Milei y el negocio del fuego: Arde la Patagonia (otra vez)

12 enero, 2026

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Las llamas consumieron ya más de siete mil hectáreas en la Patagonia, afectando seriamente ecosistemas enteros y forzando la evacuación de miles de personas que ven amenazadas sus pertenencias y medios de vida. El gobierno nacional recorta los fondos públicos destinados a brigadistas, bomberos y guardaparques. Más aún, pretende flexibilizar la Ley de Manejo del Fuego, la Ley de Tierras Rurales y la Ley de Bosques Nativos. Cuando el Estado se retira, no avanza la libertad: avanza el abandono, el saqueo y la destrucción de nuestros territorios.

Por Frente Ambiental de La Cámpora

El verano arrancó con una grave ola de incendios en la Patagonia argentina. Las llamas avanzan en áreas de altísimo valor ambiental y turístico, arrasan bosques nativos y cultivos forestales, afectan comunidades enteras y obligan a evacuaciones masivas. Pero como ya sabemos, nada de esto es nuevo: es otro verano más bajo el fuego, situación lamentablemente conocida que, lejos de revertirse, se profundiza ante el abandono del gobierno de Javier Milei. Hoy los hechos reconfirman lo que mencionamos hace un año atrás: sin prevención, sin inversión y sin políticas públicas, el fuego encuentra el terreno libre para avanzar.

Los incendios que se desarrollan actualmente en el sur del país se montan sobre una tendencia alarmante. En lo que va del verano 2025-2026 ya se perdieron más de siete mil hectáreas en distintas localidades de la Patagonia y en varios Parques Nacionales, afectando seriamente ecosistemas enteros y forzando la evacuación de miles de personas que ven amenazadas sus pertenencias y medios de vida. Este escenario se agrava si se observa el antecedente inmediato: durante la temporada 2024-2025, la superficie incendiada de Bosques Andino Patagónicos alcanzó casi 32mil hectáreas, cuadruplicando al periodo 2023-2024 y convirtiéndose en los peores registros de los últimos treinta años.

Para colmo, el gobierno nacional ‘‘acompaña’’ ajustando aún más el presupuesto destinado a brigadistas, bomberos y guardaparques. Durante 2024, subejecutó el 20,4% del presupuesto disponible, lo que representa que 1 de cada 5 pesos asignados al Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) (de un presupuesto ya de por sí reducido) se utilizaron para otros fines. Lamentablemente, en 2025 la subejecución se profundizó: Milei dejó sin utilizar el 25% de los recursos disponibles (1 de cada 4 disponibles, casi $ 20mil millones de pesos) que podrían haberse destinado a infraestructura, equipamiento, capacitación y mejores condiciones laborales para quienes arriesgan su vida y le ponen el cuerpo al combate del fuego y la defensa de nuestro ambiente. Por el contrario, el gobierno se dedica a perseguir y despedir a trabajadores especializados en la lucha contra el fuego (con paritarias congeladas los últimos años) y desfinancia el sistema de prevención.

Ya se perdieron más de siete mil hectáreas en distintas localidades de la Patagonia y en varios Parques Nacionales.

Hace apenas tres semanas, cuando se debatía en el Senado de la Nación el Presupuesto 2026, la compañera Ana Marks decía: “Quiero hacer hincapié en otro punto del presupuesto, el cual me preocupa como cordillerana: el desfinanciamiento del Sistema Nacional de Manejo del Fuego. Nosotros, en la provincia de Río Negro –concretamente en El Bolsón–, sufrimos el verano pasado una tragedia inusitada, un incendio de interfase en el que se perdieron 221 viviendas ¿Cuál es la respuesta del Estado Nacional ante cualquier posible catástrofe que suceda en cualquier parte de la Argentina? Un desfinanciamiento del 69 por ciento del Servicio Nacional de Manejo del Fuego. Lo que nos queda clarísimo es que estamos más abandonados aún que el año pasado, cuando la tragedia fue gravísima”.

Pero eso no es todo, el ajuste se profundizará aún más en 2026. De acuerdo con la Ley de Presupuesto recientemente enviada por la Casa Rosada (y aprobada por el Congreso), el Servicio Nacional de Manejo del Fuego contará con un presupuesto aún menor: 69% menos respecto al 2023 y 78,5% menos en comparación con el 2025. Parece que para la timba, el Fondo Monetario Internacional y los amigos del ministro de Economía, Luís “Toto” Caputo todo, mientras que para los pueblos que sufren los incendios en nuestro país no hay plata.

Por si quedaran dudas de que el gobierno de Milei va a hacer lo que haga falta para entregar nuestro territorio con moño y todo al mejor postor extranjero, basta con escuchar a su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, plantear como principal objetivo del gobierno la derogación y flexibilización de tres leyes fundamentales: la modificación de la Ley de Manejo del Fuego (que impulsó Máximo Kirchner para luchar contra los incendios intencionales), la Ley de Tierras Rurales (que fue aprobada durante el gobierno de Cristina y limita la extranjerización de la tierra en nuestro país; y el gobierno de Milei quiso derogarla con el DNU 70/23 pero una cautelar de la justicia la mantiene vigente, por eso quieren modificar la ley en el Congreso) y la Ley de Bosques Nativos (también aprobada durante el gobierno de Cristina, con el objetivo de conservar los bosques de mayor valor ecosistémico).

El objetivo es claro: permitir que capitales extranjeros compren nuestros suelos sin límites y habilitar el cambio de uso del suelo tras los incendios, incentivando así la especulación inmobiliaria y agropecuaria sobre los ecosistemas arrasados.

¿Quién prende fuego y por qué?

En Argentina, se estima que el 95% de los incendios se originan por acción humana, ya sea de manera intencional o por negligencia. Fogatas mal apagadas, asados, colillas de cigarrillos, quema de residuos, prácticas agropecuarias sin control y el uso del fuego para “limpiar” terrenos ganaderos explican buena parte de los focos que luego se descontrolan. A estos se le suman una causa cada vez más frecuente que se repite año tras año: la especulación inmobiliaria y el negocio de la tierra que encuentran en el fuego una herramienta para degradar territorios y habilitar nuevos usos. Detrás de muchos incendios no hay descuido, sino una estrategia para horadar la protección ambiental una vez que los hechos ya están consumados: es mucho más fácil justificar un nuevo negocio inmobiliario sobre cenizas (hasta se vuelve más barato) que en un terreno prístino.

Frente a los incendios accidentales o asociados a causas naturales, la respuesta es clara y conocida: prevención, gestión del riesgo y presencia del Estado. Eso implica fortalecer el SNMF, invertir en brigadas y cuarteles de bomberos, garantizar una gestión efectiva de las áreas protegidas y jerarquizar el rol de guardaparques y brigadistas. Sin embargo, lejos de avanzar en ese sentido, el gobierno nacional profundiza el ajuste, precariza las condiciones laborales de los trabajadores y desfinancia a quienes ponen el cuerpo en la primera línea del fuego.

En el caso de los incendios intencionales, el eje a abordar debe ser otro: frenar la especulación. Para eso existe la Ley de Manejo del Fuego, modificada en 2020 por impulso de Máximo Kirchner, que prohíbe el cambio de uso del suelo en las áreas incendiadas, para que una vez ocurrido el fuego no se pueda hacer otra actividad que la que se venía llevando adelante antes del incendio.

En el caso de incendios en bosques, áreas naturales protegidas o humedales, la prohibición de cambio de uso de la tierra (que se entienda bien: no se prohíbe vender ni usar la tierra, se impide hacer algo diferente a lo que se practicaba antes del incendio) rige por sesenta años; en el caso de zonas agropecuarias, praderas, pastizales y matorrales, lo hace por treinta años. Esta herramienta, que hoy sufre la falta de controles y la ausencia de políticas activas, se encuentra amenazada producto de los negocios de los amigos de Milei, lo que llevó a que su derogación sea incluida también como una pretensión del ‘‘Consejo de Mayo’’. Al querer derribar esta normativa, el gobierno nacional le envía una señal directa al mercado: quemar vuelve a ser un negocio rentable. La “libertad” que pregonan es, en realidad, una vía libre para que el lobby inmobiliario o los centros de datos avancen sobre las cenizas de nuestros bienes comunes.

La Ley de Manejo del Fuego, modificada en 2020 por impulso de Máximo Kirchner, prohíbe el cambio de uso del suelo en las áreas incendiadas.

Esta avanzada sobre leyes que defienden nuestro patrimonio natural no es un hecho aislado, ya lo vimos hace algunas semanas con el intento de modificación de la Ley de Glaciares (que ya cuenta con dictamen de comisión en el Senado y buscará convertirse en ley durante febrero) con el objetivo de dinamitar nuestra Cordillera de los Andes en busca de ganancias que serán concentradas en unas pocas empresas mineras multinacionales y con un modus operandi idéntico: flexibilizar la normativa ambiental y retirar el control del Estado.

Ya sea regalando el agua a las mineras o rifando el suelo al negocio inmobiliario extranjerizado, el modelo de país que proponen es entregar nuestras tierras, nuestros bienes comunes y nuestra soberanía, para que las ganancias se concentren en los amos de la timba, mientras los costos los sufrimos el conjunto de los argentinos.

Ahora, también es necesario destacar que el cumplimiento de una Ley vigente (como la Ley de Manejo del Fuego o la de Glaciares) es responsabilidad del Poder Judicial, quien se ha destacado en estos años por no haber señalado ni en una sola ocasión a los verdaderos responsables (los que financian y dan las órdenes) de los incendios intencionales que venimos sufriendo argentinos y argentinas. El Partido Judicial se convierte así en cómplice del saqueo y la destrucción de nuestros bienes comunes naturales, al no indagar ni sancionar a quienes lucran con el desastre ambiental. Si se dedicaran a investigar y encarcelar a los responsables materiales e intelectuales de las quemas en la Patagonia con el 1% del ímpetu que le ponen para perseguir a Cristina, la cantidad de incendios activos en nuestro país se reduciría drásticamente.

El mercado no apaga incendios

Que el presidente de un país sea negacionista de la crisis climática no es gratuito: el mercado no apaga incendios, no previene catástrofes, no evita la desertificación, ni cuida nuestros territorios.

La ausencia del gobierno nacional va mucho más allá de la falta de presupuesto para enfrentar cada evento; así como la crisis climática no reconoce fronteras provinciales, tampoco puede ser enfrentada con medidas aisladas o sin coordinación federal. Y a la falta de políticas ambientales integrales se le suma la asfixia presupuestaria con la que Milei busca condicionar a gobernadores y provincias, dejándolas con menos herramientas para enfrentar emergencias cada vez más frecuentes y devastadoras.

Ese ahogo tiene consecuencias concretas sobre nuestros territorios. Provincias que hoy enfrentan incendios, sequías o inundaciones prácticamente en soledad, ven debilitadas sus capacidades de respuesta por decisiones tomadas desde la Casa Rosada. Pero al mismo tiempo, no puede soslayarse una contradicción política de fondo: muchas de esas mismas provincias terminan acompañando en el Congreso las leyes que profundizan este modelo, como el DNU 70/23, la Ley Bases con el RIGI, la modificación de la Ley de Glaciares u otras iniciativas que consolidan la desregulación ambiental, la extranjerización de los territorios y la cesión de soberanía, incluso muchas veces promoviéndolas en sus respectivos Congresos provinciales. No hay que mirar para otro lado: no se puede reclamar un Estado presente en la emergencia y, al mismo tiempo, habilitar un esquema que lo vacía de poder y de recursos en pos del avance del extractivismo financiero voraz sobre nuestros bienes comunes naturales.

Frente al ajuste, el negacionismo climático y la mercantilización de la naturaleza, la salida no es individual ni de mercado. La respuesta es más política, más organización y más ambientalismo popular. Esa resistencia hoy se materializa en el territorio a través de las redes de cuidado y protección: en las brigadas voluntarias que enfrentan el fuego donde no llegan los recursos, en la solidaridad de los vecinos que asisten a las familias que perdieron su producción, y en el compromiso de profesionales, universidades y organizaciones sociales que ponen su conocimiento y el cuerpo al servicio del pueblo entendido como la defensa del territorio, de la vida y de un proyecto de país soberano con justicia social y justicia ambiental. Porque cuando el Estado se retira, no avanza la libertad: avanza el abandono, el saqueo y la destrucción de nuestros territorios.

PARA COLABORAR CON LA COLECTA SOLIDARIA “TODOS POR LA CORDILLERA”:

CHUBUT:

– Si tenés para donar barbijos, crema hidratante, vendas, gasas estériles, gotas oftalmológicas, gafas, herramientas de trabajo, agua, leche y alimento para mascotas, podés llevar a UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO, de 08 a 22hs (Sedes de Trelew, Puerto Madryn, Esquel y Comodoro Rivadavia)

– Para hacer una donación monetaria: ASOCIACIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIOS EL HOYO (alias Mercadopago BOMBEROSELHOYO)

RÍO NEGRO (Bariloche):

– Si tenés para donar borcegos de cuero 38 a 44, ropa de grafa, linterna con vincha/pilas, limas de motosierra / aceite de cadena, acoples storts de 1 y ½, elementos de botiquín, agua mineral de 500, gatorade, frutos secos, harina; podés llevar a RUIZ MORENO 865, el LUNES 12/1 y el Martes 13/1 de 11 a 13:30hs y de 16 a 18hs.

Fuente: lacampora.org

12 enero, 2026

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