Se cumplió un mes de protestas multitudinarias, represión y denuncias de apremios en Jujuy
El rápido tratamiento y aprobación de la reforma parcial de la Constitución de Jujuy, entre protestas multitudinarias, implicó en su proceso reiterados hechos de represión, allanamientos controvertidos, el armado de causas y detenciones cuestionadas por colectivos de derechos humanos, advirtieron abogados y defensores de manifestantes, al cumplirse este miércoles un mes del inicio de las protestas.
Encabezadas por los gremios docentes y estatales, las movilizaciones comenzaron el 5 de junio pasado en demanda de recomposición salarial para ambos sectores, pero casi de inmediato derivaron en rechazos al texto normativo de la nueva Constitución, cuya aprobación motivó el repudio absoluto de diversos sectores de la sociedad.
En un contexto de tensión permanente, los cuestionamientos fueron alcanzando de manera transversal a comunidades indígenas, sindicatos y organismos de derechos humanos, entre ellos Familiares de Detenidos y Desaparecidos, Hijos-Jujuy y Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en DDHH y estudios sociales (Andhes).
Estas entidades, junto a otras instituciones de la sociedad civil, denunciaron la vulneración de sus derechos producidas por las modificaciones en los artículos de la Carta Magna provincial.
Una nueva marcha se llevó a cabo esta noche en las calles de la capital provincial con el objetivo de conseguir la aclamada “declaración de inconstitucionalidad” o la “anulación” de la reforma constitucional que ya rige en este territorio.
“A un mes de iniciada nuestra lucha, volvemos a iluminar las calles con nuestros reclamos por salarios dignos y derechos plenos”, coincidieron diversos colectivos al formar una larga columna que marchó en la fría noche de San Salvador de Jujuy con antorchas y velas.
Entre los movilizados predominaba la consigna “arriba los derechos, arriba las wiphalas, abajo la reforma”, para luego abogar por la “defensa de la democracia en Jujuy”.
En paralelo a la marcha de antorchas, en otros puntos de la provincia se registraban al menos más de diez cortes de rutas nacionales y provinciales por parte de comunidades originarias, campesinos, productores, docentes y activistas.
La Convención Constituyente de Jujuy aprobó en la madrugada del 16 de junio la reforma parcial de la Constitución, luego de suscribir el texto general y cada uno de los artículos con los votos de los representantes del Frente Cambia Jujuy, encabezados por el gobernador y precandidato a vicepresidente Gerardo Morales.
La aprobación también contó con el voto positivo de algunos representantes del Frente Justicialista, lo que abrió otra fuerte polémica en el peronismo de Jujuy.
La sanción del poder constituyente fue catalogado como “exprés” por varios sectores políticos y sociales, desde donde cuestionaron lo que definieron como una aprobación “entre gallos y medianoche”.
Eso exacerbó el descontento y en esa misma jornada se inició un corte sobre la ruta nacional 9, en el acceso a la ciudad de La Quiaca, donde los movilizados soportaron temperaturas de hasta 10 grados bajo cero mientras mantenían el reclamo.
Entre los artículos más repudiados del texto constitucional se destaca el capítulo denominado “Derecho a la paz social y la convivencia democrática pacífica”, que en uno de sus apartados ratifica “la prohibición de cortes de calles y cortes de rutas, así como toda otra perturbación al derecho a la libre circulación de las personas”.
Además, en ese capítulo se prohíbe expresamente “la ocupación indebida de edificios públicos en la provincia”.
En el articulado sobre tierras fiscales, capítulo rechazado por las comunidades indígenas, se establece que “la tierra es un bien de trabajo y de producción”, por lo que “la ley regulará la administración, disposición y destino de las tierras fiscales susceptibles de aprovechamiento productivo”.
Ese apartado remarca que en la regulación del suelo que figure en los catastros como propiedad del Estado se establecerán “regímenes de fomento que promuevan el desarrollo territorial y el interés socioeconómico de la provincia”.
El mismo 16 de junio, en horas de la tarde, la policía de la provincia intentó avanzar con el desalojo de manifestantes que se encontraban reclamando sobre la ruta nacional 9 en la localidad de Abra Pampa, en la región de la puna, 216 kilómetros al norte de San Salvador.
El 17 de junio, indígenas apostados en el corte de las rutas 9 y 52 a la altura de la localidad de Purmamarca, en la quebrada de Humahuaca, sufrieron al menos cuatro hechos de represión a lo largo del día, lo que dejó como saldo múltiples heridos y detenidos.
Misael Lamas, estudiante de 17 años, perdió uno de sus ojos al recibir un balazo de goma durante el operativo de la policía, denunciaron los miembros de la comunidad.
El 20 de junio, luego de una breve sesión de la Asamblea Constituyente que encabezó el propio Morales, se juró el nuevo texto normativo de la Carta Magna provincial.
La aprobación y jura desató una fuerte represión en la zona céntrica de la capital, sobre todo en las inmediaciones de la Legislatura.
Las calles céntricas fueron el escenario del avance policial que se extendió por más de cuatro horas con persecuciones, balazos de goma y detenciones que fueron denunciadas como “ilegales”.
La jornada, que coincidió con el aniversario de la muerte de Manuel Belgrano en 1820, terminó con 170 heridos y al menos 60 detenidos.
Fuente: Télam
