El saqueo interminable: Fernando Cardozo expone las tramas detrás de la entrega de Transener y la impunidad del menemismo residual

En una de las entrevistas más sustantivas y conmovedoras de la mañana en Radio Lateral, el periodista Sergio Centenaro conversó con Fernando Cardozo, ex-trabajador de SEGBA e integrante activo de la agrupación de Trabajadores de Empresas Privatizadas, quien expuso la dramática realidad de miles de obreros afectados por el sistemático desmantelamiento del patrimonio nacional de los argentinos.

Al conmemorarse el 37º aniversario de la sanción de la Ley de Reforma del Estado —aprobada el 17 de agosto de 1989 bajo la presidencia de Carlos Menem—, Cardozo historizó el origen de una lucha que ya se extiende por tres décadas, denunciando que las privatizaciones de los años 90 constituyeron una catástrofe social y el germen directo del actual revival de saqueo que promueve la administración libertaria.

El dirigente detalló de forma pormenorizada el conflicto original en SEGBA (Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires), la empresa pública que generaba, transmitía y distribuía de forma soberana la energía eléctrica en la Capital Federal, La Plata y todo el conurbano bonaerense. Cardozo recordó que, al momento de sancionarse la privatización en 1992, la ley de reforma del Estado establecía el Programa de Propiedad Participada (PPP), el cual obligaba a transferir un 10% del paquete accionario de la nueva compañía a los trabajadores en actividad. Sin embargo, las nuevas patronales privadas iniciaron una ola de despidos masivos que desvinculó de manera inmediata a 20.000 trabajadores de la empresa, negándoles el pago de sus acciones bajo el falaz argumento de que ya no pertenecían a la firma.

La persistente resistencia judicial del sector fue articulada tres décadas atrás por el histórico dirigente Jorge Galati, quien inició un complejo juicio en los tribunales federales de La Plata logrando un fallo firme que reconocía el legítimo derecho de los ex-trabajadores de SEGBA al cobro de la propiedad participada. No obstante, Cardozo denunció el carácter ofensivo de la liquidación final determinada por la justicia tras más de treinta años de dilaciones institucionales por parte del Estado argentino, catalogando a la indemnización correspondiente como “realmente una cargada” en comparación con el millonario despojo infligido contra los derechos y la dignidad de los trabajadores de la energía.

Este patrón de despojo patrimonial se repite de manera idéntica en la actualidad de la mano de Luis Caputo y el gobierno de Milei, a quienes Cardozo acusó de encabezar un calco exacto de las políticas de desmantelamiento de los 90, resultando en “una catástrofe para los trabajadores para los usuarios y un saqueo para la Patria”. El colectivo de ex-trabajadores de empresas públicas alertó de manera temprana sobre la reciente e irregular entrega de Transener, la compañía altamente estratégica encargada del transporte y distribución de energía eléctrica en alta tensión a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Cardozo enfatizó que la totalidad de los activos y redes de Transener se construyeron mediante monumentales inversiones estatales financiadas con recursos públicos a través del patrimonio histórico de SEGBA, Agua y Energía Eléctrica, y la firma Hidronor.

El dirigente destruyó la falacia de que la privatización de Transener obedece a razones de ineficiencia o déficit de gestión en diciembre de 2024. Cardozo demostró que Transener es una empresa altamente superavitaria que reportaba millonarias utilidades genuinas al Estado nacional y cuyos dividendos beneficiaban de forma directa a la clase pasiva del país, dado que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES poseía una importante cuota de acciones en la compañía. El colectivo de ex-trabajadores, junto al diputado Juan Marino, impulsó y presentó formalmente un proyecto de ley en el Congreso de la Nación destinado a prohibir la entrega de estos activos estratégicos a manos privadas. No obstante, bajo una dudosa operatoria en el portal oficial “Subastar” —en la cual el sistema informático se cayó misteriosamente en el tramo final de la oferta—, la propiedad de las acciones estatales fue adjudicada a precio vil a un holding empresario que ni siquiera integraba las ternas de preselección.

La absoluta falta de transparencia y el carácter lesivo del despojo se confirmaron de manera veloz en los portales informativos de política y finanzas. Cardozo reveló que la empresa adquirente de Transener recuperó la totalidad del magro capital nominal que simuló invertir en la adquisición de la firma con la mera liquidación de la primera distribución de dividendos de la compañía. Ante esta monumental estafa al patrimonio común de los argentinos, el ex-trabajador de SEGBA fue taxativo: “a la luz de los acontecimientos fue una venta a precio billes compraron ya recuperaron esa supuesta inversión porque de hecho no invirtieron nada”, argumentando que un futuro gobierno nacional y popular tendrá la obligación de investigar a fondo dicho proceso legal para declarar su nulidad absoluta y reincorporar las acciones de Transener a la órbita pública.

En este sentido, Cardozo exigió a toda la dirigencia opositora y al movimiento nacional no adoptar una posición de pasividad pasiva de cara a un futuro recambio gubernamental, sino poner en alerta inmediata a los capitales especulativos que pretenden saquear al país. Para el dirigente de la energía, resulta perentorio demandar la nulidad absoluta de la Ley Bases, a la que rebautizó de manera despectiva como la “ley cuaderno”, debido a que su aprobación legislativa en el Senado se consiguió bajo un manto de sobornos y coimas parlamentarias que culminaron con la detención in fraganti de un legislador que transportaba dinero ilegal en efectivo a través de la frontera. Cardozo sostuvo que, de la misma forma en que el pueblo argentino derogó y anuló las leyes de impunidad que protegían los crímenes de lesa humanidad, todas las consecuencias de esta ley bases viciada de corrupción deben declararse nulas de toda nulidad.

Finalmente, el dirigente dio testimonio de las dramáticas realidades que afronta la generación de trabajadores que resistió las primeras privatizaciones de los años 90. La gran mayoría de los integrantes del colectivo supera los 70 años y padece severos problemas económicos, habitacionales y de salud que los obligan a organizar colectas de solidaridad interna para comprar remedios esenciales. Tras demandar una reparación histórica integral para los 165.000 obreros arrojados a la precariedad por el remate de 65 corporaciones estatales bajo el menemismo, y recordando que “solo el pueblo salvará al pueblo”, Cardozo concluyó que el peronismo que vuelva debe garantizar “volver al peronismo donde con un laburo no con tres laburos donde con un laburo la gente podía soñar”, asegurando que las futuras generaciones sepan que los veteranos militantes no se limitaron a contemplar la historia de brazos cruzados.