Eduardo Barcesat y la crisis institucional argentina: nulidad absoluta del DNU 70/23 y el alerta por la venta de ciudadanía

El reconocido abogado constitucionalista Eduardo Barcesat dialogó con el equipo de Radio Lateral sobre la gravedad institucional que atraviesa la República Argentina tras los recientes fallos de la Corte Suprema de Justicia y los debates normativos en el Congreso de la Nación.

Barcesat comenzó analizando la actuación del máximo tribunal respecto a la cautelar presentada por el CESIM de La Plata contra la derogación de la Ley de Tierras contenida en el DNU 70/23. Calificando la resolución judicial como un simple paliativo, el jurista afirmó categóricamente: “Este fallo que dictaron quita el dolor, pero no remedia”, al omitir el verdadero control de constitucionalidad sobre el decreto del Poder Ejecutivo.

Barcesat fundamentó que el DNU 70/23 padece de una inconstitucionalidad de origen insubsanable según lo dictamina taxativamente el artículo 99, inciso 3, segundo párrafo de la Carta Magna: “El Poder Ejecutivo Nacional en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable podrá emitir disposiciones legislativas”. Explicó que la división de poderes constituye la piedra basal del Estado de Derecho y que cualquier norma emitida vulnerando las facultades exclusivas del Congreso debió ser fulminada de oficio por los jueces desde el primer momento.

En vísperas del tratamiento legislativo del DNU en la Cámara de Diputados, el constitucionalista marcó una diferencia crucial entre los conceptos de ‘derogación’ y ‘anulación’, criticando la postura timorata de ciertos sectores parlamentarios. “Derogar se deroga lo que era válido en su proceso de creación… en cambio la nulidad es un concepto distinto porque indica que el acto o la norma nunca tuvo validez en el derecho”, precisó. Remarcó que la anulación retrotrae los efectos al 20 de diciembre de 2023, anulando la enajenación de tierras y recursos naturales realizada bajo la vigencia del decreto y responsabilizando legalmente a sus firmantes.

Asimismo, el especialista lanzó una severa alerta frente al anunciado ‘Programa de Ciudadanía por Inversión‘, régimen promovido por el Ejecutivo para otorgar la nacionalidad argentina a extranjeros mediante aportes financieros o compra de bonos. Barcesat advirtió que esta medida constituye un salvoconducto para eludir los límites de la Ley de Tierras, permitiendo a compradores foráneos adquirir extensiones ilimitadas del territorio nacional una vez naturalizados.

El abogado denunció que dicho régimen distorsiona abiertamente el artículo 20 de la Constitución Nacional y las exigencias de residencia permanente, transformando al país en una guarida de especulación financiera. “Es para convertir a la Argentina en un aguantadero fiscal”, aseveró Barcesat, anticipando que de concretarse la reglamentación lloverán denuncias penales y acciones de amparo en la justicia contra los funcionarios promotores.

Al evaluar la calidad democrática del régimen actual, el jurista fue contundente al manifestar que la Argentina carece de un Estado de Derecho pleno cuando las autoridades nacionales avasallan la Carta Magna y los tribunales omiten juzgar la supremacía legal. Para respaldar su postura, citó los preceptos del exministro de la Corte Suprema Luis María Boffi Boggero: “Cuando un poder del gobierno federal no ejerce las competencias que la Constitución le confiere, esas atribuciones son inmediatamente apropiadas por quien carece de ellas, con lo que la Constitución Nacional deja de regir en la misma medida”.

Por último, Barcesat se refirió al reclamo internacional presentado por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU en relación a la nulidad de la Causa Vialidad. Aunque reconoció el peligro de que la actual Corte desoiga los fallos de organismos supranacionales, concluyó que la verdadera garantía institucional reside en la movilización consciente del pueblo argentino en defensa de la Constitución y sus libertades democráticas.