Tierra del Fuego en la mira: La soberanía no se entrega

22 mayo, 2025

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Para cumplir con las exigencias del Fondo Monetario Internacional, el presidente Javier Milei avanza sin rodeos en el desarme del subrégimen industrial de Tierra del Fuego. Pero no se trata solamente de la emblemática Ley 19.640 —que, recordemos, requiere pasar por el Congreso para ser modificada— sino también de un entramado de decretos y resoluciones ministeriales que otorgan beneficios concretos a productos específicos fabricados en nuestra provincia. El golpe, por tanto, es al corazón del subrégimen.

Por La Cámpora Tierra del Fuego

En Río Grande, fábricas que producen dispositivos de marcas como Samsung, y en Ushuaia, de Motorola, validan día a día su estándar internacional. No es un eslogan patriótico: son las propias marcas globales las que certifican la calidad de nuestros procesos productivos y ponen su nombre en los productos hechos aquí. Pero este subrégimen industrial no depende únicamente del marco legal. Las condiciones macroeconómicas —tipo de cambio, apertura a las importaciones, presión impositiva y consumo interno— son igual de determinantes.

La inflación baja, sí, pero al precio de un dólar artificialmente retrasado. Este “dólar barato” incentiva a los argentinos a comprar productos en el exterior —particularmente en países limítrofes como Chile o Brasil— y traerlos como parte del equipaje personal. A esto se suma la flexibilización del régimen de importaciones para productos de uso personal: se puede comprar hasta 3.000 dólares sin pagar impuestos, y con una franquicia de 400 dólares libres.

El resultado es una tormenta perfecta para los trabajadores y trabajadoras de la provincia.

Hace unos días, el gobierno nacional fue un paso más allá: anunció la baja de los derechos de importación para celulares y la reducción del diferencial impositivo para televisores y aires acondicionados.

Es una estocada directa a la competitividad de la industria fueguina, no solo frente a los productos del extranjero, sino también frente a los fabricados en el resto del país. Lo curioso —y preocupante— es el contexto internacional. Mientras el mundo gira hacia el proteccionismo, mientras Trump reaviva una guerra comercial con China, subiendo aranceles y cerrando fronteras, Argentina decide abrirse sin red. En lugar de consolidar una política industrial con mirada estratégica, Milei desmantela 50 años de desarrollo fueguino para sostener un tipo de cambio ficticio, financiado con los 20 mil millones de dólares del FMI.

A un mes del acuerdo con el FMI, ya no quedan dudas: el gobierno avanza contra Tierra del Fuego con una velocidad inquietante. Y este embate sobre una política de soberanía se da, casualmente, mientras Estados Unidos intenta instalar una base de submarinos nucleares en nuestras costas.

¿Será que la admiración de Milei por Margaret Thatcher también incluye aceptar bases de la OTAN en suelo argentino?

Por si quedaban dudas de que esto no es una medida económica sino una jugada política, el encargado de anunciarlo fue Manuel Adorni. Con su habitual tono de stand up institucional, trató de vender como una buena noticia lo que en realidad es un retroceso estratégico. El gobierno apuesta a cambiar soberanía por marketing electoral: celulares un poco más baratos a cambio de desmantelar una política industrial clave. Tal vez piensan que una selfie con un iPhone nuevo alcanza para ocultar el vaciamiento del sur del país. Pero la industria no es un meme, y la soberanía no se canjea en cuotas sin interés.

Tierra del Fuego no es un costo a recortar. Es una política de Estado que encarna el federalismo real, la soberanía territorial y el desarrollo estratégico. Defender la industria fueguina no es un capricho localista. Es defender la soberanía nacional.

Porque Tierra del Fuego no es un gasto: es soberanía. Porque la industria no es privilegio: es justicia territorial. Porque no queremos un país más barato, sino uno más digno.

La soberanía no se entrega. Se defiende.