¿Por qué Ramón Amarilla fue trasladado a la cárcel de Cerro Azul?

Esta mañana, el Oficial Mayor (R) Ramón Amarilla, fue conducido de la Comisaría Segunda, donde fue alojado anoche, al juzgado de Instrucción 3 a cargo del Juez Fernando Verón. Luego de dos horas, y sin intermediar aviso alguno, fue trasladado desde el mismo juzgado a la Unidad Carcelaria de Cerro Azul. La grave situación creada artificialmente, según denuncian las bases policiales, genera preocupación por la integridad del Vocero de la Mesa de Diálogo.

Por Sergio Centenaro

La decisión del magistrado Verón, golpeó duro al interior de la Mesa de Diálogo Policial que venía arrastrando negociaciones a la baja, unilaterales y por decreto. A este escenario se suma el agregado judicial que puso a los referentes de la Mesa en alerta. Todo hacía suponer que el acuerdo firmado durante la noche en que finalizó el acampe de 13 días, 29 de mayo, también incluía el compromiso del gobierno provincial de no tomar represalias contra los trabajadores de las fuerzas de seguridad por extender la protesta a casi dos semanas. Pese a ello, y cuatro meses después de los hechos que mantuvieron en vilo al país, es la justicia la que toma el protagonismo y hace el trabajo que el gobierno de la provincia necesita para alejar los fantasmas de la impopularidad.

Recordemos que en el inicio del acampe, Ramón Amarilla se encontraba en otra actividad de protesta. Apenas acompañado por 15 retirados de la policía frente a Jefatura. No había mayor escándalo que el de ocupar la vereda del edificio central de la policía. Pero durante la mañana del 17 de mayo, Amarilla junto con la sociedad toda, tomaron conocimiento de los hechos en desarrollo que acaecían frente al Comando Radioeléctrico número Uno. Es decir, el acampe sobre avenida Uruguay fue decidido pura y exclusivamente por las bases policiales a espaldas de Amarilla. Se puede agregar que, para los incrédulos, ya en enero de este año, Amarilla venía sosteniendo una estoica seguidilla de diez días frente a Jefatura, bajo el calor abrazador y sin ningún tipo de apoyo de las bases policiales activas. Lo mismo ocurrió los cuatro días que pasó frente a Jefatura en mayo antes que se desataran los acontecimientos.

De todas maneras, el miedo que acusa el gobierno es el fortísimo acompañamiento que generó una genuina demanda como lo es pelear por un salario digno. En definitiva, es de lo que no se habla. La agenda que Amarilla marcó como centro de su lucha en forma permanente fue el salario, las condiciones laborales, los adicionales, la pésima prestación del Instituto de Previsión Social, la imposibilidad de pretender atenderse como afiliado y tener la obligación de abonar un canon elevado para acceder a la atención médica. Todas estas luchas quedaron escondidas en el subsuelo ante la prisión del vocero principal.

Más de 25 mil familias de las fuerzas de Seguridad de Misiones se han beneficiado en cada discusión paritaria que oportunamente protagonizó Ramón Amarilla. Sin contar con los palos en la rueda que debió sortear en el camino. Soportó la expulsión lisa y llana de la Mesa de Diálogo, con defecciones al interior de la Mesa. Lo desconocieron y destrataron muchos de los Delegados que debieron comportarse como compañeros de él. Siguió reclamando por los derechos de todos esos trabajadores de la seguridad misionera. No compró peleas intestinas, no se quedó con discusiones internas interminables, sino que prolongó su reclamo desde la calle, aguardando y reclamándole a la Mesa rigor a la hora de negociar cada punto.

Todo esto trasunta en el desenlace con los hechos que tenemos hoy. Es bizarra la perturbación que demuestra el gobierno provincial en la figura hoy de Hugo Passalacqua, pero no por eso, olvidar los hilos que mueve tras bambalinas Carlos Rovira y la mano ejecutora del Ministro de Gobierno Marcelo Pérez, quién pergeñó junto a Patricia Bullrich la aplicación del protocolo antipiquetes sobre la avenida Uruguay y que, solo por gracia de Dios, no ocurrió.

No hay que olvidar que, en el mes de mayo, mientras se precipitaban los hechos que culminaron con diversos sectores de la administración pública acampando sobre la Avenida Uruguay, Amarilla, ofició de Vocero, pero no de gestor de la protesta. La protesta se inició sin Amarilla y la protesta fue la que tomó a bien permitir que Amarilla oficie de interlocutor del gobierno y vocero de las bases en la negociación. Pero, naturalmente, no es esta lectura la misma que hace el gobierno provincial. Sino, más bien, ve en Amarilla una amenaza latente producto del buen manejo que hizo de multitudes que estaban bajo presión y logró vehiculizar las demandas de forma pacífica hasta el último día de acampe.

El lawfare Llegó a Misiones

Como ya escribió Diario Lateral el 20 de octubre de 2022, llamó la atención la visita que el Ministro de Gobierno de Misiones, Marcelo Pérez, realizó a Cartagena Colombia invitado por el Gobierno de los Estados Unidos para participar de la “Conferencia de Planeación 2023” a fines de septiembre de ese año. Pérez, es, por cierto, una pieza clave en el engranaje del que disponen estructuras más grandes que ven, en funcionarios de menor orden, la posibilidad de avanzar en políticas emanadas de Norteamérica. Quizá lo agrandemos demasiado con esto. En tal caso, es pasible de ser considerado útil como eslabón.

No caen lejos del árbol los frutos suele decirse. Este es uno de esos casos. Donde las relaciones carnales que promueve el Misionerismo de Carlos Rovira con el Gobierno de los Estados Unidos gozan de muy buena salud. No es casualidad que la semántica y retórica discursiva del gobierno provincial deba leerse en inglés en carteles de la ciudad de Posadas pretendiendo algo superador.

Hay autores que sostienen que el origen del lawfare o guerra jurídica es estrategia de carácter militar, encuadrada en una guerra de amplio espectro de la que se empezó a hablar allá por los años 70 del siglo pasado. Hay otros, que presentan la expresión como surgida a principios de siglo XXI, en el ámbito de los estudios estratégicos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Los que saben, aseguran que la idea central del lawfare siempre fue “cuestionar la utilización de las instancias judiciales internacionales para proteger los derechos humanos, por parte del bando más débil en una guerra”​, y con ese fundamento, el término fue “utilizado por Estados Unidos para desconocer la autoridad de la Corte Penal Internacional”.​

Sea como fuere, la acción concreta de anteponer al poder judicial de un estado como ariete político para el disciplinamiento de algún sector de la sociedad, sea político, sindical, cultural o de cualquier otra índole, representa la “demolición del Estado de derecho en nombre de la ley”, remarcan.

Sea Pérez la puerta de acceso a este mecanismo, o sea desde las mismas entrañas del hegemónico poder político misionero, el que lo impulsa, la situación reviste una gravedad sin precedentes. La persecución de la protesta, la estigmatización sin límite que ensaya la Renovación de la “Concordia Social” contra aquellos que le son ajenos a los fines de la manipulación, escapa a nuestra capacidad de comprensión.

Las fuerzas de Seguridad en Misiones están huérfanas. Nadie reacciona por estas horas. Ramón Amarilla dejó, hasta sus últimos minutos de libertad, un ejemplo demoledor de no abandonar a nadie en la lucha. El último registro fotográfico donde se lo ve junto a la esposa del Oficial Ayudante Diego Hernán Correa frente al Juzgado de Instrucción 3 marca al detalle, la convicción y coherencia de uno de los mejores soldados que parió la fuerza en su larga historia. Queda preguntarse si este sector de trabajadores que han recibido tantas veces el abrigo y protección de este hombre, sabrán devolverle algún gesto de agradecimiento.