El derecho a la educación y a la salud -La columna de Natalia Salvo
La periodista Natalia Salvo analizó en su columna en Caballero de día el rechazo parlamentario a los vetos de Javier Milei y reivindicó la vigencia de los derechos sociales conquistados en materia de universidades y salud pública.
En su análisis, Salvo subrayó que la defensa de la educación superior gratuita y del sistema de salud pública expresa un consenso social contundente: “cerca del 90% de apoyo en la población” a la universidad pública, dijo. El dato, sumado a los 174 votos a favor en Diputados que dieron marcha atrás al veto presidencial sobre financiamiento universitario, marca —según la periodista— un fuerte revés político para el gobierno y su flamante ministro del Interior.
La columnista recordó que la gratuidad universitaria en la Argentina se instituyó por decreto del peronismo en 1949 y fue reforzada por ley durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner en 2015. “No es un derecho nuevo —apuntó—, sino una conquista histórica que forma parte de la Constitución de 1949 y que luego también tuvo reconocimiento internacional en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948”.
Salvo también vinculó el debate sobre educación con el de la salud, en referencia al veto presidencial a la emergencia pediátrica, rechazado en la Cámara baja por 181 votos. Sostuvo que ambos casos revelan la centralidad del financiamiento estatal: “los derechos se garantizan con presupuesto”, señaló. Según el Consejo Interuniversitario Nacional, precisó, el sistema universitario requiere 7,3 billones de pesos para funcionar normalmente, frente a los 4,8 billones previstos por el Ejecutivo, sin incluir salarios docentes y no docentes que perdieron un 30% en el último año.
La periodista ejemplificó con su propia experiencia como docente universitaria: sueldos por debajo de la canasta básica, contratos sin dedicación exclusiva y un sistema que —denunció— empuja a los profesores a trabajar casi por “filantropía”. “Ningún salario se presume gratuito —remarcó—, es un mandato constitucional que debe asegurar una retribución justa”.
El rechazo parlamentario, concluyó, constituye un paso para recomponer derechos que —a su juicio— han sido “conculcados” en la actual gestión. El próximo 2 de octubre, cuando el Senado trate los vetos, será una nueva prueba de fuerza sobre la vigencia de la educación y la salud pública como pilares del Estado social argentino.
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