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La gran guerra de las recusaciones

Novelli contra la jueza Ledesma porque cree que apoyará a los querellantes. Un damnificado presentó otra contra Yacobucci porque su hijo trabaja en el gobierno.

La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal se convirtió en escenario de una guerra de recusaciones en el caso $LIBRA. Desde que quedó claro que allí se juega una fuerte posibilidad de que se siga investigando a Javier Milei, su hermana Karina y un puñado de empresarios del mundo cripto, comenzó a escalar una disputa por la integración de ese tribunal que debe decidir si repone a las querellas que fueron excluidas y que reclaman revocar los sobreseimientos. La semana pasada, el trader Mauricio Novelli —que encarna la estrategia del Gobierno— pidió el apartamiento de la camarista Angela Ledesma, cuyos precedentes su defensa supone que podrían favorecer a los damnificados. Ahora uno de los inversores afectados, Juan Patricio Marchetto, recusó también a Guillermo Yacobucci, cuyo hijo, Ignacio Yacobucci, fue designado en septiembre en un cargo que depende del Ministerio de Justicia y que intervino con un informe en la causa sobre la criptoestafa (usado para propiciar su cierre) y que a la vez depende del Poder Ejecutivo, es decir, de autoridades políticas investigadas.

Situación

La Sala II de Casación decidió dos semanas atrás abrir el recurso de queja de las querellas que habían sido apartadas en primera instancia y que eran, por excelencia, el motor de la investigación. Esto quedó más que claro cuando el fiscal Eduardo Taiano pidió el sobreseimiento de todos los imputados, algo a lo que el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi hizo lugar. Ahora Casación tiene que resolver la discusión de fondo, es decir, si repone o no a los querellantes. Otra discusión que se avecina será por la participación de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que encabeza Sergio Rodríguez, que pidió asumir la acción penal abandonada por Taiano. Tanto los querellantes en suspenso como Rodríguez apelaron el cierre de la causa y señalaron todas las medidas que el propio fiscal había pedido y no completó para sobreseer a Milei, Karina, Novelli, su socio Manuel Terrones Godoy, el exasesor de la Comisión de Valores Sergio Morales, el estadounidense Hayden Davis, entre otros.

La Sala II está integrada por Yacobucci, Ledesma y Alejandro Slokar. Estos dos últimos tienen presentes escritos que hacen suponer al gobierno que podrían respaldar a las querellas y también a la PIA, lo que implicaría que el caso no esté en absoluto cerrado, pese a que el presidente lo dio por terminado y se quejó por el tiempo que tramitó la investigación.

Recusaciones cruzadas

Parece que el expediente sobre $LIBRA está más complicado para el Gobierno de lo que esperaban. Por eso empezaron por atacar a Angela Ledesma. No solo por su posición, sino porque necesitará el impulso del Poder Ejecutivo si quiere continuar siendo jueza el año que viene, ya que cumple los 75 años el 27 de diciembre. El argumento de Novelli para pedir su apartamiento es que integra el comité consultivo del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), que junto con el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) actúan como “amicus curieae” en la causa sobre la criptomoneda impulsada por Milei, que causó pérdidas de más de 280 millones de dólares. La jueza, como reconoce la propia defensa, no participa de deliberaciones internas de la entidad ni de sus pronunciamientos. Además, los “amigos del tribunal” tampoco son parte en la causa. Pero ese es el elemento de presión que ahora decidió usar el Gobierno.

El retruco llegó del lado de uno de los pretensos querellantes, Marchetto. El planteo llega ahora porque la designación del hijo del juez en el ámbito del Poder Ejecutivo es reciente, del mes de septiembre. Quedó a cargo del Programa de Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, que figura en el organigrama oficial del Ministerio de Justicia dentro de la Unidad Ministro. El escrito señala que no pretende cuestionar el buen nombre y honor del camarista Yacobucci, pero que el caso plantea una serie de conflictos, más allá del activo papel del ministro en los tribunales federales, en pos de lograr el cierre de investigaciones.

Por un lado, el hijo del juez depende de la estructura del Poder Ejecutivo, es decir, de las autoridades que son investigadas en este expediente. El cargo le fue otorgado, además, en pleno trámite de esta causa y cuando ya se sabía que intervenía la sala II que integra su padre. A eso hay que sumar que el Ministerio de Justicia intervino este expediente por dos vías: creó una Unidad de Tareas de Investigación, obviamente destinada a producir argumentos a favor de Milei y su hermana, y también hizo un informe la Oficina Anticorrupción, que depende de Justicia. Ambos fueron en el mismo sentido, como decir que lo que ocurrió con la criptomoneda no implica responsabilidad del presidente, que tuitea por fuera de su función, y que no se afectó patrimonio estatal. Todo discutible, pero fue utilizado como si fuera palabra santa por la fiscalía para pedir el sobreseimiento.

Marchetto dice que, ante la sospecha de que esté comprometida la imparcialidad de un juez, debe dar un paso al costado, más allá de que insiste en que no cuestiona su honestidad. Además, citas causales de apartamiento de un juez que prevé el Código Procesal, como si algún “pariente (dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad) tuvieren interés en el proceso” o “si él, su cónyuge, padres o hijos u otras personas que vivan a su cargo, hubieren recibido o recibieren beneficios de importancia de alguno de los interesados…”

La resolución de las recusaciones podría demorar también una decisión sobre el futuro de las querellas y sus apelaciones.

Fuente: Página|12

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