Piden investigar a comandos civiles que actuaron contra protestas sociales

Lo ocurrido el pasado lunes en Garuhapé es un claro ejemplo de las violencias que tolera y promueve el Estado provincial, advirtieron desde organizaciones sociales.

En un contexto de crisis económica que impacta fuertemente sobre derechos fundamentales como la alimentación, la salud, el trabajo decente y empuja a formas diversas de reclamo de sectores que no pueden seguir esperando, advierten que el gobierno provincial tolera el accionar de grupos civiles que se arrogan la potestad de impedir el ejercicio del derecho constitucional a peticionar a las autoridades.

Lo ocurrido el pasado lunes en Garuhapé es un claro ejemplo de las violencias que tolera y promueve el Estado provincial.

Durante la manifestación de integrantes del MTR (Movimiento Teresa Rodríguez) se conoció la irrupción de un grupo de “vecinos autoconvocados” de Garuhapé que desalojó con palos a un grupo que manifestaba frente a la municipalidad. Tal accionar fue convalidado por el intendente local que lejos de reprochar este hecho lo justifica diciendo que se trataba de “vecinos disgustados” que “mancomunadamente se juntaron en la plaza y vinieron a hacerle un enfrentamiento a estos piqueteros”, naturalizando así la intervención de comandos civiles, parapoliciales.

Se trata de un hecho gravísimo que revela un modus operandi de grupos civiles que de manera concertada, convocada, se reunen para impedir el ejercicio de la protesta social de acuerdo a sus propios criterios, acudiendo a formas violentas de acción, con la anuencia o complicidad de las autoridades.

Lo sucedido en Garuhapé tiene diversos antecedentes en la misma localidad y en otras localidades misioneras, en las cuales grupos civiles referidos bajo denominaciones genéricas toman la iniciativa de impedir ciertas formas de protesta de sectores vulnerables, amparados bajo una supuesta legitimidad que les daría su carácter de “vecinos” o “productores”.

Es de resaltar que así como la protesta social es un derecho, la atribución que se toman estos grupos de amenazar o impedir esas formas de expresión son abiertamente ilegales.

Con su intervención además obstruyen la función que solamente tienen las autoridades públicas de dar respuestas a los reclamos sociales.

Este accionar reiteramos, concertado e ilegal, exhibido ante los medios como formas de intervención legítima, es propio de las organizaciones parapoliciales o paramilitares, que en la historia de la violencia política de nuestro país remite a los denominados, en otros tiempos, “comandos civiles”.

Asi como se trata de hechos de extrema gravedad, lo es más la anuencia o complicidad con que el gobierno provincial permite la conformación y accionar de estos grupos que explicitan sus propósitos y no dudan en recurrir a la violencia como la que realizaron en Garuhapé con total impunidad. Por eso desde distintas organizaciones sociales solicitaron:

• Exigimos al gobierno provincial que atienda en forma urgente las causas de la protesta social.
• Exigimos al gobierno provincial que investigue y desarticule el accionar de comandos civiles que actúan contra las protestas sociales.
• Llamamos a las organizaciones del campo popular a pronunciarse ante estos graves hechos y a repudiar el accionar de grupos que accionan coordinadamente en contra del derecho a peticionar a las autoridades y a expresarse políticamente.