La mafia del desmonte: Denuncias, corrupción y allanamientos de la justicia federal en Chaco
La gestión del gobernador Leandro Zdero está bajo la lupa debido a graves denuncias de corrupción y prácticas ilegales vinculadas con el desmonte en la provincia del Chaco. Una investigación en marcha, pruebas contundentes y una ley de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo (OTBN) con fuertes críticas empezaron a horadar al gobierno.
La justicia federal ordenó la suspensión inmediata de los desmontes, en cabeza del ministro de Producción y Desarrollo Económico Sostenible, a cargo de Hernán Halavacs, hombre clave del gobierno de Zdero. Antes Halavacs trabajó como consultor para la familia Vicentín y para Las Guindas S.A., una empresa que es propiedad de la familia Urquía (Grupo Aceitera General Deheza).
Funcionarios y empresarios son investigados por actividades ilícitas, la acelerada destrucción de bosques nativos y los permisos por desmontes.
El gobierno de Zdero solicitó el tratamiento urgente y posterior aprobación del Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo. Lo hizo en la apertura de sesiones, el 1 de marzo y para el 30 de abril ya se estaba discutiendo la unificación de todos los despachos de OTBN que existían en la Legislatura Chaqueña. Un tratamiento irregular, liviano e inconsulto a universidades, especialistas y colegios vinculados al ambiente, todo a oscuras y aceleradamente.
Se probó la Ley 4005-R por parte del oficialismo chaqueño, una salida legal para el gobierno de Leandro Zdero y los sectores vinculados a la actividad forestal, representando un alarmante retroceso en la protección ambiental. Avasallando la Ley de Bosques, en contexto de una reciente aprobación de Ley de Bases y promoviendo condiciones para el Rigi y los mega negocios forestales.
La ley de OTBN, así como fue aprobada, representa una amenaza a más de 400.000 hectáreas (sobre las proyecciones de 1.200.000 hectáreas de bosques nativos) principalmente del Impenetrable Chaqueño y alrededores. Los departamentos Güemes y Brown, fueron históricamente un objetivo económico para los grandes negocios agrícolas y forestales. En este contexto de retroceso, se confirmó la voracidad empresarial y las facilidades que brindó “el cambio” de gobierno en Chaco y Argentina.
La lucha comenzó a dar resultados. Desde las reiteradas acciones de legisladores opositores a Zdero, dirigentes ambientales y organizaciones comunitarias, medios de comunicación amigos del monte, entre tantos eslabones de una misma cadena de defensa ambiental, logrando sostener en agenda una causa que comienza a tener los primeros resultados.
El abogado Enrique Viale, de Abogados Ambientalistas, es uno de los denunciantes ante el Juzgado Federal N°1 de Resistencia a cargo de la jueza Zunilda Niremperger, y quien adelantó la importancia de lograr la suspensión de los “permisos de desmonte” por 90 días en todo el territorio. En efecto, las investigaciones comenzaron a mover escritorios y funcionarios cuando ayer el séptimo piso de gobierno recibió la visita de Gendarmería Nacional por las investigaciones vinculadas a la causa mencionada.
En apenas ocho meses, los chaqueños en particular y los argentinos en general padecimos un avasallamiento legal, constitucional y ambiental, y las características de esta etapa no dan cuenta que esto se revierta fácilmente.
Queremos una defensa real de los recursos naturales y la vida de nuestra comunidad y necesitamos profundizar el debate con la sociedad y unirnos en la bandera de la dignidad para que no vendan la Patria en su conjunto, o por pedazos.
* Diputado de la provincia de Chaco y militante de La Cámpora.
Fuente: lacampora.org
