Prohibición de pesca ancestral en Misiones: Comunidad guaraní denuncia discriminación y violación de derechos culturales
Jorge Acosta, docente intercultural bilingüe y referente de la comunidad guaraní en Misiones, denunció en una entrevista radial la reciente prohibición de una práctica ancestral de pesca por parte de las autoridades ecológicas provinciales. La medida, que afecta directamente a la subsistencia y la espiritualidad de su pueblo, ha generado indignación y reclamos por respeto a los derechos culturales amparados por la Ley 26160.
La técnica en cuestión, conocida como “Parí”, consiste en una trampa temporal fabricada con materiales naturales como tacuara, que se instala en arroyos durante enero y febrero para capturar peces como bogas y mojarras. Según Acosta, esta práctica milenaria no solo provee alimento, sino que está ligada al “teko” (espiritualidad y cultura guaraní). “Es algo que heredamos de nuestros ancestros. No es un juego: es supervivencia y conexión con nuestra identidad”, explicó.
Sin embargo, la Secretaría de Ecología de Misiones prohibió su uso, argumentando daños ambientales, sin considerar su carácter temporal y sostenible. “Mientras los no indígenas pescan con redes sin control, a nosotros nos persiguen por métodos que no destruyen el ecosistema”, criticó Acosta, señalando una doble vara en la aplicación de normativas.
Contexto legal y apoyo institucional
La comunidad cuenta con el respaldo de la Pastoral Aborigen, que invoca la Ley 26160, la cual garantiza a los pueblos originarios el derecho a mantener sus prácticas tradicionales en territorios ancestrales. Pese a esto, las autoridades provinciales no han brindado espacios de diálogo, según Acosta: “Nos sentimos marginados. Destruyen nuestra cultura mientras hablan de protegerla”.
Además, el docente denunció acciones represivas, como la confiscación de artesanías y alimentos vendidos por familias guaraníes en zonas urbanas, lo que agrava su situación económica. “Nos trasladan a comisarías como si fuéramos delincuentes por buscar sustento”, lamentó.
Conclusión
El conflicto expone una tensión entre políticas ambientales y derechos indígenas. Mientras la Pastoral Aborigen impulsa acciones legales, la comunidad exige que se reconozca su autonomía cultural. “Queremos que nuestros hijos sigan aprendiendo estas prácticas sin ser criminalizados”, cerró Acosta. La pelota está en el campo del gobierno provincial: ¿priorizará el diálogo intercultural o mantendrá una prohibición considerada discriminatoria?
Tekoa Tupã Mba’e rechaza criminalización de su sistema de pesca
