Deterioro institucional, represión y cortinas de humo en la crisis boliviana

Entrevista con la analista política Cinthya Guidi sobre la detención del Fiscal General, el entramado Cerimedo y la resistencia popular

La escalada de tensión política e institucional en el Estado Plurinacional de Bolivia sumó un nuevo y gravísimo capítulo tras la aprehensión del Fiscal General del Estado, Roger Mariaca, en un contexto signado por el desabastecimiento, la inflación y la imposición de estados de excepción. En diálogo con el programa periodístico regional, la analista política boliviana Cinthya Guidi desmenuzó las verdaderas causas de este vertiginoso deterioro democrático. Guidi subrayó que la autonomía teórica de los poderes se encuentra completamente desarticulada, afirmando tajantemente que “en los últimos años ya se ha vuelto costumbre en Bolivia de que el poder ejecutivo prácticamente domina todo”, subordinando al aparato judicial a los intereses coyunturales del Palacio Quemado.

Respecto a la trayectoria del fiscal detenido, Guidi recordó que Mariaca asumió inicialmente como fiscal departamental en Santa Cruz durante la gestión de facto de Jeanine Áñez en 2020, para luego ser promovido al máximo cargo del Ministerio Público durante el mandato de Luis Arce. La analista desmintió cualquier lectura que pretenda victimizar al funcionario, definiendo su perfil de manera incisiva al manifestar que “Mariaca no representa, desde mi punto de vista, al pueblo ni tampoco a la justicia como tal es otro funcionario de la derecha cómplice”. Según Guidi, la detención responde a una maniobra palaciega donde las autoridades lo “han usado como chivo expiatorio para poder desviar la atención de lo que es el caso Cerimedo”.

El trasfondo del expediente que involucra al operador mediático Fernando Cerimedo destapó una intrincada red transnacional con derivaciones de enorme gravedad para varios gobiernos de la región. El decomiso de los dispositivos electrónicos y teléfonos móviles de Cerimedo sacó a la luz información altamente sensible sobre financiamientos y maniobras políticas. Guidi detalló el verdadero alcance geopolítico del caso al advertir que “la información que tiene Fernando Cerimedo no solamente afecta al gobierno de Bolivia sino también afecta al gobierno de Argentina de Milei, al gobierno de Chile de Kast, al gobierno de Honduras de Nasry Asfura, al gobierno de Donald Trump”, exponiendo un engranaje coordinado de intereses conservadores continentales.

Frente a las revelaciones que comprometían directamente a la cúpula del Ejecutivo boliviano y a su entorno familiar, el gobierno de Rodrigo Paz recurrió a la profundización del amedrentamiento y la censura de prensa. Entre las medidas más drásticas implementadas en las últimas horas se constató el silenciamiento forzado de medios comunitarios y alternativos. Guidi denunció con profunda indignación que la Autoridad de Telecomunicaciones “han suspendido la emisión de seis radiofrecuencias de la Radio Kawsachun Coca”, despojando a las comunidades del trópico de Cochabamba de su principal vía de comunicación e información independiente.

Esta arremetida contra la libertad de expresión se entrelaza con una política sistemática de persecución penal hacia los dirigentes de las organizaciones sociales y sindicales que intentan coordinar medidas de fuerza contra el ajuste económico. El encarcelamiento preventivo del dirigente campesino Nelson Virreira tras anunciar movilizaciones contra el desempleo y el encarecimiento de la canasta familiar ejemplifica el uso del aparato judicial como garrote de amedrentamiento. Paralelamente, la pérdida de divisas, la falta de combustible y la quita de subsidios han volcado a la población a una situación de asfixia cotidiana insostenible.

La proscripción política ejercida contra el expresidente Evo Morales y la anulación de siglas de izquierda en los pasados comicios de 2025 configuraron un escenario institucional antidemocrático que condicionó el origen del actual gobierno. Sin embargo, Guidi enfatizó que el descontento social acumulado no podrá ser sofocado mediante decretos de excepción ni despliegues policiales. La analista concluyó remarcando la dignidad histórica del movimiento popular al preguntarse “de dónde surge la moral del pueblo boliviano, de dónde tiene que surgir el valor, la fortaleza del pueblo boliviano de reclamar lo que corresponde”, augurando la reorganización desde las bases para defender la soberanía y los derechos conculcados.