La «rémora monárquica» del Poder Judicial y el nuevo fallo que compromete la soberanía nacional
En una nueva emisión del programa «Con Fundamento Kriollo» por Radio Lateral, el conductor Sergio Centenaro dedicó su editorial a desentrañar el funcionamiento histórico y actual de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina.
Utilizando la expresión “rémora monárquica” —concepto compartido en una columna previa por Sergio Wischñevsky—, el periodista analizó cómo el máximo tribunal argentino, desde su creación formal el 15 de enero de 1863 bajo la presidencia de Bartolomé Mitre, ha operado a lo largo de la historia institucional del país. Centenaro planteó un interrogante directo sobre el devenir de la institución: “¿Cómo puede ser que la Corte Suprema de Justicia se haya manejado como se manejó a lo largo de toda su existencia? Es el máximo tribunal y es la cabeza del Poder Judicial de la República Argentina”.
El análisis periodístico recorrió las distintas etapas constitucionales y las sucesivas interrupciones del orden democrático en la Argentina. Centenaro detalló que, mientras los golpes de Estado disolvieron sistemáticamente el Congreso de la Nación, la Corte Suprema jamás cesó en sus actividades, convalidando o legitimando a las autoridades de facto. Desde la acordada de 1930 que reconoció al dictador José Félix Uriburu y la repetición del mecanismo en 1943, pasando por la toma de juramento a José María Guido en 1962, la intervención y remoción completa de jueces en 1955 y 1976, hasta la imposición del Estatuto de la Revolución Argentina en 1966 por encima de la Constitución Nacional, el tribunal mantuvo una conducta de convalidación jurídica hacia las dictaduras militares.
En cuanto al rol político de la Corte Suprema en gobiernos democráticos y populares, el conductor remarcó la contradicción estructural del tribunal frente a los poderes concentrados de la economía y las demandas populares. Señaló antecedentes como la mayoría automática de la década de 1990, el juicio político impulsado durante el gobierno de Néstor Kirchner y los frenos judiciales impuestos a leyes emblemáticas como la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la democratización de la justicia. Al caracterizar esta dinámica, Centenaro afirmó sin rodeos que los integrantes del máximo tribunal “son capaces de confrontar con un gobierno popular, son capaces de bajarse los calzones con las dictaduras militares y son capaces de tranzar con la pata civil de todas nuestras dictaduras que es el poder concentrado argentino”.
El eje central de la indignación señalada en el editorial radica en la reciente resolución de la Corte Suprema, firmada por los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz. Con este fallo, el tribunal revocó la sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había declarado la inconstitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/23. Al derribar dicha medida cautelar, se restituye la derogación de la Ley de Tierras, eliminando de forma inmediata los límites legales a la venta y extranjerización de tierras rurales, recursos naturales y fuentes de agua en el territorio argentino, otorgándole al Poder Ejecutivo un resultado que no había logrado obtener por la vía legislativa en el Congreso.
Para justificar su decisión sin expedirse sobre el fondo ni la constitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia, el máximo tribunal determinó que la presentación formulada por el Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM) no resultaba procedente. La Corte argumentó que la entidad excombatiente “carece de legitimación activa y que no existe un caso o bien colectivo denominado soberanía que puedan reclamar judicialmente”. Frente a esta fundamentación de rigor procesal, Centenaro enfatizó la profunda contradicción política e institucional que representa que la máxima instancia judicial le dé la espalda a la tutela del territorio nacional, advirtiendo que “suena contradictorio que un tribunal desconozca el valor jurídico de la soberanía”.
El conductor alertó sobre los peligros concretos de esta medida en términos geopolíticos, abriendo la vía a la compra ilimitada de hectáreas en zonas limítrofes y de seguridad sin restricción alguna. Asimismo, cuestionó severamente las condiciones actuales de composición del tribunal, denunciando la gravedad de “ir limpiándole el camino a este gobierno, esta Corte Suprema que funciona de forma irregular con tres miembros que no completa el número de cinco”. En su editorial, vinculó además el accionar de la justicia con la persecución y detención de líderes políticos populares, haciendo alusión explícita a la situación procesal de Cristina Fernández de Kirchner.
Como contrapartida histórica, la editorial evocó el antecedente del fallo conocido como el 2 por 1, mediante el cual la Corte pretendió beneficiar con atenuaciones de pena a los condenados por delitos de lesa humanidad. Centenaro recordó que en aquel momento la movilización popular frenó el intento judicial: “Aquellos que asesinaron a mansalva a nuestros compañeros querían tener un privilegio y la Corte Suprema lo había avalado y se les dijo que no y tuvieron que retroceder”. Finalmente, concluyó con una interpelación abierta sobre el rol de la ciudadanía frente a este nuevo escenario: “La pelota está del lado del pueblo argentino ¿Qué vamos a hacer? Esa es la pregunta”, rematando que “han movido la pelota los enemigos de la Patria. La pregunta es ¿Qué haremos nosotros?”.
