La motosierra del ajuste nuevamente cae sobre las mujeres: el Estado ya no cuida, destruye
Por Rocío Olguín
En nombre de una supuesta “eficiencia” económica, el gobierno de Javier Milei ha decidido avanzar con uno de los actos más simbólicamente violentos de su gestión: el desmantelamiento de las políticas públicas que tenían como objetivo la igualdad de género, la prevención de la violencia y el acceso a derechos básicos para mujeres y diversidades.
Esta semana, el Ministerio de Justicia anunció la eliminación de 13 programas bajo el argumento de que eran “ideológicos” y creados por el kirchnerismo. Entre ellos, el blanco de burla más destacado fue el programa MenstruAR, iniciativa que buscaba garantizar el acceso a productos de gestión menstrual en sectores populares. Un programa que costaba centavos, pero garantizaba salud, inclusión y dignidad.
Lo que Milei y su ministro llaman ideología, el Estado social lo reconocía como justicia. MenstruAR no era una ocurrencia: era la respuesta a una desigualdad real, la que impide a miles de niñas y adolescentes asistir a la escuela o realizar su vida cotidiana con normalidad porque no pueden pagar toallitas o tampones. Y además, daba la capacitación de los ciclos que cruza el cuerpo femenino dentro del periodo, cosa que pocos hablan, y que es primordial para la salud femenina. Pero claro, la motosierra no distingue entre lo accesorio y lo vital: arrasa.
El listado completo de los programas eliminados es una radiografía de lo que este gobierno desprecia: la promoción territorial de derechos, el fortalecimiento de organizaciones sociales que trabajan en territorio, el acceso a derechos para personas trans, la asistencia integral ante violencias extremas, la perspectiva de género en zonas rurales, la igualdad en el trabajo y la capacitación con enfoque de género en el sector privado.
Estos no eran planes millonarios ni cajas políticas. Eran dispositivos mínimos de contención en un país donde una mujer es asesinada cada 35 horas por violencia machista. Dónde muchas veces, la dependencia económica de las mujeres para con sus agresores son las condiciones que no les permiten huir de la violencia con sus hijos, estos programas eran puentes entre el Estado y quienes viven al margen, no por elección, sino por exclusión estructural.
El ministro Mariano Cúneo Libarona, encargado de ejecutar esta ofensiva, no es un actor neutral ni un gestor técnico. Es un abogado con trayectoria en la defensa de narcotraficantes, con vínculos con estructuras mafiosas, señalado en múltiples ocasiones por sus posturas misóginas y, más grave aún, se encuentra bajo la lupa de la justicia por la presunta responsabilidad en la muerte de su exesposa Natalia Di Natale, madre de su hija. Su rol en el vaciamiento de las políticas de género no sorprende: es coherente con un perfil que combina impunidad, violencia estructural y desprecio por los derechos humanos más elementales.
La eliminación de estos programas no es un error técnico. Es una decisión política. Es un mensaje. Se acabó la idea del Estado presente. Se acabó la preocupación por los márgenes. Milei sigue demostrando que no viene a gestionar el Estado: viene a reducirlo hasta la insignificancia. Y para eso, lo primero que hizo fue cortar los hilos más finos: los que sostenían a las personas más frágiles y sigue hasta que no quede nada.
El Gobierno ha optado por la crueldad metódica. Ya no se trata solo de un ajuste: es una restauración conservadora. El ataque a las políticas de género es también un ataque simbólico a los avances conquistados por los feminismos en las últimas décadas. Porque lo que se corta no es solo presupuesto: es historia, es memoria, es lucha.
La eficiencia no se mide en billetes, se mide en vidas. Y cada programa eliminado deja cuerpos más expuestos, más desprotegidos, más solos. Lo que Milei presenta como valentía es, en realidad, cobardía institucional: golpear donde menos resistencia hay.
En su cruzada contra el Estado, el gobierno de La Libertad Avanza ha dejado claro que no hay lugar para los débiles. La utopía libertaria no contempla ni mujeres, ni disidencias, ni infancias vulneradas. El futuro que promete es uno donde el mérito lo decidirá el mercado y la violencia será un daño colateral aceptable.
El Estado ya no cuida. El Estado observa. Ni deja caer, destruye.
