Espionaje en elecciones 2017: 32 organizaciones sociales, 16 partidos políticos y 23 sindicatos fueron víctimas de la AFI macrista
El gobierno de Macri utilizó la Agencia Federal de Inteligencia para espionaje masivo de organizaciones y sus dirigentes. Los listados y las tareas de las bases de espías en el AMBA.
Por Ari Lijalad y Franco Mizrahi
Las bases de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que el macrismo desplegó por la provincia de Buenos Aires realizaron inteligencia ilegal sobre al menos 32 organizaciones sociales o políticas, 16 partidos políticos y 23 sindicatos u organizaciones de trabajadores. El espionaje incluyó relevamiento de sus locales, fotos y datos personales de sus referentes, infiltración en reuniones, instalación de cámaras, todo volcado en informes que luego se elevaban a las máximas autoridades del espionaje durante el gobierno de Mauricio Macri.
El listado de espiados revela que no se salvó casi nadie. Dentro del espionaje a partidos políticos figuran desde Unidad Ciudadana (la figura electoral que encabezó CFK en 2017) hasta locales de Cambiemos y el PRO, pasando por el Frente 1 País que lideraba Sergio Massa junto a Margarita Stolbizer, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, Nuevo Encuentro y el espacio Cumplir que comandaba Florencio Randazzo.
Entre las organizaciones sociales espiadas están el Movimiento Evita, Quebracho, Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa y La Cámpora, pero también Agrupación Unidos por los Niños de Villa Golf, la ONG Cuidemos a los Chicos y hasta la Organización Madres del Trueque.
Las organizaciones sindicales espiadas incluyen a la CTA, SUTEBA, la CTEP, gremios aeronáuticos, la UOM e incluso los trabajadores de Cresta Roja, reprimidos en los primeros días del gobierno de Mauricio Macri.
La información surge del procesamiento de Pablo Pinamonti, el director del Proyecto AMBA bajo el cuál funcionaban 9 bases de la AFI en la provincia que Buenos Aires dedicadas a estas tareas ilegales. La medida la dispuso el juez Alejo Ramos Padilla, en el marco de la megacausa de espionaje que comenzó con el caso del espía ilegal Marcelo D’Alessio pero que cada día que pasa hecha luz sobre otra zona de los sótanos de la democracia.
En el documento firmado por Ramos Padilla se detalla buena parte de las tareas de espionaje desplegadas desde las Bases Ezeiza, Quilmes, Haedo y La Matanza de la AFI. También como se volcaba la información recabada en una planilla de excel, como se confeccionaban informes semanales que eran centralizados por Pinamonti y luego enviados a Silvia Majdalani, la ex vice directora de la AFI.
Todo ilegal
El Proyecto AMBA eran 6 bases de inteligencia en el conurbano bonaerense, en Morón (Base Haedo), San Martín, Quilmes, Pilar, La Matanza y Ezeiza. Se sumaron a otras 3 preexistentres que estaban en La Plata, Mar del Plata y Bahia Blanca. Todo lo manejaba Pinamonti.
Funcionaron formalmente de abril a diciembre de 2017 con alrededor de 70 personas, según pudo reconstruir el juez Ramos Padilla. Los propios armadores de esto, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, reconocieron ante la Bicameral de Inteligencia del Congreso que “el personal de estas bases se conformó mayoritariamente con agentes efectivos, retirados y exonerados de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y ex agentes de la AFI”.
Algo insólito es que, según consignó el juez Ramos Padilla, la propia reglamentación de las Bases AMBA pretendía autorizar actividades expresamente prohibidas por la ley de Inteligencia. Tenía entre sus misiones “Obtener información en el ámbito de su jurisdicción y mantener actualizada la base primaria de los componentes político, económico, y social”. Todo ilegal.
Ramos Padilla detalló: “Se pudo corroborar además que las distintas delegaciones de inteligencia a cargo de Pinamonti y, en particular, la de Ezeiza —sobre la que se efectuó un relevamiento exhaustivo—, realizaron permanentes y constantes seguimientos a referentes políticos, sociales y gremiales, se consignaron datos de esos referentes, de locales partidarios y transportes y/u manifestantes. Se verificó también que, en lgunos casos, se fotografiaron las personas que participaban de distintas movilizaciones, se investigaron y consignaron datos personales de incontables referentes políticos, números de teléfono, domicilios, reseñas políticas y datos familiares, entre otra información sensible.”
“Se incluye también información específica que sólo puede obtenerse de primera mano o mediante una aproximación a sus integrantes”, afirmó el juez Ramos Padilla. Eso indica que los infiltraron físicamente.
Fuente: El Destape
