La usura digital y la precarización del salario: radiografía del endeudamiento familiar en Misiones

Un reciente dossier elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), correspondiente a septiembre de 2026 y basado en datos oficiales consolidados a julio de este mismo año, expone una radiografía alarmante de la vulnerabilidad económica que atraviesan las familias en la provincia de Misiones. Desde la perspectiva de la economía peronista, el crédito deja de cumplir su función genuina de movilidad social ascendente —destinado a la vivienda, la inversión productiva o los bienes durables— cuando se transforma en un mecanismo de pura subsistencia cotidiana para compensar el deterioro del poder adquisitivo del salario. Los números del informe revelan con crudeza cómo el debilitamiento de los ingresos reales empuja masivamente a los sectores populares hacia esquemas de financiamiento de emergencia.

El análisis detallado de la morosidad según el tipo de entidad financiera pone de manifiesto la existencia de un sistema profundamente desigual. En Misiones, la tasa de morosidad en el sistema bancario tradicional se ubicó en un 11,2%, situándose por debajo de la media nacional del 13,0%. Sin embargo, la verdadera fractura social emerge al observar el comportamiento en las billeteras virtuales (Proveedores No Financieros de Crédito). En este segmento, la mora provincial escala a un dramático 41,0%, superando con holgura el promedio nacional del 33,9%. Esta brecha confirma que las plataformas de crédito digital han encontrado un terreno fértil en los sectores informales o de menores ingresos, empujando la morosidad total del sistema en Misiones al 17,1%, por encima del 15,7% registrado a nivel país.

Al examinar el volumen de personas atrapadas en esta espiral de endeudamiento, el informe contabiliza a 165.158 deudores morosos en la provincia, lo que representa el 2,8% del total nacional (5.935.719 deudores). Si bien esta cifra guarda relación con el peso demográfico de Misiones en el país (2,9% de la población nacional sobre un total de 46.466.688 habitantes), la composición interna de los deudores ratifica el impacto del financiamiento informal: mientras que los morosos exclusivos de los bancos representan solo el 2,0% del país (33.041 personas), aquellos que incumplen exclusivamente con billeteras virtuales ascienden a 98.443 personas, alcanzando un 3,4% del total nacional y superando holgadamente la participación poblacional misionera. A ellos se suman 33.674 comprovincianos que registran morosidad en ambos subsistemas en simultáneo (2,4% del país).

En el mapa nacional, Misiones se ubica en el puesto 16° entre las 24 jurisdicciones en cuanto al ratio de irregularidad del crédito (17,1%), posicionándose en la mitad inferior de la tabla por detrás de Chubut (17,1%) y por delante de Jujuy (15,7%). No obstante, al observar la cantidad absoluta de personas afectadas, la provincia escala al 9° lugar del país con sus 165.158 deudores, situándose por detrás de Chaco (173.681) y por delante de Entre Ríos (154.465). Estas posiciones reflejan las severas asimetrías que aquejan al Norte Grande, donde la menor presencia de empleo formal estructurado empuja al pueblo trabajador a buscar liquidez inmediata en circuitos de crédito no bancarios para cubrir gastos corrientes.

Uno de los aspectos más graves que arroja la estadística del CEPA es la concentración etaria del endeudamiento, que golpea de lleno al núcleo de la población económicamente activa. El 70,8% de las personas con deudas irregulares en la provincia se encuentra entre los 25 y los 54 años de edad, localizándose el pico máximo de incumplimiento en el rango de 25 a 34 años, con 50.284 individuos afectados. El desglose indica que entre los 35 y 44 años hay 40.443 deudores; de 45 a 54 años suman 26.140; en la juventud de 18 a 24 años se registran 17.530; mientras que los adultos de 55 a 64 años contabilizan 15.619 y los mayores de 65 años alcanzan los 15.120 casos. Que sean los jóvenes trabajadores y las familias en etapa de constitución los principales rehenes de la morosidad denotan una severa distorsión social donde el trabajo formal o informal ha dejado de garantizar la reproducción básica de la vida familiar.

En lo que respecta a los montos involucrados, los préstamos morosos promedio por familia en Misiones son notoriamente inferiores a las medias nacionales, ubicando a la provincia en el puesto 22° del ranking país con un promedio de $1.668.401 frente a los $2.556.203 del total nacional. En el desglose por tipo de entidad, la deuda bancaria promedio morosa en Misiones es de $2.182.002 (frente a $3.274.414 en el país) y en billeteras virtuales asciende a $983.766 (frente a $1.199.936 a nivel nacional). La diferencia de $0,7 millones entre la deuda total y la virtual en la provincia evidencia que, si bien las billeteras agrupan la mayor masa de deudores, se trata de compromisos de menor cuantía nominal. Es el “crédito de goteo” para la compra de alimentos o insumos básicos, una usura de bajo monto, pero altísima tasa que devora las golpeadas economías familiares a diferencia de lo que ocurre en distritos con salarios nominales más altos como Tierra del Fuego ($4,9 millones) o CABA ($4,2 millones).

La gravedad del problema no es solo cuantitativa, sino profundamente cualitativa cuando se analiza el grado de deterioro crediticio de la población. En Misiones, apenas 18.722 personas se encuentran en “Situación 3” (con problemas / riesgo medio), mientras que 36.463 están catalogadas en “Situación 4” (alto riesgo de insolvencia). Lo verdaderamente dramático es que la aplastante mayoría, representativa de 109.974 misioneros, ha caído en la “Situación 5”, es decir, la categoría de incobrabilidad total e irrecuperable. Esto significa que más de dos tercios de los deudores irregulares de la provincia han quedado virtualmente excluidos del circuito legal y arrojados a una quiebra personal permanente.

En conclusión, la doctrina económica del peronismo sostiene que la justa distribución del ingreso y la dignidad de los trabajadores constituyen el único fundamento de una economía soberana y próspera. El informe del CEPA evidencia que la financiarización de la pobreza, bajo la fachada de la modernización tecnológica y la “inclusión financiera” de las Fintech, actúa en la práctica como un sustituto perverso de los salarios dignos. Frente a este escenario, resulta urgente recomponer el poder adquisitivo del pueblo, regular las tasas abusivas del crédito digital y reconstruir un sistema financiero puesto verdaderamente al servicio del trabajo, la producción y la justicia social.