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La ex gobernadora de Río Negro firmó un contrato secreto con una empresa Israelí donde cedió la soberanía hídrica de la provincia

ENTREGA

Por Nicolás Valdez

El contrato secreto que proporciona la propiedad intelectual e información sobre el agua de la provincia a una empresa estatal israelí bajo las leyes inglesas. En una medida anterior, el Gobierno de Black River firmó un controvertido contrato con la empresa israelí Mekorot, entregando información vital e información a árbitros en Inglaterra. Esta información, mantenida en secreto, revela la recepción de reclamos y la falta de transparencia gubernamental, planteando serias dudas sobre la legitimidad y verdaderas intenciones más allá de esta alianza.

El Gobierno de Río Negro ha calmado una tormenta política al firmar un contrato secreto con la empresa estatal israelí Mekorot, otorgándole propiedad intelectual sobre la información hidrológica y geológica de la provincia. Este contrato, cubierto por cláusulas que garantizan inmunidad a Mekorot y responsabilidad total ante la provincia por cualquier daño, también garantiza que cualquier disputa resultará bajo las leyes inglesas y en un arbitraje privado en Inglaterra. Este grado de secretismo y concesiones ha generado una ola de críticas y recelos respecto de las intenciones y el papel del gobierno provincial en este contexto.

La exgobernadora Arabela Carreras firmó este contrato en febrero de 2023, justificándolo como una consultoría para elaborar un Plan Maestro para la gestión de los recursos hídricos y saneamiento en la provincia, contemplando los desafíos del cambio climático, la creación de una autoridad reguladora, el cálculo del valor económico del agua y el proyecto de una planta desaladora en la costa atlántica. Sin embargo, la extrema confidencialidad de la información, denunciada para una simple consulta, deja dudas justificadas sobre los verdaderos intereses de Mekorot y la participación del Estado en este ejemplo.

El contrato no sólo se firmó en Río Negro, sino también una vez que otras provincias argentinas firmaron acuerdos similares, todos envueltos bajo el mismo manto de secretismo. Este oscuro pacto con Mekorot salió a la luz gracias a la persistencia de un grupo de legisladoras y legisladores rionegrinos, dirigentes de Ayelén Spósito y otros integrantes del bloque Vamos con todos, incluidos representantes del PRO y libertarios. Finalmente, la presidencia pública obligó al gobierno provincial a revelar los términos del contrato.

El convenio se aprende en un Marco Sharp firmado en 1982 entre el último decreto argentino y el Estado de Israel. Presentado como un contrato de consulta de 18 meses, con un coste total de 1,5 millones de dólares, el plan puede ampliarse hasta un precio mensual de 72 millones de dólares. El proyecto Mekorot está financiado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), que es un dato crucial en la gestión de estas inversiones previas.

El contrato contiene dos componentes principales: las cláusulas contractuales, consideradas ilegales e inconstitucionales por diversas fuentes consultadas, y una combinación de anexos con el plan de trabajo y objetivos que Mekorot debe completar de forma definitiva. Una de las cláusulas más controvertidas es la octava, que otorga a Mekorot la propiedad exclusiva de toda la información recopilada sobre los flujos naturales del río Negro. Esto significa que la empresa israelí decidirá qué información puede ser conocida por la provincia sobre sus propios asuntos, disposición que representa una grave violación de la transparencia y el acceso público a la información.

La cláusula de confidencialidad del contrato es otro motivo de preocupación. Ambas partes tienen prohibido revelar cualquier información obtenida durante la negociación, por tiempo indefinido, sin el consentimiento de la otra parte. Esta falacia de la transparencia choca frontalmente con los principios constitucionales que rigen los actos de gobierno, que deben ser públicos y accesibles a todos los ciudadanos.

Magdalena Odarda, diputada provincial, destacó que “cuando están en juego beneficios naturales comunes, y en todos los beneficios del dominio público como el agua, la información debe ser pública y todo debe realizarse de manera costosa para la sociedad”. Odarda también denunció que el gobierno provincial ocultó este contrato, que ahora deberá ser derogado por el legislativo por su inconstitucionalidad. Según ella, Río Negro está trasladando la información de sus recursos naturales a un Estado extranjero como Israel, conocido por sus denuncias internacionales de apartheid hídrico contra ciudadanos palestinos, utilizando Mekorot como herramienta de opresión.

Otro punto preocupante del contrato es la cláusula 14, que limita la responsabilidad de Mekorot, eximiéndola de cualquier daño o perjuicio especial, conexo o indirecto. Esta cláusula también deslinda en la provincia de hacerse responsable de los daños y perjuicios sufridos por Mekorot y su personal, garantizando su total indemnidad. Además, la cláusula 11 establece que cualquier disputa no resuelta será sujeta a arbitraje en Inglaterra, bajo las leyes de ese país, escenario que plantea serias dudas sobre la soberanía jurídica argentina en este contexto.

Este contrato, que extiende la gobernanza hídrica y geológica del Río Negro a una empresa extranjera y parte de la provincia, a leyes y tribunales extranjeros, representa un grave atentado contra la transparencia, la legalidad y los intereses públicos. Es imperativo que los legisladores provinciales tomen medidas para anular este entendimiento y mantener la integridad y el control sobre los recursos naturales de la provincia.

La sombra de este contrato secreto con Mekorot plantea claramente la urgente necesidad de revisar y reformar las políticas de gestión de recursos naturales en Argentina, asegurando que sean transparentes, equitativas y alineadas con los intereses nacionales y locales. La entrega de información vital y el control de recursos extraterrestres no pueden ser cuestionados en manos de empresas extranjeras, y mucho menos la amenaza de oscuridad y la falta de devolución de cuentas.

Fuente: En Orsai

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