​“Esa te la debo”, adelanto del libro que retrata la destitución de un juez e indaga sobre la independencia judicial 

El 22 de octubre se presenta en La Plata el libro “Historia de un juez”, del escritor Julián Axat sobre la destitución del ex juez Luis Federico Arias. Aquí un adelanto, que es a la vez un relato sobre justicia, memoria y democracia, y una pregunta sobre el rol de los miembros del poder judicial.

Por Julián Axat

Cuando a principios de abril de 2016, la docente Yolanda Mercedes se dirigió al cajero a cobrar su sueldo, encontró que su cuenta bancaria estaba en cero. Al verificar el saldo sufrió una crisis que derivó en un infarto y posteriormente en su fallecimiento.

Si uno busca responsables para este tipo de muertes, encontrará que siempre se procura disimular el lugar que ocupa quien verdaderamente toma las decisiones políticas. En el medio quedan las excusas: que la persona tenía una enfermedad previa, que tenía padecimientos coronarios, etc.  Cuando en una conferencia de prensa en Casa Rosada un periodista le preguntó a Mauricio Macri sobre el caso, el presidente respondió con total indiferencia “esa te la debo”.

La frase “esta te la debo” circuló a toda velocidad y causó mucha indignación. La misma lo pintaba entero al entonces presidente; pero también era directamente proporcional a la frialdad y el desinterés con el que la que se toman decisiones desde la cúspide del poder de derechas, consecuencia de la pérdida de dimensión humana de quien lo ejerce, protegido por la estructura burocrática y la distancia que se encuentra de quien padecerá los efectos concretos de aquellos actos.

Y en eso el gobierno de María Eugenia Vidal era reflejo de lo mismo a pequeña escala: con abierta sonrisa y una construcción de imagen que resaltaba una supuesta y extrema inocencia, se desentendía todo el tiempo de los daños que causaba, lo cual le valió diversos apelativos, como “Heidi” o “La Hiena”. Lo cierto es que, en este caso, era la responsable política de lo ocurrido a Yolanda Mercedes, docente marplatense de 60 años, auxiliar en la Escuela Especial N.º 506, víctima del esquema de quitas y descuentos sorpresivos atribuidos por la administración provincial a medidas de fuerza realizadas por auxiliares de la educación. Los gremios sostuvieron que el descuento era erróneo y que Yolanda no había participado de las medidas por las cuales se le efectuó la quita salarial.

El juez Luis Arias no se quedó de brazos cruzados ante este panorama. Actuó y lo hizo ordenando la devolución de descuentos por días de paro y/o retenciones de tareas de auxiliares docentes, o disponiendo el freno de las decisiones gubernamentales que impedían el normal desarrollo de las negociaciones salariales de los representantes docentes.

—No había forma de hacer ese ajuste sin limitar derechos sindicales, de ahí que los decretos que dictaron apuntaron contra el derecho constitucional de huelga. Desde mi postura, el principio general del Derecho referido a que el ejercicio regular de un derecho no puede constituir como ilícito ningún acto, es plenamente aplicable. Si el derecho de huelga es un derecho legítimo, no hay razón alguna para que derive en un cercenamiento de haberes a modo de castigo por su legítimo ejercicio, siempre que la huelga no haya sido declarada ilegal o se viole una conciliación obligatoria. Esta era la jurisprudencia de mi juzgado consolidada desde mucho antes, durante los gobiernos anteriores.

—¿Pero en qué se diferenciaba de los gobiernos anteriores en cuanto quisieron aplicar los mismos mecanismos?

—Creo que esta vez eran políticas estructurales y no medidas aisladas, coyunturales. El ataque a los gremios era frontal. Vidal procuraba debilitarlos políticamente dado que en el fondo se iniciaba un ajuste muy fuerte en materia de educación pública, y los gremios docentes representaban una referencia histórica de lucha sindical. De ahí la importancia política de doblegar esa resistencia y lograr un golpe de autoridad que expandiera su efecto simbólico a otros sectores y estructuras sindicales.

—¿Y qué medidas dictaste en concreto?

—Con relación a docentes y auxiliares, dicté una medida cautelar para suspender los descuentos salariales en el mismo sentido que lo había hecho en años anteriores. En ese contexto se dio el fallecimiento de Yolanda Mercedes. Por ese entonces, en una conferencia de prensa un periodista le preguntó a Mauricio Macri sobre el caso, y el presidente respondió con total desdén “esa te la debo”.

—Me acuerdo que eso causó mucha indignación en la opinión pública por su indiferencia ante un hecho trágico ocurrido en medio del conflicto docente. ¿Qué otras causas presentaron los gremios?

—Bueno, luego ocurrió que a principios de 2016 y 2017 el gobierno de Vidal, en plena negociación de la paritaria salarial con los docentes, dictó una conciliación obligatoria unilateral, lo cual derivaba en ilegalidad porque el gobierno, como empleador, no puede ser juez y parte. Se torna en un acto obligatorio unilateral. La parte no puede conciliarse a sí misma, la conciliación debe ser adoptada por un tercero imparcial. La Constitución de la provincia de Buenos Aires contempla para estos casos la creación de un tribunal independiente que nunca se creó. Por eso decidí suspender esa supuesta conciliación. En definitiva, estos temas eran muy preocupantes porque tendían a horadar, de alguna manera, el poder de negociación salarial de los trabajadores estatales; pero también a disciplinar, porque las amenazas de descuentos generan temor entre los docentes.

—En esa misma línea, también dictaste la suspensión de una medida que obligaba a los docentes a dar clases durante el receso invernal, medida que parece bastante disparatada vista a la distancia…

—Sí, sobre el punto no había precedentes judiciales de años anteriores. Al gobierno se le ocurrió que los docentes que se sumaron a la huelga durante el primer cuatrimestre de 2017 debían trabajar durante las vacaciones de julio de ese año. Eso causó enorme revuelo, porque no sólo afectaba a los docentes, sino a toda la comunidad educativa, sobre todo a los niños, que se veían privados de su derecho a la recreación y descanso.

Sandra y Rubén

Estamos en pleno invierno de 2018, y como todos los días la escuela Nicolás Avellaneda de Moreno, la N.º 49, se prepara bien temprano a la mañana para recibir a los alumnos. Ya desde hace unos días hay olor a gas en la cocina, una estufa funcionaba con algunas fugas y eso había derivado en una serie de reclamos formales ante la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. Un gasista visitó el establecimiento, dejó todo como estaba y dijo que no se preocuparan. Desde el área de mantenimiento en La Plata se desentendieron por completo. Sandra Calamo, vicedirectora a cargo del establecimiento, y Rubén Rodríguez, auxiliar docente, estaban preparando el desayuno cuando sintieron que el olor a gas era cada vez más intenso. De golpe todo explotó. Sandra y Rubén perdieron la vida.

Si Yolanda Mercedes fue víctima del deliberado proceso de deterioro y ajuste salarial educativo aplicado por el gobierno de Cambiemos, Sandra y Rubén fueron también víctimas del grado de desinversión y degradación en infraestructura y mantenimiento de las escuelas públicas de la Provincia, aplicados por el mismo sistema de gestión.

Las sentencias dictadas por Luis pusieron al descubierto la desidia y criminalidad de este tipo de políticas, y el potencial contexto de vulneraciones que implicaba. Y en el fondo esa era, también, la razón de su cuestionamiento y persecución.

—¿Cuál es tu evaluación al respecto?

—El fallecimiento de Yolanda Mercedes o el caso “Sandra y Rubén” son una muestra de cómo los dispositivos administrativos son capaces de intervenir sobre las condiciones materiales de existencia de las personas. Las decisiones relativas al trabajo, los ingresos, la salud o el acceso a bienes básicos no constituyen simples actos burocráticos neutros, sino mecanismos biopolíticos que inciden de manera concreta sobre los cuerpos, las trayectorias vitales y las posibilidades efectivas de desarrollo humano. Desde esta perspectiva, la política aparece inseparablemente vinculada a la gestión social de la vida y de la muerte, podría incluso hablarse de necropolítica, es decir, de la capacidad para determinar qué sectores son protegidos y cuáles son consideradas prescindibles o expuestos a condiciones de abandono. Las políticas de Vidal, en su afán de acabar con los gremios docentes, eran indiferentes a las consecuencias o daños humanos colaterales que provocaban.  Lo cual quedó evidenciado también con la indolencia con que se manifestó Mauricio Macri.

Tarifazo

La cuestión tarifaria fue también un eje central de la política de servicios públicos de Cambiemos. En sintonía con el gobierno nacional, que aumentó las tarifas hasta un cuatro mil por ciento, María Eugenia Vidal benefició a los empresarios del sector con un incremento. Con la excusa de promover la quita de subsidios, en función de un supuesto “sinceramiento”, se produjo una transferencia abismal de recursos a favor de empresarios amigos y grandes grupos económicos, que nunca redundó en la mejoría del servicio. Pero, además, concentró el manejo de las cuatro distribuidoras eléctricas de la provincia en manos de una persona llamada Rogelio Pagano, que a través del Grupo DESA (Desarrolladora Energética S.A.) las adquirió a bajo costo con un préstamo y que, luego del aumento tarifario se benefició no sólo con el valor de una tarifa más abultada, sino también con el aumento exponencial de las acciones a partir de la distribución de los dividendos generados con esas ganancias extraordinarias.

Por primera vez desde las privatizaciones de los años noventa, un mismo grupo empresario pasó a controlar prácticamente todas las grandes distribuidoras provinciales que involucran a una población total de 5,1 millones de habitantes; una concentración cuestionable, incluso desde el esquema original de privatizaciones de los años noventa que buscaba evitar precisamente ese grado de concentración.

Luis fue el primer juez en suspender el aumento tarifario, y el único que se atrevió a mencionar explícitamente la situación que explicamos en el párrafo anterior, poniendo en evidencia este negociado. La línea jurisprudencial que Luis ya había establecido en otras causas similares, como la de ABSA (Aguas Bonaerenses S.A.), anticiparon en buena medida los debates que luego llegaron a tribunales superiores durante la discusión nacional por los tarifazos de 2016, y fueron replicados por muchísimos jueces, incluso por la Corte Nacional en la emblemática causa CEPIS, no sólo por la cuestión tarifaria en sí, sino por la perspectiva social.

Por ejemplo, el conflicto con ABSA tenía un componente adicional muy sensible: el derecho humano al agua. En distintas causas el juez Arias sostuvo que la interrupción del suministro por falta de pago podía afectar derechos fundamentales, y que el acceso al agua debía recibir una protección reforzada.

Por eso, si uno observa en conjunto su jurisprudencia sobre tarifas, aparece una misma matriz conceptual: la idea de que los derechos sociales no son meras declaraciones programáticas, sino verdaderos derechos exigibles judicialmente, especialmente cuando están comprometidas las condiciones materiales de existencia de sectores vulnerables.

Desde la mirada de Luis Arias, la discusión nunca era solamente sobre una factura o un cuadro tarifario. El problema era quién soportaba los costos de determinadas políticas públicas y cuáles son los límites constitucionales cuando esas decisiones afectan el acceso a bienes indispensables para una vida digna.

—En la época de Scioli desde el juzgado dicté una medida cautelar contra la decisión de aumentar el cuadro tarifario del agua y el servicio de saneamiento urbano sin audiencia pública. El gobierno y la empresa Aguas Bonaerenses, de capital estatal mayoritario, nunca cumplieron esas medidas, aunque luego (2020) fueron ratificadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El holding de la decisión judicial era que la participación de los usuarios prevista en la Constitución, se efectiviza a través de las audiencias públicas, aun cuando las mismas no estuvieran previstas en el marco regulatorio, de modo que no podía llevarse a cabo ningún aumento de servicios sin audiencia pública previa. Pero, además, estas decisiones afectaban el derecho fundamental de acceso al agua. Como consecuencia de esta medida, ABSA debía devolver millones de pesos a los usuarios a los que le había cobrado indebidamente.

—¿Y ABSA qué hizo, lo devolvió?

—No. Transcurrieron varios años hasta que el fallo fue ratificado y la deuda actualizada era varias veces millonaria. Entonces la causa volvió al juzgado y se inició la etapa de ejecución de sentencia. Yo ordené que vayan devolviendo un 15% mensual mientras se hacía la liquidación final, hasta su devolución total. Esto garantizaba que la empresa no incurriera en dilaciones innecesarias, porque en algún momento estaría devolviendo de más. Pero frente a una apelación de la empresa a esa modalidad de ejecución, la Cámara en lo Contencioso Administrativo decidió, a petición de la empresa, que la forma de pago se determinara a través de “amigables componedores”. Es decir, sustrajeron el caso del ámbito judicial y lo pusieron en manos privadas, como una suerte de privatización de la Justicia. Todo un proceso larguísimo que solo produjo efectos simbólicos, porque los usuarios jamás pudieron cobrar lo adeudado por la empresa. Desde esta perspectiva, la eficacia de la tutela judicial no debe medirse únicamente por el contenido de la sentencia, sino también por la capacidad institucional de asegurar que sus efectos alcancen realmente a los destinatarios de la protección jurisdiccional.

—¿Y esto siguió durante el gobierno de Vidal?

—Bueno, con el nuevo cuadro tarifario aprobado por Vidal, cometieron el mismo error: pretendieron imponerlo sin la previa participación de los usuarios, sin audiencia pública previa, al igual que el caso anterior. Pero esta situación fue más escandalosa aún, porque las cuatro principales distribuidoras de electricidad quedaron en manos del grupo Pagano, quien obtuvo un doble beneficio: la suba de tarifas por el servicio de distribución eléctrica por un lado y, por otro, el aumento de las acciones de la compañía en más de un 2.000 por ciento.

—Pero además de la concentración y el enriquecimiento desmedido, la quita de subsidios trajo consecuencias graves para los usuarios que generan trabajo, hubo cierres de empresas, etc.

—Efectivamente. La contracara de esta situación fue el deterioro de la capacidad de consumo de las familias y el cierre de miles de pequeñas y medianas empresas electro intensivas, que proveían más del 80 por ciento de los puestos de trabajo en Argentina. Muchas Pymes subsistían porque tenían tarifas asequibles y pagables. Sin esos beneficios, sumado a la apertura de importaciones y a la baja del consumo, cerraron más de treinta y seis mil en la época de Macri/Vidal.

—¿Quiénes judicializan el caso?

—Fueron varias asociaciones de defensa de consumidores. Éramos más de cincuenta jueces en todo el país que habíamos suspendido el aumento despiadado. En varias conferencias analicé detalladamente el proceso de concentración de la distribución eléctrica, con nombre y apellido, porque era sumamente llamativo que uno de los grandes beneficiarios fuera el propio “amigo de la vida” de Macri, según él mismo lo reconoció. Me refiero a Nicolás Caputo, quien había ido al mismo colegio que el ex presidente y fue cofundador y vicepresidente del PRO, el partido de Mauricio Macri. En la provincia de Buenos Aires, toda la distribución eléctrica quedó en manos de un ignoto empresario llamado Rogelio Pagano vinculado, de algún modo, a Macri y su grupo. Se trataba de un jugoso negocio que implicó concederle el monopolio y la concentración del servicio y luego una suba desproporcionada de tarifas, sin ningún tipo de control ni audiencia previa. Como me gustaba dictar sentencias con los pies en la tierra, seguía periódicamente la evolución económica de las acciones de las empresas en la Bolsa de Valores y era verdaderamente impactante. Comencé a graficar todo eso, así como la fusión de empresas y las transferencias accionarias que quedaban en manos extranjeras o de sectores ligados al ex presidente.

—Tu fallo era la gota que rebalsaba el vaso, porque ponía un nombre concreto sobre la mesa y con eso evidenciabas los vínculos del sector económico con el campo político, con fronteras muy difusas entre ambos durante el gobierno de Macri y Vidal.

—Pero el fallo no se quedó en eso. A partir de la sentencia, muchos medios me consultaban permanentemente sobre el efecto del tarifazo sobre las Pymes, la cuestión de los electrodependientes, clubes de barrio, etc. Se había generado toda una red de asociaciones de usuarios y consumidores y de actores relevantes en la materia, que intercambiábamos información y pareceres. La desproporción entre las tarifas de los servicios y la posibilidad de pagarlo, es el concepto de tarifa asequible, justa, razonable y no confiscatoria. El fundamento era el derecho a la vivienda digna que emerge de la Constitución y del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) que conforme la Resolución 4º del Comité, debe implicar no solo un lugar físico donde vivir, sino también garantizar el acceso a servicios básicos: agua, electricidad, gas, cloacas, etc. Todos deben ser asequibles. Por eso también en otros fallos sostuve que este tipo de servicios esenciales, como el agua, no se pueden interrumpir por falta de pago.

El inicio de la embestida contra el Juez

Desde que Clarín lo apuntó en aquella nota que titulaba “Los jueces que atormentan al macrismo”, Luis sabía que estaba jugado. Sus fallos y el grado de exposición pública generaban cada vez más malestar en el gobierno. Por eso también percibía que algo iban a hacer.

A principios de 2017 la embestida la comenzó un diputado del ARI (Afirmación para una República Igualitaria), de nombre Guillermo Castello, que lo denunció ante el jurado de enjuiciamiento por colocar su firma en una solicitada en favor de la democracia. La misma estaba firmada por un amplio espectro de personas, entre ellos cientos de personajes públicos como artistas, docentes, intelectuales, funcionarios y hasta varios jueces y fiscales que expresaban su preocupación ante el avance del gobierno nacional sobre algunos medios de comunicación y la Justicia.

Para este diputado, lejos de tratarse de una forma de libertad de opinión-expresión de la que ningún juez comprometido debe estar abstraído, implicaba una “actividad incompatible con la dignidad y austeridad del cargo que ostentaba”, que denotaba una “participación activa en política y la realización de actos de parcialidad manifiesta”.

Más allá de lo inconducente, el planteo era tan ridículo como aquella denuncia en su contra por haberle pedido al fiscal platense Jorge Paolini, de que se abstuviera de oficializar la cifra de defunciones de la inundación, dado que esa era su atribución legal por orden de la Corte; denuncia que seguiría su curso y que Arias sabía que -tarde o temprano- la iban a hacer valer en su contra para echarlo.

​Cultura – Tiempo Argentino