Política y Economíaprincipales

Mendoza en emergencia: Privatización del agua y minería amenazan el patrimonio hídrico

La Crisis

En una entrevista exclusiva con Radio Lateral, el periodista mendocino Alfredo Núñez alertó sobre el avance de la privatización del agua en Mendoza bajo un acuerdo opaco con la empresa estatal israelí Mekorot. Este pacto, iniciado en 2022 por el exgobernador Rodolfo Suárez y continuado por Alfredo Cornejo, prioriza intereses mineros extranjeros sobre el derecho humano al agua. Según Núñez, “lo que no se establecía en ese acuerdo era que el uso del agua también iba a ser destinada a la extracción de oro, cobre y demás minerales”.

Violación a la Ley 7722

La ley mendocina 7722, creada hace 20 años para proteger el agua del uso de cianuro en la minería, hoy es burlada. El gobierno provincial autorizó 34 proyectos mineros en Malargüe y Uspallata, zona clave que abastece de agua al 50% de la población. Núñez denuncia: “Hábilmente, Cornejo encontró la manera de pasar por el costado de la ley”, con el aval de la legislatura, excepto cinco diputados opositores.

Mekorot: ¿Beneficio o Colonización?

El acuerdo con Mekorot —firmado bajo el gobierno nacional anterior— se extiende a múltiples provincias, pero su contenido es secreto. Núñez cuestiona: “¿Hasta dónde llegan los compromisos con una empresa estatal israelí?”. Además, revela que la empresa influye en decisiones políticas, como la habilitación de pozos clandestinos para el empresario Eduardo Elsztain, violando restricciones hídricas.

Control Mediático y Resistencia Ciudadana

Los medios mendocinos, financiados con $20.000 millones en pauta oficial, promueven un discurso pro-minero. “Prefieren instalar que la minería genera empleo, ocultando los pasivos ambientales irremediables”, señala Núñez. Frente a esto, medios alternativos y asambleas ciudadanas —como la histórica movilización que frenó la derogación de la ley 7722 en 2019— resisten la entrega de recursos.

Impacto Económico y Social

El modelo actual ya afecta a productores: el kilo de tomate perita cayó de $800 a $200, obligando a arrancar plantíos. El turismo registra solo 40% de ocupación, la peor cifra en 20 años. “Es la pérdida de soberanía sobre nuestros recursos a favor de empresas que nos buscan esquilmar”, sentencia Núñez, vinculando esta crisis con el desmantelamiento de organismos como el INTA y el INTI.

Llamado a la Conciencia Federal

Núñez urge unir luchas provinciales: “Hay alternativas: Martín Gill o Santiago Cafiero proponen desarrollo industrial sin depender de potencias extranjeras”. Concluye con un mensaje esperanzador: “No hay que perder las esperanzas. Necesitamos patria y bandera como protección”, enfatizando que la defensa del agua es un grito transversal en Argentina.

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