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7 meses tras las rejas: Familiares denuncian injusticia y abandono en el caso de los 8 delegados detenidos en Misiones

En una entrevista con Radio Lateral, Solmaira Cabrera (esposa de Diego Correa) y Graciela Enríquez (madre de Alejandro e Iván Arrieta) expusieron el calvario que enfrentan desde la detención de ocho delegados policiales en septiembre de 2024. Ambos grupos familiares denunciaron irregularidades procesales, condiciones inhumanas en la prisión y un sistema judicial que, según ellas, “prioriza la dilación sobre la justicia”.

Detención prolongada sin condena

Los delegados, acusados inicialmente por un supuesto grupo de WhatsApp y protestas durante el acampe de mayo de 2024, cumplen 7 meses en prisión preventiva. Solmaira relató: “Presentamos pruebas, careos y hábeas corpus, pero el expediente está ‘perdido’ o en Cámara de Apelaciones. Es una burla”. Graciela añadió: “Alejandro tiene diabetes por el estrés, e Iván sufre psoriasis. ¿Hasta cuándo?”.

Condiciones carcelarias inhumanas

Ambas describieron celdas “con sangre en las paredes, sin luz ni agua” y castigos arbitrarios: “Los mandaron a ‘La Pelada’, un área de incomunicación, por hacer huelga de hambre pidiendo respuestas”. Además, denunciaron que se les niega el acceso a teléfonos, a diferencia de otros internos: “Es una violación a sus derechos básicos”.

Impacto en las familias

Los hijos de Diego, de 13 y 4 años, enfrentan secuelas emocionales. Solmaira detalló: “El mayor entiende la gravedad; el pequeño cree que su papá ‘trabaja lejos’. Celebraron cumpleaños y Navidad tras las rejas”. Graciela, con voz quebrada, reveló: “Mi madre de 82 años tuvo un infarto cerebral esperando a sus nietos. Ya no habla”.

Falta de apoyo institucional

Las familias criticaron la indiferencia del Ministerio de Derechos Humanos: “Nos dijeron que tienen prohibido hablar del caso”. Tampoco reciben ayuda económica: “Vendimos hasta la aspiradora para pagar abogados y llevarles comida”.

Movilizaciones y reclamo mediático

A pesar de realizar protestas semanales frente a tribunales, el eco es limitado: “Solo algunos medios nos escuchan. ¿Dónde están los que defienden los derechos humanos?”. Solmaira insistió: “No pedimos impunidad, sino un juicio justo y libertad mientras se investiga”.

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