Gustavo Rosa: Teleobjetivo al saqueo
En su columna semanal dentro del programa “Con Fundamento Kriollo”, el licenciado Gustavo Rosa analiza el convulsionado escenario político nacional centrando la mirada en las contradicciones de la dirigencia y el proceso de enajenación de los recursos públicos.
Rosa inicia su intervención abordando las recientes declaraciones del diputado nacional misionero Alberto Arrúa en medios periodísticos, donde confesó haber sufrido un severo cuadro de estrés e internación hospitalaria por las presiones recibidas para votar las leyes del gobierno. El analista cuestiona duramente la actitud de victimizarse, señalando que un legislador amparado por inmunidad parlamentaria debe denunciar judicialmente las coimas y presiones en lugar de someterse y perjudicar al pueblo con su voto.
La columna expone además un episodio de marcada ironía institucional protagonizado por el dirigente libertario José Luis Espert, quien se presentó en oficinas de ANSES para iniciar su trámite jubilatorio acreditando apenas cinco años de aportes. Tras haber denostado históricamente las moratorias previsionales y militado por la anulación de las leyes que permitían jubilarse a quienes no completaron sus aportes, Espert quedó imposibilitado de acceder al beneficio por los efectos del propio modelo que impulsó. Frente a esta situación, Rosa recurre a las máximas populares para sintetizar el hecho, afirmando que “El pez por la boca muere” y remarcando que “El que tira mierda recibirá mierda”.
El foco del análisis se traslada al preocupante escándalo financiero revelado por la Auditoría General de la Nación bajo la conducción de Juan Manuel Olmos. La investigación confirmó el traslado ininterrumpido de las reservas de oro del Banco Central hacia plaza extranjeras en Londres y Suiza para ser utilizadas en operaciones especulativas. Dichas maniobras financieras derivaron en un quebranto multimillonario superior a 1,5 billones de pesos —aproximadamente 1.023 millones de dólares— que debió ser cubierto mediante el consumo de divisas de las reservas nacionales.
En simultáneo con el quebranto financiero, la columna denuncia la aceleración del proceso de privatizaciones habilitado por la Ley Bases. Rosa destaca la venta a precio vil de empresas emblemáticas como IMPSA y Aysa —esta última adjudicada por 300 millones de dólares, una cifra muy inferior a las valuaciones históricas—, a la vez que señala la apertura de procesos licitatorios para desprenderse de las líneas ferroviarias Belgrano Cargas, San Martín y Urquiza, la firma Intercargo y los complejos hidroeléctricos y termoeléctricos del país, sacrificando la soberanía energética y de servicios esenciales.
Otro aspecto gravitante abordado por Rosa reside en la puesta en marcha del programa gubernamental de venta de la nacionalidad, anunciado en París por los funcionarios Luis Caputo y Diego Santilli. A través del DNU 366/25 y con la intermediación de la firma británica Henley & Partners, el Poder Ejecutivo ofrece otorgar la ciudadanía argentina a multimillonarios extranjeros a cambio del pago de 50.000 dólares o la compra de bonos por 300.000 dólares. El columnista ironiza sobre la retórica oficial que justifica estas medidas sosteniendo que “Argentina hoy es un faro de libertad e inversión en el mundo”, advirtiendo que la enajenación de la ciudadanía constituye una amenaza directa al control del territorio nacional.
Finalmente, el periodista desentraña la estrategia jurídica de la Corte Suprema de Justicia respecto al DNU 70/2023. Rosa señala que al suspender únicamente la aplicación del artículo 154 sobre la Ley de Tierras ante la presentación de la Asociación Civil Árbol de Pie de Bariloche, el máximo tribunal operó una maniobra de enfriamiento social que dejó intactos los restantes 365 artículos desreguladores. La columna concluye con un llamado enfático a la movilización popular el próximo jueves 15 de octubre frente al Congreso para exigir la derogación completa del mega decreto.
