Larreta no acata el fallo, abre las escuelas y espera la definición de la Corte Suprema
El gobierno porteño sostiene que jurídicamente la cautelar continúa en vigencia y definieron que haya clases presenciales.
Por Carla Pelliza
Como era de esperarse, la Justicia federal dejó sin efecto la medida cautelar que había garantizado las clases presenciales en la Ciudad pese al Decreto de Necesidad y Urgencia firmado por el presidente Alberto Fernández para contener los contagios de la segunda ola de coronavirus. De todos modos, Horacio Rodríguez Larreta decidió no acatar. Ahora la Corte Suprema deberá jugar y pronunciarse a favor del Gobierno nacional o del porteño. Si bien el miércoles no hay escuelas abiertas, como indica la norma con estatus de ley, en la calle Uspallata miran al máximo tribunal de Justicia y aseguran que aceptarán el DNU si se lo ordenan pero se muestran muy enojados con el traspié y, apenas conocida la noticia, los abogados de la Capital Federal comenzaron a trabajar. En la provincia también siguen las batallas pero con matices: mientras unos van a la Justicia, otros entienden su falta de autonomía y planifican el regreso de mayo con nuevos protocolos. Más allá de eso, el territorio bonaerense no estuvo exento de cruces opositores.
Desde el Gobierno porteño sostuvieron que “la opinión jurídica de los abogados de la Ciudad es que tiene que haber clases” presenciales. Uno de los argumentos u opiniones que circularon en Uspallata fue el del abogado constitucionalista Daniel Sabsay. Para él, el “conflicto positivo de competencia” entre la Justicia federal y local autoriza a magistrados federales a declarar la incompetencia de la Justicia federal como excepción en cualquier estado del proceso pero el juez Esteban Furnari, del Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 2, declaró la incompetencia de la Justicia local y no de la federal.
Por eso, entendió que la cautelar “continúa vigente” dado que ningún juez federal “tiene facultades constitucionales ni procesales para revisarlo, o, peor aún, revocarlo, toda vez que no es un juez de “superior” jerarquía en el marco del sistema federal que nos rige”. De este modo, quedarán en desobediencia.
Desde el Gobierno porteño se mostraron enojados con la decisión del Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 2 y aseguraron que se trató del mismo “avasallamiento de la autonomía” que el DNU. Para ellos, el Gobierno nacional quiere legislar sobre facultades delegadas a las provincias y la Ciudad, como la educación, cuando en realidad se trata de un paquete de medidas sanitarias.
Sostuvieron que “la Justicia local es quien falla los temas locales, la Legislatura local es quien legisla los temas locales” y pusieron como ejemplo que el Gobierno nacional o un fallo federal no pueden subir el ABL o decidir si se abren o no los colegios, porque “son temas de las provincias”. Más allá de eso, tendrán que acatar y, en última instancia, elevar el planteo a la Corte.
Apenas conocido el DNU, la administración porteña decidió llevar su intransigencia al máximo tribunal de Justicia para, de este modo, plantarse con el mismo estatus que una provincia pese a no serlo. Cuando el órgano se declaró competente, el jefe de Gobierno logró ese reconocimiento. Más allá de cuál sea la respuesta, consiguió esa comparación que, algunos interpretan, podrían aprovechar para otras circunstancias. La Ciudad debería haber ido al Contencioso Administrativo Federal.
Cerca del mandatario analizan que la Corte no decidirá contra la autonomía de la Ciudad. Un abogado consultado por este medio, en tanto, asegura que esto no tiene que ser así necesariamente pero que sí puede ocurrir que los supremos dilaten los tiempos para evitar pronunciarse sobre el tema durante la vigencia del DNU. Con la decisión del titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 2, Esteban Furnari, que dejó sin efecto la medida cautelar en territorio porteño, todo el panorama cambió.
Además, hay un fallo que contradice a la Ciudad. Desde el Gobierno porteño aseguran que la Corte jamás se expidió contra la autonomía de una provincia, sin embargo el fallo conocido como Carlos Lee dice lo contrario. Se trata de un amparo colectivo contra las medidas adoptadas por el Gobierno de Formosa y data de fines del año pasado. Con medidas provinciales muy restrictivas, el máximo tribunal intervino y pidió garantizar derechos como la circulación para el ingreso y egreso provincial, equiparándolo al de la vida.
El problema es que en esta decisión se sostuvo que “aun cuando es cierto que no hay derechos absolutos, no menos cierto es que el poder del gobierno para recortarlos de acuerdo con sus necesidades, sean o no de emergencia, es mucho menos que absoluto”. Con este precedente, analiza un letrado, podrían llegar a interpretar que combatir el coronavirus no debería interferir con otros derechos como el de ir al colegio o salir a tomar algo, pese a que la mejor arma para evitar contagios es la reducción de la circulación mientras avanza la campaña de vacunación.
Más allá de la novela judicial, los gremios docentes porteños mantienen el paro para cuidar la salud de los trabajadores y alumnos en sintonía con el decreto nacional que aún no fue refrendado por el Congreso de la Nación. El acatamiento de estas dos jornadas fue total, al igual que con la restricción a la nocturnidad en la zona del AMBA. Ahora, la virtualidad podrá aplicarse sin inconvenientes.
Fuente: El Destape
