El Lawfare como mecanismo de pinza: la guerra judicial y el desguace socioeconómico en Argentina
POLÍTICA Y GEOPOLÍTICA | EDICIÓN ESPECIAL
Un análisis punzante sobre cómo la proscripción política y la persecución judicial operan como el ariete necesario para viabilizar la pérdida de derechos y el ajuste estruendoso.
En una emisión cargada de definición política desde la Casa Patria Misiones por Radio Lateral, el periodista Sergio Centenaro abrió el programa Con Fundamento Kriollo interpelando de manera frontal a la audiencia sobre los verdaderos alcances del entramado judicial en la región: “¿qué te falta saber del Lawfare de esta guerra jurídica de esta batalla campal que proponen jueces con Toga a quienes hay que hablarles de excelentísimo señoría que trabajan en un palacio y que están conformados como el grupo de choque en Occidente para ponerle límites a cualquier signo popular o fuerza política popular que intente representar a los pueblos”. El editorial situó este dispositivo disciplinador no como un mero exceso de formalismo tribunalicio, sino como una herramienta geopolítica diseñada con precisión quirúrgica para desactivar liderazgos de masas y cercenar soberanía en toda América Latina.
Al recorrer el mapa político continental, el análisis puso en evidencia el contraste histórico entre los mandatarios dóciles al establishment y los líderes que encarnaron proyectos de soberanía popular. Centenaro recordó cómo “los presidentes modositos que hemos tenido en la Argentina ellos pueden morir tranquilos no pasa nada, De la Rúa se ha ido de este plano sin tener que ir a declarar sin prisión, con Carlos Saúl Menem hubo algunos amagos, purgó algunos días, pero quedó allí”, mientras que figuras como Rafael Correa deben vivir en el exilio y Evo Morales padece hostigamiento judicial incesante e intentos de magnicidio. En la Argentina actual, la persecución adquiere un carácter gravitante con la proscripción de la principal figura política del país.
Centenaro remarcó que las consecuencias para la conducción del movimiento nacional van mucho más allá del encarcelamiento formal, apuntando al corazón del sistema democrático: “está Cristina Fernández detenida y está condenada con un segundo plano de la condena que es aún más grave que la que la prisión por 6 años, sino que es la proscripción, que es el hecho de no poder participar o ejercer cargos públicos de por vida”. Esta inhabilitación perpetua busca privar a las grandes mayorías de su representación política más competitiva para habilitar una reestructuración regresiva de la sociedad.
El editorial desglosó pormenorizadamente los informes sociolaborales de organismos de derechos humanos como Amnistía Internacional, CELS y diversos sindicatos, documentando el retroceso en materia sanitaria y educativa bajo la gestión de Javier Milei. La interrupción de programas de distribución de medicamentos esenciales y oncológicos, sumada a la desregulación farmacéutica vía DNU 70/23, derivó en una hiperinflación de remedios crónicos. En el ámbito educativo, la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) impactó directo en el bolsillo de los maestros de todo el país, al tiempo que se paralizó la obra pública escolar, se congeló el presupuesto universitario y se ejecutaron despidos en el CONICET.
En el plano económico cotidiano, la política de desregulación erosionó los cimientos del salario y la alimentación popular. La fijación por decreto de un salario mínimo vital y móvil por debajo de los índices inflacionarios, sumada a la derogación de Marcos regulatorios como Precios Cuidados y la Ley de Góndolas, dejó la canasta básica a merced del libre mercado. A esto se le suma el recorte de partidas alimentarias a comedores comunitarios y la eliminación de subsidios a los servicios públicos (luz, gas, agua y transporte), forzando a las familias a destinar proporciones inéditas de sus ingresos a la supervivencia elemental.
Asimismo, la derogación de la Ley de Alquileres mediante el decreto de necesidad y urgencia 70/23 eliminó topes y plazos mínimos, permitiendo contratos en moneda extranjera sin índice regulatorio. En el terreno previsional, la modificación de la fórmula de movilidad y las restricciones a la moratoria consumaron una pérdida dramática del haber mínimo. Frente a este panorama, Centenaro enfatizó la conexión indisoluble entre la causa judicial y la ofensiva económica: “si no dinamitan los puentes del próximo gobierno popular no pueden hacer esto, este ajuste, esta transformación de la dinámica de nuestro país, del goce de derechos con el que estábamos acostumbrados a vivir, con ese piso de derechos que ya no existen, los barrieron, no existen más”.
A modo de conclusión, el periodista denunció el origen geoestratégico de esta matriz de dominación y convocó a la organización popular para recuperar las conquistas arrasadas: “El lawfare es necesario para ellos y está pensado desde los Estados Unidos, desde el Departamento de Estado de Washington, desde el Pentágono está hilvanado para tapar, para hundir todo intento de los pueblos de ponerse de pie”. Centenaro sintetizó que desplazar a Cristina Fernández de la escena pública es la condición sine qua non fijada por el poder concentrado para consolidar la entrega del país, abriendo una ventana de oportunidad única para romper la proscripción y devolverle la dignidad al pueblo argentino.
