Presentan amparo judicial contra el decreto de Passalacqua que cesanteó a los 8 policías detenidos
Delegados de la Mesa Paritaria Policial, cesanteados y detenidos por la protesta salarial presentaron una acción de amparo ante el juzgado laboral N 2
La acción reclama la nulidad del decreto 2084/24 del gobernador Hugo Passalacqua que ordenó la cesantía de los 8 policías que fueron parte de la protesta salarial de los meses de mayo y junio. Advierte la inconstitucionalidad del mismo y denuncia que las cesantías violaron el debido proceso, el derecho a defensa y la garantía constitucional de estabilidad en el empleo público. Remarca además que la medida expone a la indigencia a las familias de quienes hoy están detenidos en unidades penales de la provincia.
Este lunes, los policías cesanteados y encarcelados, Ramón Amarilla, Iván y Ramón Arrieta, Lisandro Canteros, Diego Correa, Horacio Elías Coutto; Adolfo Guirula y Joaquín Orrego interpusieron una acción de amparo ante el Juzgado Laboral N°2 de Posadas, a cargo del Juez de primera instancia Sebastián Mangini. El recurso lleva las firmas de los abogados Eduardo Paredes y Roxana Rivas.
La presentación apunta contra el Poder Ejecutivo provincial por la “arbitraria e ilegal cesantía decretada” en contra de los policías quienes actuaron como voceros o representantes en las diferentes instancias que se fueron procurando para canalizar los reclamos laborales y salariales. Aporta datos sobre las afectaciones no solo al personal cesanteado y hoy encarcelado, sino a las familias que fueron alcanzados a partir del no pago del salario y la quita de prestaciones básicas como el de la obra social.
“Los suscriptos somos parte del Cuerpo de Delegados del Personal Policial y Penitenciario, en el caso del Sr. Amarilla desde hace más de 10 años, según consta en las actas de acuerdos salariales homologados por el Ministerio de Trabajo de la provincia que se acompañan, quien desde septiembre del año 2020 fue ratificado en todas las asambleas del Personal hasta mayo de este año 2024, dónde fue renovado casi en su totalidad entre los días 17 y 29 de mayo del corriente año, en las asambleas de la avenida Uruguay, dónde las elecciones se realizaron a propuesta de los camaradas y elegidos a mano alzada por ámbitos jurisdiccionales de las unidades regionales Policiales y Penitenciarias. En este último acto se eligió a los demás delegados hoy todos detenidos”, puede leerse en el texto del amparo.
Los delegados policiales, hoy cesanteados y detenidos, reclaman la “inconstitucionalidad, inconvencionalidad y nulidad absoluta e insanable del decreto 2084/24 de cesantía”. Piden retrotraer la situación hasta el momento previo, advirtiendo que fueron violados el debido proceso administrativo, el derecho a defensa y afectados derechos fundamentales de sus familias a cargo, como el de alimentación y salud.
“No hemos tenido nunca vista ni oportunidad alguna real, concreta y con debido asesoramiento letrado de descargo y o ejercicio de nuestro derecho de defensa, al punto que se han salteado las normas del procedimiento administrativo al ser resuelta por la ultima autoridad del proceso administrativo quien debía eventualmente hacerlo en carácter de última instancia de revisión administrativa”, sostienen.
Absoluta indefensión
Los 8 policías fueron detenidos el viernes 20 de septiembre en el marco de una investigación ordenada por el juez de instrucción Fernando Verón. El sábado 21 fueron indagados por el magistrado, por un supuesto intento de sedición y conspiración detectado en mensajes de WhatsApp. El 24 de septiembre, el gobernador Hugo Passalacqua firma el decreto 2084 donde resuelve la destitución por cesantía.
En la presentación se incorpora la foto de la conferencia de prensa donde se informa los alcances del decreto y la detención de los delegados. Se puede al gobernador Hugo Passalacqua, al presidente de la legislatura Oscar Herrera Ahuad, a la presidenta del Superior Tribunal de Justicia Rossana Venchiarutti, al ministro de Gobierno Marcelo Pérez, al jefe de la Policía Sandro Martínez y a la jefa del Servicio Penitenciario Provincia Valeria Mereles. Las máximas autoridades de los 3 poderes del Estado convalidando el acto que se cuestiona como inconstitucional.
“Técnicamente significa explicitar que nuestra condición ante el estado de la provincia es de absoluta indefensión en consideración a la asimetría de facultades que enmarca la relación del administrado con el administrador, máxime cuando todo esto no puede entenderse ni interpretarse fuera del contexto de nuestros roles de delegados que han llevado adelante reclamos salariales en mesas paritarias, donde fuimos reconocidos por el propio estado como tales, hasta que arbitrariamente invierten nuestros roles pasando de ser quienes reclamamos en nombre de nuestros sectores a sediciosos”.
Un precedente muy grave contra la estabilidad en el empleo público
La cesantía y detención de los 8 policías se dio según denuncian de manera absolutamente arbitraria. En cuanto a lo laboral en “el procedimiento administrativo no se han cumplido las mínimas garantías para el debido proceso vulnerando gravemente el de la estabilidad en el empleo”.
En tanto la detención en el marco de la persecución penal también remarca como absolutamente arbitraria y desproporcional. La prisión preventiva recién fue dictada el viernes 10 de octubre, sin que se respete en los primeros días de detención del derecho a defensa, sometidos a condiciones agravadas de encierro y además privados de su salario y de su fuente laboral.
“Estas sanciones disciplinarias y penales se dan en el marco de los reclamos y acciones vinculadas a la representación que ejercimos por le colectivos de los trabajadores policiales”, y reiteran que han sido “reconocidos en tanto hemos formado parte de las mesas paritarias durante los últimos años tal calidad homologándose nuestros 21 acuerdos por el organismo de aplicación de las leyes laborales con anuencia del Ministerio de Gobierno, hasta que sin ningún tipo de motivación objetiva se nos desvirtuara el rol pasando de ser delgados a sediciosos, a los que además se nos priva de los más elementales derechos como al debido proceso tanto administrativos como judiciales”.
La Confederación de Trabajadores Policiales y Penitenciarios de Latinoamérica condenó la inconstitucionalidad del Decreto N° 2174/24 firmado por Passalacqua
El decreto 2174 que obtuvo la firma del Gobernador Hugo Passalacqua, garantizó la desvinculación exprés de cualquier efectivo de la fuerza que fuera señalado por un superior de sedición, por desestabilización o por acarrear protagonizar hechos judiciales.
Para estos casos, la burocracia no tendrá lugar. Luego de la firma del decreto 2174 por parte del Gobernador misionero Hugo Passalacqua, la expulsión de los efectivos policiales o penitenciarios se efectivizará con el pedido fundado de un jefe de policía o penitenciario.
En contraposición, la Confederación de Trabajadores Policiales y Penitenciarios de Latinoamérica (CTPPL), dio a conocer un comunicado crítico. En él, señalaron que “se delegan facultades sancionadoras extraordinarias al Ministro de Gobierno para destituir o exonerar a los agentes de las fuerzas de seguridad que ejerzan su legítimo derecho a peticionar por mejoras salariales y condiciones laborales“.
Además, el escrito expone un sinúmero de profundas irregularidades como la Inconstitucionalidad e ilegalidad de la disposición, la arbitrariedad y abuso de poder que implica, enuncia la promoción de denuncias a nivel nacional e internacional, llamado al respeto por los derechos laborales y a la apertura del diálogo.
Este es ya un gob antidemocratico ,es un gobierno do de rige la tiranía y do de el q tiene poder puede hacer lo q quiere y los pobres tienen q abstenerse a lo q ellos dispongan sin poder reclamar las injusticia y sobretodo los salarios bajos