Bullrich presentó un protocolo antipiquetes que incluye a todas las fuerzas federales
La ministra de Seguridad explicó que el objetivo es garantizar la libre circulación en rutas y calles. La funcionaria indicó que “si hay un delito flagrante” las fuerzas federales podrán intervenir.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó este jueves “un protocolo para el mantenimiento del orden público” con el fin de asegurar la libre circulación ante la organización de piquetes o bloqueos, lo cual derivó en el repudio de agrupaciones sociales y dirigentes políticos que consideraron a la medida como “inconstitucional” y una “amenaza” ante una posible conflictividad social tras las medidas del Gobierno.
Bullrich anunció que “las cuatro fuerzas federales” podrán intervenir “si hay un delito flagrante” durante las manifestaciones en la vía pública y que el nuevo protocolo incluirá la identificación de quienes corten arterias, la aplicación de las leyes que contemplan hasta penas de prisión y el cobro de los gastos que demande la intervención de las fuerzas de seguridad a las organizaciones que violen la normativa.
“Las cuatro fuerzas federales y el Servicio Penitenciario Federal van a intervenir frente a cortes, piquetes o bloqueos, sean parciales o totales. La ley no se cumple a medias, se cumple o no se cumple”, dijo Bullrich durante una presentación ante la prensa en la sede de la cartera de Seguridad, en Gelly y Obes 2289, en el barrio porteño de Recoleta.
Bullrich remarcó que el Gobierno tiene “una decisión tomada” de que “la forma de pedir o buscar un beneficio social” ya no es “por la vía del corte”
La funcionaria indicó que “si hay un delito flagrante” las fuerzas federales podrán intervenir “de manera inmediata” de acuerdo con “los códigos procesales vigentes” y que utilizarán “la mínima fuerza necesaria y suficiente”, la cual será “graduada en proporción a la resistencia” que se oponga.
“Serán determinados los delitos hasta una nueva ley que se va a presentar a corto plazo de acuerdo al artículo 194 del Código Penal”, agregó.
Ese artículo establece que “el que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años”.
Bullrich remarcó que el Gobierno tiene “una decisión tomada” de que “la forma de pedir o buscar un beneficio social” ya no es “por la vía del corte”.
“Sepan que si se toma la calle va a haber consecuencias. Vamos a ordenar el país para que la gente pueda vivir en paz”, señaló.
Al conocerse el anuncio, distintos dirigentes y organizaciones políticas repudiaron el protocolo al calificarlo de “inconstitucional”, una “amenaza” a gremios y movimientos sociales y advirtieron que “cuando hay semejante nivel de agresión” contra los sectores populares “inevitablemente se producen protestas sociales”.
En una conferencia de prensa convocada para responder los planteos de Bullrich, los referentes del Partido Obrero, Vanina Biasi y Gabriel Solano, junto al dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, reivindicaron el “derecho a la manifestación” y reclamaron que la ministra de Seguridad “no tiene facultad legal” para impedirlo.
“Nosotros consideramos realmente una provocación los anuncios que ha hecho la ministra Patricia Bullrich”, reprochó Solano en el local porteño del Polo Obrero, ubicado en Mitre 2162, donde fue convocada la prensa.
Lo de bullrich es una declaración de guerra a la conflictividad que va a generar su propio gobierno con el ajuste brutal que anunciaron.
Ninguna contemplación, habilitación directa a la policía, amenazas a las organizaciones, una patoteada. https://t.co/NL9tbzRqHO
— Paula Litvachky (@paula_lit) December 14, 2023
En tanto, la conducción nacional de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que lidera Rodolfo Aguiar, repudió por “inconstitucional” el protocolo de movilización.
“Los conflictos sindicales y sociales no deben ser resueltos por la policía o la justicia sino por aquellos que gobiernan, porque para eso fueron elegidos. La medida anunciada por la ministra se orienta a atacar las consecuencias y no las causas de las protestas. Si no quiere conflictos que pare ya el ajuste e incremente los salarios”, dijo el gremialista.
También la directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Paula Litvachky, enmarcó el protocolo de Bullrich como “una declaración de guerra a la conflictividad que va a generar su propio gobierno con el ajuste brutal que anunciaron”.
“Ninguna contemplación, habilitación directa a la policía, amenazas a las organizaciones, una patoteada”, publicó Litvachky en su cuenta de X.
Esto es Bullrich. ¡No Pasarán! pic.twitter.com/9qyb8Y6yBs
— Nicolas del Caño (@NicolasdelCano) December 14, 2023
Luego de su anuncio, Bullrich se reunió con el ministro de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, Waldo Wolff; el nuevo jefe de la Policía de la ciudad de Buenos Aires, Diego Kravetz; y el secretario de Seguridad de Nación, Vicente Ventura Barreiro.
“Vamos a trabajar de forma mancomunada en todos los accesos que tienen injerencia federal y en la ciudad de Buenos Aires. La reunión con Bullrich fue excelente. Me he comunicado con Jorge Macri, a quien el transmití lo que aquí se habló. Estamos satisfechos con lo que viene”, remarcó Wolff al retirarse de la cartera de Seguridad.
El funcionario porteño destacó que la Ciudad “no está sola” y que está “acompañada” por el Gobierno nacional pese a que no sea del “mismo signo político”.
“El Ministerio de la Nación, con sus fuerzas federales, se va poner a disposición de los requerimientos que aquí tengan características federales, como accesos de la provincia de Buenos Aires o inmediaciones”, explicó.
Este nuevo protocolo se conoce luego de que la conducción nacional de las organizaciones de izquierda nucleadas en la Unidad Piquetera (UP) confirmara esta semana que el próximo miércoles realizarán un “paro activo” en la Plaza de Mayo, como respuesta a “los anuncios” del ministro de Economía, Nicolás Caputo.
La jornada de protesta coincidirá con el 22 aniversario de las jornadas del 19 y 20 de diciembre del 2001 cuando el gobierno de Fernando de la Rúa reprimió una protesta social, que culminó con 38 muertos y finalmente la renuncia del exmandatario radical.
EL CELS ACUSA A BULLRICH DE PRETENDER “IMPEDIR CON REPRESIÓN LA PROTESTA SOCIAL”
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) afirmó que el protocolo antipiquetes anunciado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, busca “impedir con represión la protesta social” y alertó que se “criminaliza a quienes se manifiestan” y se persigue” a las organizaciones porque “cortar las calles no es delito”.
“Ahora, más que una limitación del uso de la fuerza policial hay una habilitación para ejercer violencia contra los manifestantes”, destacó el CELS, y consideró que las medidas “atacan el derecho a la protesta, criminalizan a quienes se manifiestan y persiguen a la organización social y política”.
Además, “pretenden saltarse la intervención judicial, lo que limita derechos y garantías, y en medio de un brutal ajuste con graves consecuencias sociales y bajo la promesa de orden busca suprimir las manifestaciones públicas contra los efectos de las medidas oficiales”, añadió la organización.
La coordinadora de Seguridad democrática y violencia institucional del CELS, Victoria Darraidou, en diálogo con Télam estimó “alarmantes y preocupantes” los anuncios porque se “plantea una falsa idea de orden para abordar la conflictividad a través de la represión de la protesta social como ésta fuera un delito”.
Remarcó que “el derecho a la protesta está en la Constitución y en los estándares internacionales de protección de los Derechos Humanos y hoy la ministra de Seguridad los señaló como prohibiciones”.
Asimismo, explicó que en el criterio oficial “hay una grave ponderación que entiende que el derecho a circular anula el derecho a usar el espacio publico para manifestarse”.
Sobre la presencia de niños y adolescentes en las manifestaciones, Darraidou consideró “gravísimo no solo la persecución de las personas que deciden manifestarse con su familia sino la criminalización de las organizaciones políticas y sociales que termina por desalentar a la vida política” en referencia a lo que Bullrich anunció como un “registro de organizaciones”.
También cuestionó la posibilidad de impedir la llegada de manifestantes mediante controles en estaciones de trenes, porque “sería simplemente una persona que se está trasladando en tren a una protesta y no habría flagrancia”.
Sobre posibles enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, Darraidou puntualizó que “las armas que el gobierno de Bullrich llama ‘no letales’ y que nosotros llamamos ‘menos’ letales, (como las balas de goma o las pistolas Taser) pueden generar graves daños e incluso hay registros de muertes en contextos de protestas sociales recientes”.
El CELS alertó en un comunicado que “es muy riesgoso enviar un mensaje político como este hacia las fuerzas policiales”.
“Cuando el poder político habilitó la represión de las manifestaciones, el resultado fue una enorme crisis política y terminó con muertes en las calles”, recordó. Y advirtió que “ahora, más que una limitación del uso de la fuerza policial hay una habilitación para ejercer violencia contra los manifestantes”.
Fuente: Télam
