El grupo de Telegram fue creado –vaya paradoja– el 17 de octubre pasado como una suerte de comité de crisis después que trascendiera que un grupo de funcionarios judiciales viajó por invitación de directivos del Grupo Clarín a la zona del Lago Escondido, encerrada en el latifundio del magnate británico Joe Lewis, amigo personal del expresidente Mauricio Macri.

El grupo fue creado por Pablo Casey, director de Asuntos Legales e Institucionales del Grupo Clarín y sobrino de Héctor Magnetto. Y lo integran el CEO de ese grupo empresario Jorge Rendo; los jueces Pablo Yadarola, Julián Ercolini, Pablo Cayssials y Carlos «Coco» Mahiques; el ministro de Seguridad de CABA, Marcelo D’Alessandro; el exjefe de Legales de la SIDE y dueño de una consultora de medios Tomás Reinke y Leo Bergot, quien en realidad es el exhombre de la SIDE Leonardo Bergroth. Todos formaron parte del misterioso viaje en un chárter al sur que trascendió por la denuncia de dos dirigentes del Frente de Todos de Bariloche.

El grupo se llama «Operación de Página/12» porque fue ese diario el que contó sobre esa relación con apariencia indubitable de promiscuidad. Las conversaciones parciales de ese grupo trascendieron en las últimas horas y son un escándalo. Todos aseguran no haber hecho «nada malo», pero se empecinan en prefabricar y adulterar pruebas, inventar coartadas, incluso fabricar facturas truchas para demostrar que todo fue legal. Y prometen cobrarse venganza con quien suponen que fue el responsable de filtrar esa «reunión de amigos»: el jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), José Glinski (foto).

Del intercambio surge clara la presencia del Grupo Clarín en el viaje. Mientras todos discutían cómo hacer figurar que habían pagado cada uno su viaje y alojamiento, el directivo Pablo Casey les transmitió un mensaje: «Muchachos, más allá de todo lo que paguen, quiero decirles que yo me encargo de todo porque es mi responsabilidad», a lo que Yadarola, magistrado, le responde: «Pablo, ni lo digas. Somos un grupo y fuiste más que generoso en la invitación».

Jorge Rendo fue quien recibió a los viajeros en el Aeropuerto de Bariloche el 13 de octubre pasado. Se mostró preocupado por eso, ante la posible difusión de imágenes. «El tema de las cámaras es que en el aeropuerto de Bariloche estábamos Pablo (supuestamente Yadarola, aunque también podría ser Casey) y yo esperándolos y nos subimos juntos a las camionetas». El juez Pablo Yadarola le responde: «Cierto, Jorge. Ahí podemos estar juntos en imágenes».

Rendo (foto) fue también el garante de que nada apareciera en los medios del Grupo. Y quien operó para diluir la trascendencia en el suyo y en otros medios, a punto tal que el 20 de octubre abrió la ronda de chat con una evaluación: «Yo no vi nada hoy. Creo que, si no hay ningún ‘hecho nuevo’ el tema está terminado mediáticamente».

Los jueces Ercolini y especialmente Yadarola son los más activos en buscar cómo afrontar la situación dando apariencia de normalidad y legalidad. «Difícil de explicar que todos juntos fuimos a otro lado sin dejar cabos sueltos», reconoció Ercolini. Su colega Cayssials directamente propone mentir sobre el lugar en el que estuvieron: «Puedo conseguir una casa a la que fuimos a Bariloche. Es de un amigo que puede decir que nos la prestó». Y propone fabricar otra realidad: «De paso si quieren el mes que viene vamos de verdad ahí y nos sacamos las fotos con él ahí y cerramos todo». Ercolini parece entusiasmado: «Si se consiguiera eso, sólo queda la idea de confabulación, que es la nada misma. Salvo que tengan más».

Juez Cayssials. Armando coartadas.

 

Todos aseguran que el expresidente Macri no tuvo nada que ver con el viaje. Se burlan de las especulaciones en ese sentido y Casey incluso dice que «Macri no debe entender nada!!!! Jajaja». Pero hablan de otros viajes anteriores, con los mismos y otros personajes. Siempre invitados por el poder real, siempre en secreto. Hasta que trascendió.

El juez Yadarola le apuntó directamente al jefe de la PSA. «Eso no lo hacen sin una orden de la conducción política, José Glinski. Para anotarlo porque es el responsable». A Glinski le prometen de todo, menos justicia. El ministro porteño D’Alessandro le anunció al grupo: Si en algún momento me tocara ser ministro de Nación, lo primero que hago es disolver la PSA». Yadarola anuncia: «Estoy seguro que nos volvemos a cruzar en cualquier momento», ante lo que D’Alessandro le formula un pedido por anticipado: «Dame el gusto de ir a buscarlo con un patrullero nuestro que lo hago cagar».

«Estoy caliente y motivado para hacer la denuncia penal al puto de la PSA. Conténganme porque se me acaba la paciencia!», anuncia el juez de la Cámara de Casación, Carlos Mahiques. Bergroth cumple: «Coco, cuando tengamos cerrado todo pasamos a la ofensiva. Todavía me parece que hay fuego de todos lados y de toda clase. Nos tenemos que juntar para la estrategia». Pero Mahiques está desatado: «Estaría bueno instalar la idea de un espionaje con intervención de un organismo estatal de seguridad (la PSA) en los medios. Y enfatizar el fake de la noticia. Nos cargamos a la PSA. (…) Habría que hacerle llegar al PSA que le vamos a tirar con munición gruesa y que mejor no entregue nada más».

Mahiques: “¡Agárrenme que lo mato!”

Tarde. El directivo de Clarín Pablo Casey anuncia al grupo: «Ya se lo hice llegar». Y D’Alessandro saca pecho: «A mí me mandó a preguntar si quería hablar con él… Le dije q no hacía falta q en algún momento la vida nos iba a cruzar. Tengo la mejor alcaidía para que le den una linda bienvenida».

El juez Yadarola se ufana de ser quién más conoce a Glinski por razones de su trabajo como juez en lo Penal Económico. «No debe estar tampoco nada tranquilo. Según dicen este Glinski es de la Cámpora y de Cristina. Habla con ella directo, y más aún desde la causa de los copitos, cuando se desplazó a la PFA y entró la PSA en escena». Más aun; ante señales que indican que Glinski no tuvo nada que ver con la filtración, el juez Yadarola especula levantando la apuesta: «si no fueron, se debe querer matar porque sabe efectivamente que nosotros pensamos que es él. Para un jefe de una fuerza es más o menos verse preso».

En los diálogos, el juez Mahiques reconoce tácitamente la existencia de sellos de goma y denunciadores seriales que llevan a tribunales denuncias por encargo. «Hay que denunciar el espionaje ilegal y la violación de los deberes de funcionario al jefe de la PSA. (…) El tema es si lo hacemos nosotros o una ONG o tercero». Ercolini se sincericida en la respuesta: «Eso después sí. (…) Después vemos el tercero».

El grupo también muestra su desprecio por periodistas identificados con nombre y apellido y desnuda cómo negocia y presiona a dueños de medios para frenar la publicación de la información.

Tailhade. Lo aborrecen.

El desprecio es extensivo al gobierno. El juez Yadarola reaccionó a los tuits de funcionarios y dirigentes oficialistas sobre el viaje inexplicable: «que se dediquen a twittear todo lo que quieran. Tienen fecha de vencimiento, se van a ir». Al ministro de Justicia, Martín Soria, lo llaman «payaso»; a Rodolfo Tailhade, «burro» o «idiota»; a Cristina Kirchner, «la mina».

El chat es un intento permanente de ocultar qué fueron a hacer todos juntos a Lago Escondido. Tan patético es todo que incluso se les ocurrió justificar que se trató de «dos días intensivos de clases de pesca con mosca».

Los jueces y las truchas

Hackearon al ministro de Seguridad y se difundieron diálogos con jueces y hombres de negocios

Los jueces federales Pablo Yadarola, Carlos Mahiques, Julián Ercolini y Pablo Cayssials acordaron mentir que ellos habían pagado por su viaje en un avión privado el 13 de octubre a Bariloche, y por su alojamiento en Lago Escondido, la propiedad de Joe Lewis frente al lago, y ocultar que fueron transportados en helicóptero al centro de esquí. Aquí podés escuchar a Ercolini formulando una propuesta.

Para ello decidieron conseguir facturas falsas que mostraran que cada uno había costeado su pasaje y declarar que desde Bariloche viajaron en camionetas a la estancia del magnate inglés, donde también decidieron simular que habían pagado dos días de alojamiento.

En realidad, el viaje fue por invitación del Grupo Clarín, dos de cuyos principales directivos formaron parte de la partida:

  • Pablo Casey, sobrino de Héctor Magnetto y director de Asuntos Legales e Institucionales de Telecom, y
  • Jorge Rendo, director de asuntos exteriores del grupo.
De derecha a izquierda, Héctor Magnetto, su hija Marcia y su sobrino Pablo Casey.

 

SOBRE LOS AUDIOS (que pueden escuchar entrando a la nota de El cohete a la luna):

*Por eso, El Cachila Casey, hijo de Alicia Chita Magnetto, propone obtener recibos antedatados.

*También se ofreció a cubrir todos los gastos que implicara la simulación.

*Ercolini es quien más insiste en la necesidad de coordinar una versión única para no contradecirse.

*Los chats entre ellos, incluyendo audios con su voz, forman parte de una filtración realizada por hackers en el sitio https://breached.vc/, que piden 600 dólares a pagar en las criptomonedas bitcoin o Monero, por 500 MB de información.

*Jorge Rendo le sugiere a Ercolini cómo apretar a los Saguier.

*El hackeo se realizó en el teléfono del Ministro de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro.

Además de combinar la versión que darían del acontecimiento, se preocupan por presionar a distintos medios de comunicación para que no cubran el tema o incluso para que diseminen una versión inocente donde aparezcan como víctimas de un espionaje ilegal. También tratan de precisar cómo se produjo la filtración y analizan la posibilidad de presentar una denuncia penal por espionaje, alegando que se trata de actos de la vida privada. Yadarola cree que el responsable fue el jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, José Glinksi, via Mariano Recalde, y anuncia en tono amenazante que ya se cruzará con el. D’Alessandro agrega que si le tocara ser ministro del gobierno nacional, disolvería la PSA. Pero también sospechan del órgano de control de los aeropuertos (ORSNA), y temen que además de la planilla de vuelo con la nómina de pasajeros aparezcan fotos y filmaciones del arribo a Bariloche. Sobre todo, del momento en que ambos gerentes del Grupo Clarín reciben a los magistrados. El viaje a Lago Escondido fue revelado por el periodista Raúl Kollman. Entre los contactos que acuerdan realizar figura Julián Leunda, a quien se refieren como enlace con Fabián de Sousa, responsable de C5N. Según dicen, les prometió que la señal de noticias no destacaría el tema. En ningún momento dicen que Alberto Fernández lo había designado en agosto como jefe de asesores de la presidencia.

Julián Leunda, con corbata oscura. La gestión ante C5N

También disponen hablar con los columnistas de La Nación Joaquín Morales Solá y Paz Rodríguez Niell  y mencionan que los hermanos Saguier, accionistas del diario, también estuvieron allí en otra oportunidad.

Además preguntan quién puede hablar con el accionista de Infoemba, Daniel Hadad. El ministro D’Alessandro les informa que Infoemba no tocará el tema. Otros periodistas, como Kollman, Irina Hauser, Pablo Duggan, Carlos Pagni, Víctor Hugo Morales o Hugo Alconada Mon son descalificados con gruesos insultos. En un momento plantean la posibilidad de decir que se trató de una excursión de pesca, pero uno de los miembros del chat informa que todavía no se inauguró la temporada, por lo que esa coartada sería contraproducente. Es llamativa la cautela de Casey y Rendo, quienes temen que una intervención suya en los medios del Grupo Clarín obre como confirmación de los hechos, que preferirían negar. Plantean hacerlo a través de intermediarios.

Los demás asistentes fueron

  • el ex jefe de Legales de la Agencia Federal de Inteligencia Leo Bergroth;
  • el especialista en campañas electorales en medios digitales Tomás Reinke y
  • el hijo de Mahiques, Juan Bautista, jefe de los fiscales porteños.

Estos son algunos antecedentes de los jueces invitados, cuyos chats abundan en datos sobre comidas, bebidas y cigarros y en alusiones escatológicas que se celebran con risotadas:

  • Pablo Gabriel Cayssials. Anuló la adecuación obligatoria del Grupo Clarín a la ley audiovisual; permitió al ex jefe de gabinete Marcos Peña Braun utilizar la base de datos de la Anses para sus comunicaciones publicitarias; declaró inconstitucional la gratuidad universitaria y el ingreso irrestricto y convalidó el aumento del 300% en las tarifas del agua; le ordenó a la AFIP que se abstuviera de aplicar la resolución 4838 porque violaría el secreto profesional de abogados y contadores, al obligarlos a informar las maniobras de supuesta elusión o evasión fiscal de sus clientes. También declaró inconstitucional el artículo de la ley del Ministerio Público que sólo admite la remoción de su titular por juicio político. La causa fue iniciada por el Colegio de Abogados de la City de Buenos Aires y seguida por su agrupación de choque político “Será Justicia” y su fallo forzó la renuncia de la Procuradora General Alejandra Gils Carbó. Fue uno de los jueces del fuero contencioso administrativo que ordenaron al Banco Central la venta de dólares al precio oficial para importaciones que el Poder Ejecutivo no había autorizado.
  • Pablo Yadarola, uno de los jueces del fuero penal económico, que trabaja con organismos del gobierno de los Estados Unidos. En 2018, por ejemplo, secuestró armas de alto calibre que llegaban al país por correo, con etiquetas de ropa deportiva. El dato fue provisto a su juzgado por Homeland Security.
  • Julián Ercolini es el juez federal que atribuyó al Grupo Indalo una venta simulada de sus empresas y detuvo a sus accionistas Cristóbal López y De Sousa, cuando se negaron a poner esos medios al servicio de la demolición mediática de CFK que les solicitó Maurizio Macrì. La esposa de Ercolini fue secretaria del ex ministro de Justicia Germán Garavano. También procesó a CFK en tres causas, sólo superado por el doctor Glock. Fue uno de los que sostuvo que desde 2003 hasta 2015, Cristina formó parte de una Asociación Ilícita. En cambio sobreseyó al Número 2 de Techint, Luis Betnaza, aduciendo que no había pagado un soborno sino el rescate exigido por el gobierno venezolano de Hugo Chávez por la seguridad y la libertad de los ejecutivos de la planta de Techint en el Orinoco, Sidor. En 2016 sobreseyó al tío de Casey, a Bartolomé Mitre y Ernestina Herrera en la causa por Papel Prensa, porque no encontró que la venta de las acciones en 1976 haya sido parte de delitos de lesa humanidad.

 

 

El interés público

Este material, que requeriría un estudio en profundidad, imposible de realizar un sábado de cierre, plantea un dilema deontológico. Como la propia fuente lo dice, es producto de un hackeo, una intromisión en la privacidad de esos funcionarios públicos y hombres de negocios con el Estado. Pero tanto la Corte Suprema de Justicia de la Argentina, como la de Estados Unidos y los sistemas regional y universal de protección de los derechos humanos, afirman que la difusión de los temas de interés público, cuya divulgación resulte útil para que la comunidad se mantenga informada sobre asuntos que puedan afectarla, se conozca sobre aspectos que incidan en el funcionamiento del Estado, afecten intereses o derechos generales, o acarreen consecuencias importantes, gozan de una protección mayor, aunque incluyan aspectos de la vida privada, cosa que en este caso hemos evitado.

Sólo se reproducen aquí tramos de indudable relevancia pública. Como dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos  “aquellas personas que influyen en cuestiones de interés público se han expuesto voluntariamente a un escrutinio público más exigente y, consecuentemente, se ven expuestos a un mayor riesgo de sufrir críticas, ya que sus actividades salen del dominio de la esfera privada para insertarse en la esfera del debate público”. Es posible, incluso, que estos documentos muestren a funcionarios públicos preparando la comisión de un delito.

Fuente: Pájaro Rojo