Persecución judicial en Ecuador: Detienen a Luisa González a semanas de los comicios y denuncian un “estado de no derecho”

En una nueva emisión del programa radial y televisivo Triple Frontera en nuestra América, conducido por Sergio Centenaro a través de la señal en dúplex de Radio Lateral y LT4 Radiodifusora de Misiones (104.5 FM) desde Posadas, se abordó con suma preocupación la grave crisis institucional y política que atraviesa el Ecuador.

La jornada periodística del sábado 24 de octubre de 2026 estuvo marcada por la denuncia pública en torno al arresto y la orden de prisión preventiva dictada contra Luisa González, principal referente de Revolución Ciudadana y excandidata presidencial en las elecciones de 2023 y 2025. El exasambleísta y actual parlamentario andino Virgilio H. Hernández brindó un testimonio exclusivo en el que detalló las irregularidades de un proceso que calificó como una maniobra explícita de amedrentamiento judicial a solo 36 días de los próximos comicios.

Durante el diálogo, Hernández reconstruyó minuciosamente los hechos ocurridos en el domicilio rural de González, ubicado en Canuto, cerca de Chone, en la provincia de Manabí. Según explicó el dirigente ecuatoriano, el procedimiento se llevó a cabo a las cuatro de la madrugada con un despliegue desmedido de violencia policial frente a la dirigenta y sus familiares. Al respecto, Hernández señaló de manera categórica que “como su objetivo es amedrentar, como su objetivo es generar miedo, como su objetivo es, entre comillas, el disciplinamiento, se le detiene cuando estaba sola con su niño de 10 años”, evidenciando la intencionalidad política tras la espectacularización del operativo. Asimismo, remarcó que las autoridades judiciales vulneraron de forma flagrante los derechos fundamentales de la ex asambleísta al no concederle medidas alternativas a la privación de la libertad.

El análisis jurídico expuesto en el programa subrayó que a González se le aplicó la prisión preventiva en el marco de una investigación exprés por presunto lavado de activos, armada supuestamente en apenas diez días sobre hechos atribuidos al año 2023. Hernández enfatizó que el fallo del juez omitió arbitrariamente las normas constitucionales de protección a la infancia y los tratados internacionales vigentes. En sus declaraciones, el abogado precisó: “El Ecuador es suscriptor de la Convención de los Derechos del Niño. El Ecuador tiene establecido, en su Constitución de la República, el interés superior de los derechos del niño”, norma que fue vulnerada al encarcelar a una madre de un menor de diez años sin justificar la necesidad imperiosa de la medida de última ratio.

La entrevista también puso en luz la sistemática proscripción política ejercida contra las fuerzas opositoras en Ecuador. Según el testimonio brindado a Triple Frontera, en el mes de marzo el Movimiento Revolución Ciudadana fue suspendido por nueve meses del registro electoral a partir de un simple oficio fiscal sin expediente fundamentado, impidiéndole realizar sus primarias de cara a las elecciones generales. Hernández reveló que “a nosotros en marzo se nos eliminó del registro electoral”, y añadió que, tras intentar una alianza con el movimiento Amigo en julio, sufrieron un mecanismo idéntico de bloqueo. Posteriormente, al buscar González postularse a la prefectura de Manabí por la organización Pachakutik para obtener inmunidad electoral, el organismo electoral rechazó su inscripción argumentando la falta de participación en primarias internas previa.

Respecto al panorama electoral reciente, Hernández repasó el proceso de 2025 en el que Daniel Noboa resultó proclamado presidente, catalogándolo como un esquema viciado de nulidad y ventajas competitivas ilegales. El parlamentario andino denunció que el mandatario no solicitó la correspondiente licencia sin sueldo exigida por la ley para ejercer la candidatura, utilizando recursos del Estado por más de 700 millones de dólares en la entrega de bonos para volcar el electorado a su favor. A su vez, recordó que la Misión de Observación Electoral de la OEA detectó anomalías en el marcado de papeletas con esferográficos simétricos, pero el Consejo Nacional Electoral se negó rotundamente a abrir las urnas o realizar un peritaje técnico sobre las actas impugnadas.

Al profundizar sobre el contexto institucional de la región, el dirigente comparó la persecución judicial en Ecuador con los procesos sufridos por figuras políticas latinoamericanas como Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, Rafael Correa en Ecuador o Evo Morales en Bolivia. Hernández aseveró que las estructuras del Poder Ejecutivo ecuatoriano han cooptado al Poder Judicial, la Fiscalía y los órganos electorales para neutralizar a la oposición que lidera las encuestas de intención de voto. En ese sentido, hizo un llamado urgente a la comunidad internacional al manifestar: “Basta de utilizar la justicia, basta de instrumentalizar la justicia para poder utilizar a esta justicia y de esa manera buscar perseguir a los enemigos políticos del régimen”.

En el tramo final de la emisión, Sergio Centenaro reflexionó sobre la gravedad de los testimonios recogidos y denunció el rol de los medios hegemónicos de comunicación al visibilizar o encubrir estas violaciones sistemáticas a la seguridad jurídica según sus propios intereses. El conductor remarcó la importancia de construir espacios mediáticos alternativos desde el territorio del Sur para romper el cerco informativo e impulsar la solidaridad internacional. Por su parte, Virgilio Hernández concluyó su intervención sosteniendo con firmeza que “Vivimos realmente en el Ecuador una dictadura disfrazada de democracia, un estado de no derecho es lo que se vive claramente en el Ecuador”, exigiendo la inmediata libertad de Luisa González y convocando al pueblo ecuatoriano a defender sus derechos en las calles y en las urnas.