
A favor de filiales de extranjeras
El Ejecutivo flexibilizó los requisitos para considerar a una empresa como proveedora local y amplió las operaciones que podrán computarse como ingreso de divisas
El Gobierno de Javier Milei volvió a modificar las condiciones del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para ampliar los beneficios destinados a los grandes proyectos empresariales. A través del Decreto 1366/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, el Ejecutivo flexibilizó los requisitos para considerar a una empresa como proveedora local, facilitó las reorganizaciones societarias y amplió las posibilidades de computar el ingreso de divisas. Los cambios profundizan un esquema de incentivos que favorece a los grandes capitales, mientras persisten los interrogantes sobre su capacidad para impulsar la producción y el empleo nacional.
Una de las modificaciones más significativas afecta directamente a los proveedores argentinos. Hasta ahora, la reglamentación contemplaba condiciones vinculadas con la composición del capital de las empresas. Con la nueva disposición, cualquier sociedad constituida y domiciliada en el país podrá ser considerada proveedora local, independientemente de la nacionalidad de sus accionistas o del origen de sus inversiones.
En términos concretos, una compañía controlada íntegramente por capitales extranjeros podrá contabilizarse como proveedora argentina siempre que esté constituida y tenga domicilio en el territorio nacional. Aunque el Gobierno presenta esta modificación como una herramienta para ampliar la participación de empresas radicadas en el país, también abre interrogantes sobre el alcance efectivo de los compromisos de contratación local previstos en el régimen.
La distinción no resulta menor. Uno de los principales cuestionamientos al RIGI es que los beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios otorgados a los grandes inversores no necesariamente garantizan un desarrollo equivalente de la industria nacional. La posibilidad de considerar locales a empresas controladas desde el exterior vuelve todavía más relevante determinar cuánto valor agregado, empleo y producción efectivamente se generan dentro del país.
El Ejecutivo también introdujo modificaciones destinadas a facilitar las operaciones empresariales. La compra de acciones o participaciones de una sociedad adherida al RIGI por parte de terceros no implicará la pérdida de los beneficios originalmente concedidos. En paralelo, las uniones transitorias de empresas y otros contratos asociativos podrán incorporar nuevos integrantes o transferir participaciones.
La flexibilización también comprende las reorganizaciones societarias. Las sucursales dedicadas podrán transferir sus activos, pasivos y compromisos a sociedades anónimas, previa autorización, sin perder los beneficios obtenidos ni modificar la fecha original de adhesión. De esta manera, el Gobierno busca facilitar transformaciones en la estructura jurídica de los proyectos sin obligarlos a iniciar nuevamente los procedimientos administrativos.
El último cambio relevante corresponde al ingreso de dólares y al acceso al mercado cambiario. La nueva reglamentación permite contabilizar no solamente las divisas liquidadas directamente por los vehículos de proyecto, sino también aquellas provenientes de aportes de capital o endeudamiento externo realizados por sus accionistas, socios o casas matrices.
Para acceder a este reconocimiento, los fondos deberán destinarse efectivamente al proyecto y contar con registros contables que permitan verificar su utilización. La modificación amplía las alternativas de financiamiento reconocidas para cumplir con las condiciones cambiarias del régimen.
En conjunto, las disposiciones confirman la orientación del Gobierno hacia una mayor flexibilización de las condiciones para los grandes inversores. Mientras el Ejecutivo busca facilitar la llegada de capitales y acelerar los proyectos exportadores, permanece abierta una discusión central: en qué medida los beneficios extraordinarios concedidos por el Estado se traducirán en mayor producción nacional, encadenamientos industriales y generación de puestos de trabajo, en lugar de concentrarse principalmente en las empresas beneficiarias.
Fuente: Página|12



