
La libertad de asesinar
Hace nueve años, por estas fechas, el clima en la Patagonia estaba cargado de confusión y de odio racial. Santiago Maldonado había aparecido muerto en el marco de una represión y persecución por parte de la Gendarmería, en un tramo del río Chubut que ya había sido rastrillado varias veces, y desde el poder se instalaba una frase que todavía duele por su impunidad: “Maldonado se ahogó solo”.
El 25 de noviembre de 2017, en Villa Mascardi, a pocos kilómetros de Bariloche, el grupo Albatros de la Prefectura Naval entró al territorio que la comunidad Lafken Winkul Mapu acababa de recuperar. Rafael Nahuel, de 22 años, cayó con un balazo en la espalda. Johana Colhuan y Gonzalo Coña terminaron heridos de gravedad.
Lo que siguió fue un relato oficial difícil de sostener: un grupo de élite, entrenado y fuertemente armado, habría tenido que defenderse a los tiros de un puñado de pibes mapuche. Bullrich habló de “armas de grueso calibre” que cortaban árboles de cuajo; Michetti, de “cuchillos, lanzas, armas de fuego”. Todo para justificar una muerte en el marco de un desalojo sobre tierras que el Estado les había quitado a quienes las habitaban desde mucho antes de su llegada, en nombre de la protección del ambiente del Parque Nacional Nahuel Huapi, y que luego les dio a otros —no mapuches— para su explotación y uso privado.
Las pericias terminaron de mostrar lo que era evidente: los mapuche no tenían armas de fuego. Los prefectos dispararon más de un centenar de veces.
Para que la cosa no se detuviera ahí, se agrandó un invento previo: la RAM, una supuesta organización terrorista mapuche que pretendía desestabilizar al gobierno. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, respondía con indignación y eslóganes vacíos cada vez que se cuestionaba la política que su cartera desplegaba sobre la cordillera rionegrina.
La justicia dio vueltas y más vueltas. Entre pericias discutidas, testimonios contradictorios, campañas mediáticas y distracciones, la causa se fue licuando. Hubo condenas, anulaciones, un nuevo juicio. Y en septiembre de este año, la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal dejó sin efecto la prisión efectiva de los cinco prefectos. Vale mirar quiénes firmaron: Carlos Mahiques, exministro de Justicia de María Eugenia Vidal, llevado a Casación por un decreto de Macri sin concurso ni acuerdo del Senado; Mariano Borinsky, que según los registros oficiales entró 15 veces a la Quinta de Olivos durante ese gobierno, casi siempre anotado para jugar al tenis, al pádel o al fútbol con el presidente; y Guillermo Yacobucci, nombrado también por decreto de Macri en 2018. Los jueces del gobierno que manejaba el Estado cuando mataron a Rafa revisaron la condena de quienes lo mataron. Sergio Cavia, señalado como autor del disparo, recibió tres años en suspenso por “homicidio agravado por el uso de arma de fuego, con exceso en la legítima defensa”. Ese “exceso” no es un detalle: el artículo 35 del Código Penal manda castigarlo con la pena del delito culposo, es decir, como si hubiera sido una imprudencia. Los otros cuatro, entre dos años y dos años y medio, también en suspenso. La familia apeló ante la Corte Suprema; mientras tanto, ninguno irá preso. El único que pisó una celda fue Pintos: tres semanas de prisión preventiva en 2019.
La cadena de responsabilidades se cortó en el grupo comando. La condena no alcanzó a ninguno de los funcionarios que dieron las órdenes ni a quienes diseñaron la política. Así, un homicidio cometido por agentes del Estado contra un pibe desarmado terminó en tres años en suspenso: una pena que entra en la escala que la ley prevé para un conductor borracho que lastima a alguien.
La ley dice que la prisión tiene como fin la reinserción social: la sociedad aparta a quien cometió un delito para que se readapte a la vida en común. Acá el mensaje es otro: lo que hicieron no amerita ningún cambio. Y eso nos deja frente a una pregunta incómoda: ¿qué impide que vuelva a pasar?
¿Qué impide que esa fuerza, sus mandos medios, los funcionarios que transmitieron la orden o quien diagramó la política vuelvan a disparar contra gente desarmada en un desalojo o en cualquier operativo represivo? ¿Qué garantía tenemos de que Patricia Bullrich o sus sucesores no inventen otra fábula en sus “cabezas locas”, ordenen a un Noceti ejecutarla y eso motive a los Albatros u otra fuerza a salir a cazar personas? ¿Serán jubilados acampando frente a la Anses? ¿Personas con discapacidad reclamando por sus derechos? ¿Estudiantes universitarios pintando una bandera? ¿Personas en situación de calle que se resisten a que les saquen la frazada en pleno invierno?
El hecho fascista sigue ahí, vivito y coleando, y se sabe impune gracias a un poder judicial “corrupto, amañado y servil” a los intereses del poder. A esta altura de la pornografía judicial, ya no alcanza con pedir justicia por Rafa Nahuel. Hay que pedir también que se revise de punta a punta la conformación, el funcionamiento y el control de un poder del Estado que huele a podrido, que nos está costando vidas y un nivel de intolerancia y violencia hacia el otro pocas veces visto en la historia del Estado neocolonial argentino.
- Wenuy, productor audiovisual. Director del largometraje Mapuche, nación que vuelve. Participó de la puesta al aire de Wall Kintun TV, el primer canal indígena de la Ley de Medios, y de decenas de proyectos audiovisuales junto a organizaciones del pueblo mapuche.
- (youtu.be/_OeMALMY2j8)
- (youtu.be/agE3NVrqxBE)
Fuente: Página|12



