Eduardo Barcesat denunció que la reforma laboral es un “regreso al sistema feudal” y advierte sobre la quiebra del Estado de Derecho

En una entrevista exclusiva para el programa “Con Fundamento Kriollo”, el prestigioso abogado constitucionalista Eduardo Barcesat realizó un análisis lapidario sobre el proyecto de reforma laboral que impulsa el gobierno nacional.

Para el experto, la normativa carece de validez constitucional en casi toda su extensión, salvo por las formalidades administrativas de rigor. Según sus palabras, “Totalmente. La única cláusula que escapa del reproche de inconstitucionalidad es la cláusula de forma que concluye todo proyecto legislativo; Mándese al poder ejecutivo comuníquese, publíquese bla, bla, bla”.

Barcesat sostuvo que el contenido de la reforma representa un retroceso civilizatorio que despoja al trabajador de sus derechos históricos. En ese sentido, rechazó de plano la terminología oficialista que describe el proceso como una actualización normativa. El abogado fue tajante al afirmar que “Es una usurpación semántica perversa la que hace el gobierno al decir que esto moderniza las relaciones de trabajo. Lo que hace es retrotraer un sistema para la producción o el modo de producción capitalista, pero con control y límites estatales que es lo hasta aquí está vigente. A partir de esta reforma que pretende el gobierno actual nos retrotrae a la Edad Media”.

Uno de los puntos más críticos señalados por el especialista fue la degradación de las condiciones de vida de los asalariados, comparando el nuevo régimen con formas de explotación ya superadas. Barcesat invitó a la ciudadanía a contrastar el texto con la Carta Magna, asegurando que “no es una modernización o liberalización del trabajo. No, es un regreso al sistema feudal. Sí, es una semi esclavitud y con todas las consecuencias denigrantes para la persona humana”. Además, advirtió que la Argentina estaría violando tratados internacionales de jerarquía constitucional que prohíben la regresividad en materia de derechos sociales.

El constitucionalista también denunció lo que considera una “defraudación” a los fondos de previsión social. Explicó que la creación de fondos alternativos para indemnizaciones implica una apropiación de recursos que pertenecen a los sectores más vulnerables. Al respecto, señaló que esta maniobra es “una apropiación de fondos de los trabajadores y jubilados con lo cual se financiarían las indemnizaciones por despido, indemnizaciones ya disminuidas en su cuantía. En definitiva es un asalto al retroceso”. Según sus cálculos, esta afectación a la caja de seguros de la clase pasiva equivale a unos 2600 millones de dólares.

En cuanto al rol del Poder Judicial, Barcesat no ahorró críticas hacia la Corte Suprema de Justicia, a la que acusó de inacción frente a los planteos de inconstitucionalidad del decreto 70/23. El abogado describió una situación de parálisis institucional donde los expedientes fundamentales no son resueltos. Según su visión, “en la corte duerme el sueño de una princesa embrujada porque a pesar del tiempo transcurrido desde la llegada de estos expedientes y de tratarse de una cuestión de puro derecho es decir no hay que examinar pruebas testimonios informes periciales la Corte no ha emitido su opinión, vergonzoso, pero es el dato real incontestable”.

Finalmente, el entrevistado se refirió al desmantelamiento de la justicia del trabajo y su traspaso a la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires, lo cual considera una maniobra para dejar los derechos laborales bajo administraciones políticas “cómplices”. Para Barcesat, la gravedad de la situación excede lo meramente normativo y alcanza la estructura misma de la república. El especialista concluyó con una definición alarmante sobre la actualidad del país: “Estamos en situación de excepcionalidad institucional no de estado de derecho Esto es lo que sostengo”.

Barcesat adelantó que ya se encuentra trabajando en la preparación de acciones judiciales para impugnar lo que calificó como un “engendro” lesivo para la dignidad humana. En su cierre, lamentó que los legisladores hayan pasado a actuar como “los lacayos o representantes del monarca presidencial”, dejando de lado su rol de representantes del pueblo definido en la Constitución Nacional.