Equipo misionero de Derechos Humanos, Justicia y Género asumirá la defensa de María Ovando
El Equipo Misionero de Derechos Humanos, Justicia y Género anunció que asumirá la defensa judicial de María Ovando, quien será llevada a juicio en un caso que constituye una clara revancha en su contra por parte del Poder Judicial de Misiones. La instrucción y la elevación a juicio de esta nueva causa es parte del ensañamiento del sistema judicial misionero contra María Ovando, indicaron desde la entidad cuyo equipo profesional cuenta con los abogados Dres. Eduardo Paredes, José Luis Fuentes y Roxana Rivas.
El juicio contra María Ovando en 2012, al que llegó acusada de abandono en el caso de la muerte de su pequeña hija Carolina Ovando, expuso ante todo el país las arbitrariedades y la extrema peligrosidad de un Poder Judicial que criminaliza la pobreza y hostiga a los sectores más vulnerados. Aquel caso demostró los criterios discriminatorios con que la Justicia misionera y otras instituciones del Estado tratan a las mujeres pobres, la arbitrariedad con la que actúa y desnudó además su carácter patriarcal, clasista, corporativo y abusivo.
La nueva acusación: continuidad del hostigamiento judicial
La causa actual – que se tramita en el Expediente Nº48426/2015 – se inició casi al mismo tiempo en que María Ovando, con el patrocinio legal de la Dra. Roxana Rivas, demandó al Estado misionero por la prisión injustificada que había sufrido durante casi dos años antes de ser llevada al juicio en noviembre del 2012, de donde resultó absuelta de responsabilidad en la muerte de su pequeña hija.
María Ovando, a pesar de haber sido absuelta en noviembre del 2012, permaneció bajo el control y la vigilancia el Poder Judicial, mediante las actuaciones arbitrarias del Juzgado de Familia a cargo de la Dra. Margarita Potschka, polémica magistrada que tuvo que renunciar a su cargo en el 2017 para evitar así un jury por mal desempeño de sus funciones.
La jueza Potschka ejerció un verdadero hostigamiento judicial contra María, sus hijxs y nietxs a lo largo de tres años, entre 2012 y 2015. Durante todo ese tiempo, María y sus hijxs fueron sometidos a controles médicos e intervenciones de trabajadoras sociales enviadas por la jueza en el marco del expediente del Juzgado de Familia, que debió cerrarse inmediatamente después de la restitución de las niñas tras la absolución de Maria en 2012.
No obstante, de esos controles no se desprenden indicios algunos de maltratos de parte de María a sus hijas menores, mucho menos la facilitación de cualquier tipo de abuso sexual.
En esta nueva persecución judicial a María se pretende responsabilizarla por haber permitido o no haber impedido el abuso sexual hacia una de sus hijas cuando las mismas ya no vivían con ellas por disposición – también arbitraria e injustificada – de la Jueza Potschka quien en una audiencia realizada el 10 de marzo del 2015, con graves irregularidades, decidió retirarle la guarda a María de sus hijas menores y entregárselas a los supuestos abuelos paternos. Hasta hoy sigue sin acreditarse el vínculo real de estas personas con las hijas y nietas de María.
Cuarenta días después de este nuevo acto de violencia contra María y sus hijas, el 20 de abril del 2015, la nueva guardadora, la supuesta abuela paterna de las niñas, radicó una denuncia penal por el abuso sexual contra las niñas.
La revictimización y el abandono del Estado
La Fiscalía tomó la denuncia y lejos de investigar realmente el hecho decidió ir sobre María y dos jóvenes a los que les endilgan un vínculo sentimental con ella. Nada indica fehacientemente la autoría del o los hechos imputados.
Sin embargo, la Justicia mantiene en prisión por este caso a hace cinco años a Marcos Iván Laurindo y Lucas Sebastián Ferreira, allegados a los hijos mayores de María Ovando, aplicándoles una prisión preventiva violatoria de los convenios internacionales y el derecho interno argentino, y sin pruebas que los vinculen al caso.
No hay una descripción de los hechos que se le imputan a María ni precisiones sobre el tiempo y lugar en que ocurrieron. Simplemente se enuncia que si hubo abuso sexual María lo sabía y no hizo nada para impedirlo.
A pesar de la evidencia física de que las niñas sufrieron abuso sexual, la causa judicial del fuero de Familia fue abandonada luego de las imputaciones y no se investigó cómo ni en qué circunstancia ocurrieron los hechos ni quién o quiénes fueron sus autores. Tampoco se hizo de parte del Juzgado de Familia un seguimiento del caso ni hubo interés por recabar información sobre el estado de las niñas en el hogar donde fueron remitidas para su supuesto resguardo.
Una vez más el interés del Poder Judicial en la situación de estas niñas es la manipulación para la criminalización de su madre, como ya lo hizo en la causa del 2012, donde pretendieron usar una entrevista televisiva para construir una imagen de madre monstruosa.
El Equipo Misionero de Derechos Humanos, Justicia y Género se hará presente en este nuevo debate oral, entre los días 21 al 24 de septiembre en Eldorado, para exigir la absolución de Marcos Iván Laurindo, Lucas Sebastián Ferreira y María Ovando y el cese del hostigamiento judicial en contra.
