Denuncian “desalojo encubierto” y maniobras judiciales contra la comunidad Mbya guaraní en Misiones
La abogada Roxana Rivas denunció en Radio Lateral la ejecución de un operativo ilegal para desplazar a la comunidad indígena Puente Quemado II, en la zona de Garuhapé.
Según la letrada, se trató de un “desalojo encubierto” perpetrado mediante el uso abusivo de detenciones y medidas restrictivas impuestas por el juez de instrucción Manuel Balanda, favoreciendo intereses de empresas forestales como Ruff y Arauco.
El conflicto se desencadenó cuando fuerzas de seguridad detuvieron al cacique Santiago Ramos y a otros diez miembros de la comunidad bajo la acusación de usurpación, realizada por un empresario local. Rivas explicó que estas tierras cuentan con un relevamiento territorial del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) que reconoce la posesión ancestral: “Tener ese reconocimiento implica que uno puede ejercer ese derecho dentro de ese territorio demarcado. Eso ya excluye cualquier posibilidad de que sean denunciados por usurpación, que sean desalojados”.
La maniobra judicial, calificada como “gravísima” por la abogada, consistió en detener a los indígenas para notificarlos de una restricción de acercamiento al predio. “No solamente que los detienen, los demoran para hacerles notificar de una supuesta causa penal, sino que además los notifican en el acto de una medida restrictiva que es la de prohibición de acercamiento”. Esto significa que, al ser liberados, no pueden regresar a sus hogares sin cometer el delito de desobediencia judicial.
El periodista, ilustró el escenario de indefensión de los pueblos originarios frente a un sistema judicial que percibe como parcial. “Van a decidir a favor de los más cercanos, de los que reconocen; un juez con sus pares, un comisario con sus pares, un empresario con sus pares”. Rivas, denunció además que el juez Balanda avanzó con las detenciones sin que existiera siquiera un número de expediente formado, manteniendo incomunicado al cacique Ramos y retirándole su teléfono móvil.
La situación en Puente Quemado II es crítica no solo por la tierra, sino por el acceso a derechos básicos. La comunidad se niega a abandonar el monte, su hábitat consustancial, a pesar de que se les niega el servicio de agua potable debido a que los titulares dominiales de la zona no autorizan la instalación municipal. “La comunidad ahora está en un sector que decidió el juez que esté porque delimita dentro de las restricciones… y a su vez no tienen solucionadas ninguna de las cuestiones”.
Finalmente, la abogada vinculó este recrudecimiento de la violencia institucional con el actual clima político nacional. Señaló que la derogación de normas y el discurso oficial parecen “empoderar” a quienes buscan desplazar a las comunidades de sus territorios. El caso ha sido elevado al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ante la falta de garantías en la justicia provincial.
