Un posible freno al avance del Súper RIGI
La Justicia de Oberá ordenó al Congreso responder a la demanda de una comunidad indígena por los daños ambientales y del suelo desprotegidos en el proyecto oficial.
Por Raúl Dellatorre
La resistencia en favor de la defensa del territorio nacional y los bienes naturales acaba de dar un paso clave. El Juzgado Federal de Oberá (Misiones) ordenó, pocos días atrás, que el Congreso de la Nación comparezca y responda a una demanda presentada por la comunidad guaraní Mbya Tape Miri contra el proyecto de ley llamado Súper RIGI. La denuncia advierte que las facultades otorgadas a las firmas inversoras en el proyecto de ley del Ejecutivo, desampara a los habitantes de dicha población frente a los daños ambientales y a las posibilidades de desarrollo de labores agrícolas y ganaderas en esa provincia del Noreste.
No se trata de la única presentación ante los tribunales que buscan frenar el avance de las políticas de La Libertad Avanza. La intención es impedir que, en su último año de gestión, el gobierno de Javier Milei deje instalado, como hecho consumado, la pérdida de derechos de protección del suelo, del medio ambiente y de los recursos naturales, a través de diversos proyectos de supuesto aliento a la inversión privada extranjera, que ocultan en realidad el propósito de convertir al país en territorio de libre ejercicio de la explotación de esos recursos, sin los cuidados mínimos que se aplican en el resto del mundo.
El proyecto de ley de Súper RIGI es considerado por especialistas locales y extranjeros, como “un traje a medida” para los planes del empresario germano estadounidense Peter Thiel y de su firma Palantir, de convertir a la Argentina como base estratégica global para el desarrollo e instalación de mega data centers, explotando recursos naturales sin ninguna clase de restricciones o regulaciones. Así se comprometieron públicamente a brindárselo tanto el presidente, Javier Milei, como su ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.
Obligaciones incumplidas
La comunidad guaraní Tape Miri reclamó, en su demanda judicial, que se garantice el cumplimiento de las obligaciones de acceso a la información ambiental, transparencia y participación pública, indígena y ciudadana frente al proyecto de ley del Súper RIGI, que en la práctica exime a autoridades e inversores privados de dichas obligaciones.
El propio texto judicial señala la necesidad de implementar mecanismos que garanticen estos derechos y eviten el daño actual e inminente derivado de las omisiones denunciadas.
“No es un reclamo que pueda seguir siendo ignorado. Las comunidades originarias y todo el pueblo argentino tenemos derecho a ser escuchados cuando están en juego nuestros territorios, nuestras formas de vida y el futuro de la naturaleza”, señala un comunicado de dicha comunidad.
El Juzgado Federal de Oberá tuvo por iniciada una acción sumarísima contra el Estado Nacional – Poder Legislativo de la Nación, a partir de la presentación realizada en representación de la comunidad guaraní Tape Miri. Y ordenó correr traslado al Estado Nacional por once días hábiles ampliados para que comparezca y responda a la demanda.
“Una acción deliberada”
De acuerdo con la presentación judicial, el Estado Nacional está incumpliendo de forma deliberada con sus compromisos constitucionales y convencionales. La demanda aclara que no se cuestiona la conveniencia política o económica de la ley, sino “la omisión sistemática de los informes técnicos, las evaluaciones estratégicas de impacto y los mecanismos de consulta pública que deben preceder de manera obligatoria a regulaciones de esta magnitud en materia de recursos naturales, energía y transformaciones territoriales”.
En paralelo, el tribunal envió a despacho para resolución el pedido de intervención como Amicus Curiae (Amigo del Tribunal) presentado por el especialista Eduardo Dvorkin. El experto aportó un informe científico enfocado en las graves incidencias y el impacto que tendrían en el sistema energético y ambiental determinadas actividades promovidas por el Súper RIGI, con especial énfasis en la instalación de mega data centers.
Bárbara Bertola, letrada patrocinante de la comunidad, explicó que se solicitó “el trámite urgente porque las demoras legislativas y procesales pueden tornar ilusoria la tutela de los derechos. El Estado no puede avanzar a ciegas con el Súper RIGI sin garantizar antes el acceso a la información y la participación de la comunidad en la formación de las leyes”.
Otra denuncia en CABA
Una demanda similar fue presentada ante los Tribunales de la Capital Federal – Expediente Nro. CAF 038794/2026, Juzgado Contencioso Administrativo Federal 8 – por Carlos Gutiérrez. en representación del Centro Cultural 25 de Mayo.
En esta última presentación, similar en sus fundamentos a la que avanzó en Oberá, el denunciante manifiesta, con respecto al proyecto de Súper RIGI, “el Senado Nacional debería tomar los recaudos necesarios de participación ciudadana e información pública para cumplir con las obligaciones constitucionales y convencionales vigentes en el país. Ello, debido al gran impacto ambiental que tendrá el Súper RIGI para toda la sociedad argentina, especialmente en materia de agua y energía”,
Gobernadores entusiastas
En la última semana de octubre, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, fue el anfitrión en Rosario de un nutrido conjunto de empresarios, principalmente del rubro de la minería, para “celebrar” que el gobierno nacional de Javier Milei siguiera mostrando predisposición para ampliar los beneficios a los megainversores por llegar. Beneficios que se pagan con pérdida de patrimonio y recursos naturales del país, aunque el mérito pareciera ser que no impliquen un mayor costo fiscal.
Mientras la falta de previsión estatal acerca de los alcances del fenómeno de El Niño iba agigantando la dimensión de la población que podría ser perjudicada por las inundaciones en las costas del Paraná y arroyos afluentes, Pullaro se ufanaba de la lluvia de inversiones que provocarían las políticas de aliento a megainversores.
No estaba sólo. Martín Llaryora, mandatario de Córdoba, y una decena de otros gobernadores festejaban con igual algarabía esas mismas medidas.
Fuente: Página 12
