Ocho Delegados Policiales Detenidos: Una Madre Denuncia Persecución Política en Misiones
Posadas, Misiones – Graciela Enríquez, madre de dos delegados policiales detenidos, Alejandro y Iván Arrieta, denunció públicamente una persecución política tras la detención de sus hijos y otros seis colegas el pasado 19 de septiembre de 2024. La detención, según Enríquez, es una represalia por su participación en las protestas salariales de mayo de 2024, y forma parte de una estrategia para silenciar las demandas de la fuerza policial.
Los hermanos Arrieta, junto a otros siete oficiales, fueron arrestados en el marco de una investigación que involucra un grupo de WhatsApp, donde supuestamente se habrían realizado comentarios considerados “peligrosos” por el juez Fernando Verón, quien ordenó la prisión preventiva. Sin embargo, Enríquez asegura que sus hijos no planearon ninguna acción ilegal y que las conversaciones fueron privadas. Además, critica la detención de Ramón Amarilla, otro delegado policial, quien, según Enríquez, ni siquiera formaba parte del grupo de WhatsApp.
“Mis hijos son inocentes”, afirmó Enríquez en una entrevista con Radio Lateral. “Los tratan como delincuentes, les niegan sus derechos, y están sufriendo condiciones inhumanas en penales de máxima seguridad, separados de sus familias. Alejandro tiene cuatro hijos pequeños”.
Enríquez relata el día de la detención, describiendo la irrupción violenta de las fuerzas de seguridad en su domicilio. “Les esposaron y les trataron como si fueran criminales. No era necesario. Nunca habían pasado por algo así”.
La detención de los ocho delegados se produjo tres meses después del acuerdo alcanzado tras las protestas de mayo, donde el ministro coordinador de gabinete, Kiko Lera, se comprometió a que no habría represalias contra los representantes de la mesa de diálogo policial y penitenciaria. Esta promesa, según Enríquez, fue claramente quebrantada.
La madre de los detenidos también denunció las consecuencias que esta situación ha tenido sobre su salud y la de su familia, incluyendo problemas de salud graves de su madre de 82 años.
Durante la entrevista, se sugirió una estrategia para acelerar la liberación de los detenidos, instando a aquellos que estaban en el grupo de WhatsApp a declarar públicamente que Ramón Amarilla no participó en las conversaciones cuestionadas. Esta estrategia, se argumenta, podría presionar al juez para liberar a Amarilla, quien podría luego liderar la lucha por la libertad del resto.
El caso ha generado conmoción y preocupación por la posible manipulación política del sistema judicial. Las familias de los detenidos continúan manifestándose y reclamando justicia. La situación expone una profunda crisis en la relación entre el gobierno provincial y la fuerza policial. La lucha por la liberación de los ocho delegados continúa.
