no se la apropien tres o cuatro vivos y se oriente al cuidado de los ingresos, el consumo y la producción de nuestro país.

Por La Cámpora

En el debate por la reforma de la Ley de Glaciares, señalaba Máximo Kirchner que “en el país de las vacas, cada vez se come menos carne y menos leche; en el país de Vaca Muerta, segunda reserva de shale gas y cuarta de shale oil, los argentinos no pueden cargar nafta; y pronto, al acercarse el invierno, no hay una política que aborde el tema del gas, no solo para la industria, sino para la gente que, si no hay gas, pasa frío en muchos lugares de Argentina”.

La falta de políticas del gobierno de Javier Milei para contener el impacto de la actual crisis internacional sólo tiende a agravar la situación. Desde el inicio de la guerra en Medio Oriente, que desataron los ataques ordenados por Donald Trump y Benjamín Netanyahu en Irán, la nafta se encareció en nuestro país más de 20%. En respuesta, el pasado 9 de abril el diputado nacional Máximo Kirchner presentó un proyecto de ley de “protección económica frente a la inestabilidad global”, que propone declarar la emergencia pública en materia energética, alimentaria y de insumos productivos críticos.

La declaración de emergencia se funda en el impacto extraordinario sobre los precios internacionales de la energía, los alimentos y los fertilizantes, la disrupción logística global y la volatilidad financiera derivadas del conflicto bélico en Medio Oriente y su entorno regional, que comprometen la seguridad de abastecimiento, el poder adquisitivo, los costos del paquete tecnológico agropecuario y la estabilidad del crédito para familias y empresas.

El objetivo es evitar que el aumento vertiginoso de la cotización internacional del petróleo, derivado de la guerra y sus secuelas, se traslade a las facturas de luz y gas de los hogares argentinos y de las pequeñas y medianas empresas, ni impacte tampoco en el precio de los alimentos, los fertilizantes y el transporte. Como explicó Máximo durante una entrevista en el programa 1111: “Estamos viviendo en un mundo que tiene cada vez más elevada la conflictividad, está más belicoso; hay que pensar un país que se proteja a sí mismo también, porque nosotros entendemos siempre que ante eventos externos un país toma medidas para protegerse y fundamentalmente para proteger a su gente”.

El proyecto parte del diagnóstico de que la magnitud del shock externo desencadenado por la guerra trasciende la coyuntura inmediata de las hostilidades y se inscribe en un escenario de incertidumbre y volatilidad de mediano plazo, el cual demanda al Estado construir herramientas anticíclicas automáticas y no discrecionales para defender los ingresos, el consumo y la producción.

En ese marco, la estructura productiva de la economía argentina la coloca hoy como exportadora neta de alimentos e hidrocarburos, pero al mismo tiempo dependiente de la paridad de exportación como mecanismo formador de precios internos. En otras palabras, las turbulencias de precios internacionales se transmiten directamente al mercado interno, agudizando las presiones inflacionarias que luego erosionan el salario real y comprometen la actividad económica, como fue posible observar durante el drástico incremento del precio del petróleo en 2022. El Estado tiene la responsabilidad de que esta nueva disparada de los precios no provoque mayores desequilibrios ni le traiga más dolores de cabeza a la gente. Por lo tanto, la renta petrolera extraordinaria que genera esta situación debe servirle al Estado como colchón para amortiguar el impacto de la crisis, en lugar de que se la apropien unas pocas empresas.

Por tal razón, la iniciativa propone constituir un fondo anticíclico al que se destinará, según establezca la reglamentación, entre un 40% y 50% del excedente respecto al precio promedio del último año del petróleo o el gas, con el objetivo de garantizar la estabilidad de la economía argentina. De manera que si el precio promedio era 70 dólares y se vende a 97, por poner un ejemplo, un porcentaje significativo de esa diferencia -en este caso, entre 10,8 y 13,5 dólares por unidad vendida- tendrá como fin evitar que los argentinos y argentinas paguen los costos de la crisis. Los destinos específicos del fondo serán el subsidio al gasoil agropecuario, la estabilización de combustibles, el financiamiento de créditos para fertilizantes, la cobertura financiera a los productores y la acumulación de reservas. El mecanismo solo opera en tanto y en cuanto haya renta extraordinaria.

En síntesis, el proyecto incluye medidas de orden fiscal y arancelario para amortiguar el impacto en alimentos; un refuerzo extraordinario y transitorio de la Asignación Universal por Hijo, y una mayor intervención del Estado para garantizar el suministro de gas y electricidad, regular los flujos y precios de los fertilizantes y respaldar financieramente a los productores agropecuarios endeudados. Tal como se detalla en el articulado, estos instrumentos se activan y desactivan en función de parámetros públicos y verificables, diferenciándose expresamente de intervenciones discrecionales y garantizando previsibilidad tanto para el fisco como para los actores económicos.

Si el Estado no conduce la economía y desacopla los precios internos de los internacionales, el shock de los combustibles se trasladará al transporte, lo que hará subir los costos de producción, las tarifas eléctricas y el precio de los alimentos, con la posterior caída de los ingresos familiares, el consumo y la actividad. Como recordó Máximo, el propio Fondo Monetario Internacional está planteando prestar entre 30.000 y 50.000 millones de dólares a los países que tienen severos problemas por los efectos de la guerra. “Cuando uno lo compara, es lo que le prestaron a Argentina, a un solo país”, recordó el compañero, y agregó: “Y sin Rusia y la OTAN, sin la guerra en Medio Oriente, el 20 de junio del 2018 entraron a Argentina 50.000 millones de dólares, de un día para el otro, y nadie puede explicar dónde están, porque no se mejoraron las rutas, no se mejoró la capacidad logística del país: fue todo al sistema financiero y se lo llevaron”.

Los dólares que entran por timba y deuda se van por timba y deuda. No sirven, como dice Máximo, “ni para dar crédito a los empresarios, ni para construir viviendas ni para trabajar ante las problemáticas del alquiler, ni para mejorar la logística, ni para pensar la logística en Argentina, los trenes, dónde ir, dónde no ir, dónde conviene”. Se requieren por lo tanto acciones para que los dólares que ingresen por la suba de los combustibles no corran idéntico destino. Establecer un mecanismo para que la renta extraordinaria del petróleo funcione como amortiguadora y no como un beneficio que se apropien unos pocos privilegiados es responsabilidad de toda la dirigencia política. Argentina tiene que usar sus recursos estratégicos para que la sociedad viva mejor. Hace una década que el pueblo viene soportando y pagando los ajustes y los costos de la crisis provocada por el endeudamiento crónico y criminal. Es momento de que colaboren quienes más ganan. Que la renta extraordinaria no se la lleven tres o cuatro vivos.

Fuente: lacampora.org

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