La entrevista completa con Eduardo Barcesat, a horas de conocerse la decisión de la Corte Suprema de Justicia sobre el per saltum solicitado por tres jueces mal trasladados a Comodoro Py. ¿Reviste el fondo de la cuestión gravedad institucional? Y si no es así ¿Por qué la Corte le asigna tal importancia? Imperdible conversación con uno de los más prestigiosos abogados constitucionalistas del país. Entrevista exclusiva para Diario Lateral.

“La Corte ha estado silenciosa, callada, inexistente prácticamente durante los cuatro años del gobierno macrista en todo lo que hace al vigor institucional que la Corte debe tener; donde no solamente permitió sino que prohijó y aplaudió el Lawfare (persecución judicial) y sin decir una sola palabra de rectificación, ni responder a ninguno de los planteos de las distintas defensas, entre las que me incluyo personalmente, de impugnación de esas prácticas del Lawfare, dejó los expedientes dormidos, arrinconados en la Corte y nunca tuvo un pronunciamiento rector”.

“Ahora toma presencia a través del menos favorecedor institucionalmente de los casos, que es el reclamo de estos magistrados que resisten de volver al lugar de origen en el cual tienen legitimidad de nombramiento. Con esto quiero también aclarar que no es que son echados de la magistratura o que van a tener un perjuicio patrimonial, no, no. Conservan el mismo haber, conservan la misma antigüedad, vuelven a su lugar de origen y no hay otro drama de por medio. Entonces, a la fecha en que la Corte dicta este per saltum, hay que tener en cuenta que ya se habían pronunciado:

1-El Consejo de la Magistratura: Señalando que estos señores no concursaron el cargo en cuestión, es decir, como Ministros de la Cámara Federal de Apelaciones.

2- No tuvieron acuerdo del Senado.

3- Fueron nombrados directamente por decreto”.

“La Honorable Cámara de Senadores de la Nación los convoca a la comisión de acuerdos, no se presentan, se eleva un dictamen desfavorable a la continuidad en el cargo al que fueron movidos o trasladados por decreto del Poder Ejecutivo y ese dictamen es aprobado por mayoría absoluta en el seno de la Cámara de Senadores. Después de eso, el Poder Ejecutivo emite un decreto disponiendo que regresen a su cargo de origen y en consonancia con el decreto, la Cámara Federal de Casación Penal, que es el tribunal penal de mayor jerarquía y de competencia nacional, dice que efectivamente ya están cumplidos todos los pasos “vuelvan”, es decir, “desalojen la Cámara Federal y vuelvan a sus tribunales de origen”. Y es allí que la Corte abre la instancia del per saltum, suspende por lo tanto el traslado, tampoco es que dice que se queden en el lugar, porque evidentemente hubiera ya generado un conflicto con la decisión de la Cámara Federal de Casación Penal, les concede una licencia extraordinaria para que durante el tiempo que demande tramitar el per saltum no haya dolores, digamos, de que estén presentes o que después los abogados digamos que el pronunciamiento que ellos hayan votado es nulo porque se decidió que debían ser repuestos en el cargo anterior, entonces ahora con plazos abreviados, esto es cierto, le han dado 48 horas al Consejo de la Magistratura que ya respondió que ya contestó reafirmando su postura y señalando la preocupación institucional de que si se convalida esos traslados por decreto, bueno, cualquier presidente puede incurrir en la misma conducta que ya tendría un aval en función del hipotético pronunciamiento de la Corte Suprema. Mi lectura es que la corte va a dictar un pronunciamiento diciendo que lo actuado por el Consejo de la Magistratura, por el Senado de la Nación, por el presidente y la Cámara Federal es correcto y que deben volver a su lugar de origen estos tres magistrados”.

“Eso es lo que razonablemente uno esperaría pero quiero decir que hay otra lectura en esto, si me permiten. La otra lectura es, bueno, hay un clima evidentemente de hostigamiento al actual gobierno que se encarama sobre la pandemia, las restricciones que ella comporta, el hecho de que quieren trabar el funcionamiento de los órganos del gobierno federal, particularmente del poder legislativo y ahí aparecen sujetos extraños, una suerte de residuos de la política, que dicen que no va a haber elecciones en el 2021, cancheramente como si tuvieran ya la noticia “posta”, o que “el gobierno no va a llegar”, otros que le agradecen “al Dios todo Supremo” que hayan abierto el per saltum para estos tres infractores, que son estos tres magistrados quejosos y creen que esto es un anticipo del fallo que va a dictar la Corte, entonces a título nomás de hipótesis, yo quiero señalar que si la Corte falla, no solamente contra lo resuelto por el Consejo de la Magistratura, la Cámara de Senadores, Poder Ejecutivo, Cámara Federal, sino contra sus propios precedentes del año 2018, las acordadas que dictó, donde hizo la apología del mecanismo constitucional para el nombramiento de los jueces y como deben recorrer este tramo de Consejo de la Magistratura, terna, la terna elige el presidente uno, manda los pliegos después de publicar sus antecedentes en un período de impugnaciones y avales y que recién después se emite el pronunciamiento de la Cámara de Senadores y después viene el decreto de nombramiento efectivo y la puesta en posesión del cargo, etc. Este mecanismo ha sido exaltado en estas acordadas que son del año 2018, es decir, son tinta fresca desde el punto de vista de las resoluciones judiciales y de los precedentes en ese sentido. Por lo tanto creo que ya hay una postura asumida por la Corte, al menos en mayoría, que establece esta inexorable rigurosidad del proceso de nombrmiento de los jueces”.

Eduardo Barcesat

Eduardo Salvador Barcesat, nació en Córdoba el 21 de enero de 1940.​ Es abogado constitucionalista, defensor de los Derechos Humanos.​

-Estudió derecho en Buenos Aires. Entre 1960 y 1962 fue ayudante en la cátedra de Filosofía del Derecho a cargo del Dr. Lucas A. Gioja.

-En mayo de 1962 ―a los 22 años― se graduó como abogado, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. En la misma facultad, en 1967 obtuvo un doctorado en Derecho y Ciencias Sociales.

-En 1965 ingresó a la carrera docente como ayudante de segunda en la cátedra de Introducción al Derecho y las Ciencias Sociales, a cargo del Dr. Moisés Nilve.​

-En 1966 ―tras la Noche de los Bastones Largos, en que la dictadura de Juan Carlos Onganía intervino y reprimió las universidades argentinas― renunció a la carrera docente.

-En 1973 y 1974 ―con el regreso de la democracia tras una seguidilla de dictaduras militares― fue nombrado profesor adjunto de Introducción al Derecho y las Ciencias Sociales, en la cátedra del Dr. Jorge L. Rébori, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.

-En 1974 fue profesor adjunto de Filosofía del Derecho. ​Ese año fue separado tras la intervención de Ivanissevich en la Universidad de Buenos Aires.​

En 1984 ―con el regreso de la democracia tras la dictadura cívico-militar argentina (1976-1983)― fue nombrado profesor adjunto de Teoría General y Filosofía del Derecho (en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires).

En los años ochenta fue profesor de Derecho Constitucional en la Facultad de Abogacía de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.

Ha trabajado como experto en Derechos Humanos de la UNESCO.​

Fue profesor titular de Derecho Constitucional, en la Facultad de Abogacía, de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ).​

Fue miembro fundador y primer secretario general de la Asociación Americana de Juristas.​

En 1994 fue convencional nacional constituyente y participó en la reforma de la Constitución Nacional.​

En 1997 fue nombrado profesor titular ordinario de Teoría General y Filosofía del Derecho en la Universidad de Buenos Aires.

En marzo de 2008 fue nombrado profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad Popular de Madres de Plaza de Mayo.

En abril de 2011 fue nombrado director de la carrera de Abogacía en esa universidad.​

Es profesor titular consulto en el Departamento de Teoría General y Filosofía del Derecho. Profesor de Derechos Humanos y Garantías Constitucionales. Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires.

El 1 de febrero de 2016, Eduardo Barcesat denunció al presidente Mauricio Macri y a varios ministros por los delitos de «violación de los deberes de funcionario público» y «abuso de autoridad».​