La crisis oculta de los vigiladores en Misiones: salarios de hambre y un Estado cómplice
Salarios de miseria
Sergio Soria, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Seguridad Privada de Misiones (SUTRAS), revela una realidad escalofriante: miles de vigiladores cobran entre $200.000 y $250.000 pesos mensuales por jornadas de 12 horas diarias, incluso en barrios peligrosos. “La gente necesita trabajar… los ponen en barrios peligrosos con sueldo bajísimo”, denuncia. Estos montos están muy por debajo de la canasta básica, sumergiendo a los trabajadores en la pobreza extrema.
Empresas fantasma y corrupción
El sindicalista expone que muchas empresas de seguridad “no existen” legalmente, pero operan con impunidad gracias a conexiones políticas: “Hay empresas que no tienen un solo papel… son de un comisario o de alguien del poder”. Estas firmas, vinculadas a funcionarios provinciales, facturan millones mientras evitan blanquear empleados y eluden controles. Peor aún, el Estado provincial les paga por servicios no rendidos, como cámaras de seguridad inoperativas.
La farsa de la seguridad pública
Mega Seguridad, una empresa clave, recibió contratos millonarios durante la gestión de Jorge Daniel Franco (ministro de Gobierno de Hugo Passalacqua). Sin embargo, según Soria, el 80% de las cámaras en Oberá, San Vicente y otras localidades no funcionan: “No están controladas, no están reparadas… pero el Estado les paga regularmente”. Esto compromete la vida de ciudadanos y agentes, mientras las empresas priorizan la facturación sobre el servicio.
Sindicalismo combativo vs. mafias organizadas
El SUTRAS —nacido en 2017— enfrenta no solo a empresarios y el Estado, sino también a un sindicato “oficialista” que opera para las patronales. Soria lo define sin tapujos: “Tratan de entregar compañeros… sacan fotos para mostrárselas a los empresarios”. Además, denuncia que gremios nacionales inflan padrones con “votos de muertos” para mantener su dominio.
El rol del Ministerio de Trabajo: omisión y complicidad
Silvana Giménez, titular de la cartera laboral provincial, es señalada como pieza clave del entramado corrupto. “Es hija de un secretario de UPCN… y amiga de los dueños de las empresas”, afirma Soria. Bajo su gestión, no se fiscalizan condiciones laborales ni contratos irregulares, mientras las empresas pagan aguinaldos en cuotas y violan derechos básicos.
“Hay que cambiar el gobierno provincial”
Para Soria, la solución es política: “Primero como diputado o concejal no se consigue nada. Acá hay que cambiar el gobierno de la provincia”. Exige licitaciones transparentes, una cámara empresarial independiente y el fin de los “contratos directos” amparados por el oficialismo. Concluye con un llamado urgente: “Si no, seguiremos igual. La gente está desganada de votar, pero es la única salida”.
