Provinciales

Trabajadores de limpieza en el Hospital de Wanda continúan sin respuesta

El conflicto laboral suscitado en el Hospital Público de Wanda, tiene varias aristas que envuelve temáticas como precarización laboral, inseguridad de los trabajadores por manejo de productos altamente tóxicos, ausencia de aguinaldo y salarios paupérrimos.

La protesta de trabajadores de limpieza del Hospital de Wanda se inició esta semana en reclamo de múltiples demandas. El gremio de la Central de Trabajadores de la Argentina, con sede en la provincia, hizo suya la lucha y agrupó a los empleados para ordenar cada uno de los reclamos buscando lograr mayor visibilización y efectividad.

Todo apunta a la empresa J. G. L, cuyo propietario es Celso Gabriel Leites y hacia quien se dirigen todas las denuncias.

El temor que crece en torno a los empleados de esta firma de limpieza, tiene que ver con la obligación de manipular productos como el hipoclorito de sodio, el mismo químico que le produjo la muerte a Ricardo Caballero (19) y a Andrea Itatí Pérez (27) quienes se desempeñaban laboralmente para la firma SIP Limpieza en el Hospital Madariaga en 2008 y encontraron la muerte tras manejar ese producto.

A esto, se suma la cifra irrisoria que cobran como salario. Apenas superior a los 18 mil pesos.

Mónica Gurina, dirigente sindical, expresó “La empresa tercerizada de Leites, lo que hace en este caso, en el Hospital de Wanda, es no solo darles qué manipulen hipoclorito de sodio que produjo la muerte de Ricardo Caballero y la compañera Pérez en el hospital Madariaga en 2008, sino que ahora les ponen a manipular esos productos”, se quejó

Gurina, se explayó en los diferentes reclamos urgentes de este grupo de trabajadores “No solo eso; no tienen ropa, cobran salarios de indigencia, una cosa es lo que dice el ANSES y otra cosa es lo que reciben de bolsillo, no les pagan el aguinaldo, reciben maltrato y destrato por parte de los dueños de la empresa”, fustigó.

“Esto no va a cambiar y se va a agravar”, sentenció la dirigente y agregó. “También está pasando con la empresa “El litoral” en Iguazú y también está pasando en el Samic de Oberá. Es decir, hay una constante donde la responsabilidad es del Ministerio de Salud Pública que es quien hace los contratos y habilita la precarización y la explotación de los trabajadores y las trabajadoras”.

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