Vasco Baigorri denuncia “presión psicológica” y falta de orden judicial en el desalojo de Puente Quemado II

La usurpación de tierras en la zona de Puente Quemado II ha escalado a niveles críticos tras un operativo policial cargado de irregularidades. Vasco Baigorri, en comunicación con Radio Lateral, calificó lo sucedido como una flagrante injusticia, denunciando que el procedimiento no respetó las pautas jurídicas vigentes en la provincia de Misiones.

Según Baigorri, cerca de cincuenta efectivos policiales se presentaron en el lugar sin exhibir ninguna orden oficial de desalojo, utilizando la intimidación como principal herramienta.

El operativo, que Baigorri describió como una táctica de presión, se llevó a cabo a pesar de que existe una apelación en curso que debería haber suspendido cualquier acción de desalojo. “No se ha respetado. No había ninguna orden de desalojo y sin embargo se presentaron como cincuenta policías, personal uniformado. Dicen que estuvo un juez de Jardín América. Nunca exhibieron ninguna orden de nada, pero presionaron psicológicamente a la a la comunidad para lograr que se movilizaran”, relató con indignación el entrevistado.

Baigorri enfatizó que la justicia local ha ignorado sistemáticamente las pruebas presentadas por la comunidad, incluyendo la personería jurídica y el relevamiento territorial realizado por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) bajo la Ley 26.160. “El juez no tomó en cuenta las pruebas presentadas por la comunidad como la personería jurídica, el relevamiento de la ley 26160, el INAI le ha hecho llegar una certificación diciendo que el terreno, el lugar donde está la comunidad, forma parte del territorio”, explicó.

La situación se enmarca en una disputa de larga data con un particular de apellido Ruf, un conflicto que ya ha tenido episodios de violencia y hostigamiento previos. Baigorri vinculó este hecho con una estrategia deliberada para forzar lo que las autoridades llaman un “desalojo voluntario”, pero que en realidad es fruto del temor infundido por la presencia de 50 policías armados. “Lo que se ha utilizado básicamente es el temor de la gente. Son casi treinta familias con niños, etcétera. Y esto es algo que realmente es preocupante”, advirtió.

La responsabilidad por este atropello recae, según el entrevistado, directamente sobre el Poder Judicial de Jardín América. Baigorri señaló que un juez y un secretario estuvieron presentes a la distancia, pero evitaron el diálogo directo. “La policía es una herramienta del Poder Judicial. No actúa por propia voluntad (…) pretenden hacer creer que ha sido voluntaria la salida de la gente de ese territorio. Si vos tenés cincuenta policías armados, tenés un juez, tenés un secretario, ya te pasó que hace cuatro meses. ¿Cinco meses? Te detuvieron, te secuestraron los teléfonos, la experiencia no da como para decir. «Bueno, no nos movemos»”, fustigó.

Para Baigorri, lo ocurrido en Puente Quemado II trasciende el conflicto particular y pone en jaque la credibilidad de todo el sistema judicial de Misiones. “Lo que se ha violentado y pone en duda para el resto de los ciudadanos de la provincia de Misiones, es si pueden considerar que el sistema judicial está actuando como debe actuar o como le interesa actuar. Es sumamente grave este acontecimiento”, afirmó, calificando la situación como un atropello a los parámetros de una justicia equitativa.

El relato de la escena describe un ambiente de asedio, donde las familias ni siquiera se atrevieron a registrar lo que pasaba por miedo a represalias previas, como el secuestro de sus teléfonos celulares. Baigorri detalló: “Un juez o un secretario de juzgado leía sobre la propiedad privada, sobre que era un predio privado (…) y que bueno que iban a tener que salir y toda una serie de presiones al punto tal que la gente no se animó a sacar fotos porque la vez pasada les secuestraron los celulares”.

Hacia el final de la entrevista, Baigorri confirmó que la resistencia inicial de la comunidad, que exigía la orden de desalojo nunca mostrada, se vio quebrada por la movilización forzada. No obstante, advirtió que este hecho ha generado un efecto dominó de indignación en otras comunidades guaraníes de la zona. “Esto ha movilizado al resto de las comunidades y bueno, el eco va a ser bastante movido”, concluyó, anticipando nuevas acciones en defensa de los derechos territoriales indígenas.