La consagración de la impunidad: Gustavo Rosa devela el entramado de la “causa FMI”, la farsa de Malvinas y el ajuste impositivo

Durante el desarrollo de su habitual columna en Con Fundamento Kriollo, el docente universitario y licenciado en periodismo Gustavo Rosa analizó de manera implacable la estructuración de un sistema de impunidad judicial que protege a los sectores neoliberales de la Argentina, definiendo de manera descarnada la coyuntura del país bajo el concepto de “la injusticia de la injusticia”.

Rosa examinó detalladamente los pactos de impunidad corporativa vigentes, remarcando que la velocidad con la que el actual gobierno libertario configuró un paquete de jueces ad hoc para auto-garantizarse la cobertura judicial supera sustantivamente las peores maniobras ensayadas con anterioridad por Mauricio Macri, mientras que el gobierno de Alberto Fernández no se animó a remover los sótanos de la democracia.

El primer hito del análisis de Rosa radicó en la vergonzosa paralización y posterior archivo de la causa penal por el millonario endeudamiento de 45.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional en 2018, un préstamo récord otorgado por fuera de todo control legal interno bajo la tutela estadounidense de Donald Trump. Rosa historizó que dicho expediente —que involucra penalmente a Mauricio Macri, Luis Caputo, Nicolás Dujovne y Federico Sturzenegger por hipotecar de forma dolosa el porvenir del pueblo argentino— fue retenido deliberadamente y sin avances durante casi ocho años en el despacho de la jueza María Eugenia Capuchetti. Finalmente, los camaristas Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi archivaron el caso mediante un fundamentado de apenas ocho páginas, maniobra consumada gracias a que el Estado nacional bajo la órbita de Milei se retiró como parte de la querella, clausurando de forma permanente el derecho a apelación. Para Rosa, el resultado de esta inacción es trágico: “Federico Turceneger y Luis Caputo están en este gobierno otra vez por impunidades pasadas están cometiendo impunidades a futuro”.

En un giro inesperado, el columnista enlazó esta impunidad de los funcionarios libertarios con la sorpresiva e inédita cadena nacional emitida el pasado jueves sobre la soberanía de las Islas Malvinas. Apelando a la mordaz e irreverente sentencia de Groucho Marx —”si no te gustan mis principios tengo otros”—, Rosa desarmó la farsa discursiva de un presidente que intentó impostar una posición patriótica que colisiona abiertamente con su historial fáctico y retórico. En su transmisión oficial, Milei sostuvo textualmente: “En primer lugar quiero ser claro con el mundo y expresar la posición del Estado argentino las Malvinas son argentinas por historia y por derecho”. Sin embargo, Rosa contrapuso esta declaración con el abultado archivo del actual mandatario, quien calificó en repetidas ocasiones las reivindicaciones nacionales de soberanía como actos “patrioteros e infantiles”, toleró la impune visita oficial británica del exministro James Cameron al territorio usurpado y postuló en foros internacionales que los kelpers poseen el “derecho a votar con los pies”.

La impostura del Poder Ejecutivo alcanza dimensiones escandalosas con la pretendida aplicación de sanciones económicas contra las corporaciones petroleras Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, firmas que desarrollan actividades ilícitas de prospección en el yacimiento Sea Lion al norte de Malvinas. Lo que el gobierno libertario publicita mediáticamente como una iniciativa soberana audaz representa, en realidad, la tardía instrumentación de la Ley 26.659, una norma sancionada en el año 2011 bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Rosa denunció que Milei recurre a esta ley de origen kirchnerista únicamente como una conveniente cortina de humo para desviar la atención de la opinión pública de la severa decadencia de su programa de gobierno, mientras de forma paralela permite que buques y naves de bandera británica atraquen de forma impune en puertos argentinos sin emitir objeción alguna.

El docente universitario demostró además la inviabilidad práctica de estas sanciones debido a la imbricada estructura societaria de las multinacionales petroleras en el continente. Al poseer firmas como Navitas redes de accionistas que coinciden con socios de la administración local —tales como Mercado Libre—, la aplicación rigurosa de las sanciones obligaría a penalizar a los aliados corporativos más cercanos al propio presidente. El entramado roza de forma directa al multimillonario Elon Musk, socio privilegiado del gobierno, cuya compañía provee de conectividad satelital en Malvinas y reemplaza activamente los servicios nacionales de Arsat en el territorio continental. Por este motivo, Rosa catalogó las supuestas medidas del Ejecutivo como “un caramelo de madera”, una burda maniobra de simulación destinada a proteger los intereses de sus amigos mientras se consolida la entrega material de los recursos nacionales.

La telaraña de complicidad judicial descrita por Rosa también benefició de forma directa a la denominada “Causa Libra”, el expediente penal que investiga una millonaria estafa piramidal instrumentada a través de criptoactivos promocionados de forma masiva y rentada por el propio Javier Milei antes de asumir la primera magistratura. Tras el sistemático corrimiento de los querellantes ordenado por jueces dóciles al Ejecutivo, el sistema judicial archivó el caso, revictimizando a los ahorristas damnificados bajo el insólito argumento de culparlos por su propia vulnerabilidad. El dictamen judicial determinó descaradamente que “los damnificados que advirtieron que invirtieron en el criptoactivo lo hicieron a sabiendas de que era un activo volátil no regulado”, consagrando que la estafa electoral del presidente no constituye delito alguno en la Argentina actual.

En el plano impositivo, Rosa desmontó de manera definitiva el relato oficial de la supuesta baja general de impuestos para los ciudadanos, demostrando que el actual esquema tributario profundiza brutalmente la transferencia de riqueza hacia las elites concentradas. El columnista expuso que la drástica reducción del impuesto sobre los bienes personales promovida por el gobierno significó que el Estado nacional resignara un total de 3,2 billones de pesos en un solo año, una fabulosa masa de fondos que equivale a la mitad del presupuesto global que requieren las universidades públicas argentinas para funcionar con dignidad. Esta fenomenal desfinanciación de la educación pública es compensada por el fisco mediante un incremento sostenido de la presión tributaria que recae de forma obligatoria sobre los consumos cotidianos de los sectores populares a través de impuestos de nula evasión como el IVA.

Esta asimétrica carga fiscal perpetúa una brecha distributiva sumamente violenta en la estructura social del país. De acuerdo con las estadísticas presentadas por Rosa, una familia perteneciente a los deciles de ingresos medios y bajos debe destinar hoy de forma ineludible hasta un 35% de sus recursos al pago de impuestos incorporados en los servicios esenciales, mientras que los ciudadanos ubicados en el decil más rico de la sociedad abonan menos de un 20% de sus ingresos. Con amargura, el docente universitario concluyó que el actual sistema subvenciona las grandes fortunas a expensas de la precarización material de las mayorías, un esquema de injusticia tributaria que la política popular deberá desmantelar en la reconstrucción futura de la soberanía nacional.