“Estado de excepción de facto”: Gabriel Villalba Pérez denuncia una feroz militarización y “sicariato” policial en Bolivia
En un pormenorizado reporte enviado a “Con Fundamento Kriollo” por Radio Lateral, el analista político y abogado boliviano Gabriel Villalba Pérez describió un escenario de extrema tensión institucional en el Estado Plurinacional de Bolivia. Según Villalba Pérez, la llegada de la denominada “Marcha para salvar Bolivia” a la sede de gobierno ha sido recibida con un despliegue de fuerzas de seguridad sin precedentes. El analista fue contundente al calificar la situación actual del país: “En Bolivia ya estamos viviendo un estado de excepción de facto”.
La militarización del centro del poder boliviano es, según el reporte, absoluta. Villalba Pérez detalló que todo el perímetro de la Plaza Murillo se encuentra bajo resguardo policial y militar, impidiendo el libre tránsito y el ejercicio del derecho a la protesta. El especialista argumentó que, si bien la Constitución permite el estado de excepción bajo control legislativo, lo que ocurre hoy es una violación sistemática de garantías básicas: “…detenciones ilegales, se están viviendo diversos escenarios de satanización, demonización de los sectores populares movilizados”.
Para el analista, esta estrategia represiva no es nueva, sino que forma parte de una continuidad política que vincula a gestiones anteriores con la actual administración de Rodrigo Paz Pereira. Villalba Pérez comparó el accionar del actual mandatario con las tácticas de desmovilización utilizadas por Jeanine Áñez y Luis Arce. Según su visión, el gobierno busca a través del miedo y la persecución neutralizar el asedio de los diferentes sectores sociales que convergen en la capital.
Uno de los puntos más polémicos del informe fue la denuncia sobre incentivos económicos directos para las fuerzas de seguridad involucradas en la represión de las protestas. Villalba Pérez reveló que el Ejecutivo ha otorgado beneficios extraordinarios a los uniformados, una medida que calificó en términos criminales: “…un bono de 3,000 bolivianos para los policías que participan en las jornadas de represión. Esto a todas luces es un sicariato, ¿no?”. El periodista subrayó que el gobierno está “prácticamente pagando” para asegurar la continuidad de la violencia institucional.
En contraste con los beneficios para la policía, el sector educativo atraviesa una situación de precariedad y conflicto persistente. El reporte indicó que mientras a los efectivos policiales se les otorgan sumas considerables, a los docentes se les ofreció un bono menor de 2,500 bolivianos, lo cual no ha logrado desactivar las protestas. Mientras un sector del magisterio urbano ha aceptado ciertas condiciones, “el magisterio rural se sigue encontrando en movilización”, manteniendo la presión sobre el gobierno en una jornada que se considera clave.
Villalba Pérez también expuso las maniobras de soborno dirigidas a otros sectores estratégicos, como los cooperativistas mineros, para fracturar la unidad de las movilizaciones. Según el analista, el gobierno ha utilizado la subvención de hidrocarburos como moneda de cambio política. Detalló que, para el sector minero, el precio del litro de combustible se ha fijado en 3,40 bolivianos, mientras que para el resto de la población el costo asciende a 6,30 bolivianos, evidenciando una estrategia de trato preferencial para sectores con alto capital económico.
Finalmente, el analista concluyó que estas acciones son manotazos de ahogado de un gobierno que intenta “…desinflar o poner paños de agua fría a los diferentes sectores movilizados y a la crisis multisectorial que se presenta en el Estado Plurinacional de Bolivia”. El reporte advierte que el panorama es “bastante álgido” y que el principal espacio geográfico del poder en Bolivia se encuentra en “Jaque mate”, a la espera de cómo se desarrollen los acontecimientos en las próximas horas bajo un clima de total incertidumbre.
