La causa contra Julio De Vido – La columna de Natalia Salvo
La abogada Natalia Salvo en su habitual columna en Caballero de Día se refirió a la ofensiva judicial contra el exministro, denunció arbitrariedades en el trámite del expediente y señaló que la orden de detención se apoya en una causa que prescribió en diciembre de 2024.
La abogada Natalia Salvo advirtió que la situación judicial de Julio De Vido “no puede explicarse en términos jurídicos”, sino como parte de un esquema de persecución que, a su juicio, busca disciplinar a dirigentes vinculados a los gobiernos kirchneristas. Señaló que el denominado lawfare opera con dos objetivos: castigar a quienes gestionaron “en favor del pueblo” y garantizar impunidad para funcionarios de administraciones neoliberales.
Salvo cuestionó a la Corte Suprema por rechazar recursos “sin tratamiento” —a través del artículo 280— y ubicó la causa Once dentro de ese marco. Remarcó que la responsabilidad penal directa por la tragedia recayó en el maquinista y sostuvo que la imputación administrativa contra De Vido “está prescripta desde el 10 de diciembre de 2024”, tal como planteó su defensa ante tribunales y en una presentación ante el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU por presuntas violaciones a tratados internacionales.
La abogada afirmó que la falta de tratamiento de los recursos, la ausencia de imparcialidad y la negativa a garantizar tutela judicial efectiva configuran “una estrategia política, no un desacierto técnico”. Trazó paralelos históricos con períodos de proscripción del peronismo y recordó episodios de persecución a funcionarios en 1955 y 1956, al sostener que “la Argentina ya vivió escenarios similares”.
En su repaso, comparó a De Vido con el exministro Pistarini, destacando el rol de ambos en planes de infraestructura y expansión estatal. Atribuyó la ofensiva judicial actual a los aciertos de aquellas gestiones, en particular el impulso a la obra pública, el desarrollo energético y la reactivación industrial durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.
También repasó las condiciones de detención denunciadas por la defensa del exministro, incluidas demoras en peritajes médicos y cuestionamientos por la alimentación suministrada en el penal. Mencionó además las causas iniciadas por el fallecido juez Claudio Bonadio —Once y Cuadernos— y criticó su actuación en investigaciones vinculadas a tragedias y siniestros, como el caso Iron Mountain.
La columna cerró con un contraste entre el retroceso de obras públicas bajo la actual administración y la disputa por fondos entre la Nación y la provincia de Buenos Aires, que reclama una deuda de 12,9 billones de pesos, de los cuales 7,4 corresponden a proyectos paralizados. Salvo señaló que el escenario “refuerza la necesidad de una reforma judicial seria” para evitar que el Poder Judicial funcione “como un tribunal de persecución política”.
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