Por Sergio Centenaro
En este fin de semana, tomé conocimiento de la situación que está atravesando el representante de la policía ante la Mesa de Diálogo, Ramón Amarilla, Suboficial Mayor (R).
En las últimas horas ha recibido varias amenazas, tratándolo de rebelde y acusándolo de querer desestabilizar la democracia y a la Jefatura de Policía. Hay un audio circulando, hecho con un programa que cambia el tono de voz, donde se intenta hacerlo ver negativamente. Qué raro ¿no?, porque por lo que sé Amarilla lucha por el bienestar de todos los policías, penitenciarios y sus familias. Todos hemos visto a Amarilla levantado la voz por sus colegas, tanto policías como penitenciarios, y sus familias también por mejoras salariales, por el respeto de los derechos humanos de los trabajadores y una cobertura médica como merece tener cada integrante de las Fuerzas de Seguridad de la provincia ante el Instituto de Previsión Social (IPS). Y no le hemos visto luchar por esos derechos un par de días, o meses, o algunos años, sino desde aquel famoso levantamiento de 2012 hasta estos días.
Como el atento lector sabe, siempre se trata de hacer callar a la persona que sobresale y reclama ante las autoridades los derechos de los trabajadores. En una apreciación muy personal, todos los policías, penitenciarios y hasta inclusive familias enteras se sienten representados y representadas por este Suboficial Mayor (R). Sin ir más lejos, y para que conste la representatividad de Amarilla como interlocutor de las bases en la provincia, en más de una oportunidad, policías en actividad se comunicaron con este cronista para manifestar el apoyo incondicional que le prodigan y en agradecimiento por alguna entrevista que desde nuestro medio le realizamos.
Hoy, Amarilla fue nuevamente amenazado con mensajes que llegaron a su teléfono y que preocuparían al más valiente de la cuadra. Pero resulta que este hombre se ocupa de la problemática de fondo que sufre este sector de los trabajadores, y lo más importante es que nunca les ha pedido nada a cambio. La realidad que viven los policías, penitenciarios y por ende las familias, económicamente es gravísima, ya que no cubren las necesidades alimentarias básicas, es más no llegan al 10 de cada mes porque todos están endeudados con las tarjetas de crédito, no pueden pagar alquileres, luz, agua porque que no les alcanza, siendo más grave para los que prestan servicio en el interior de la provincia.
Hay una realidad muy triste dentro de la vida de un policía o penitenciario, que tiene que ver con la extraordinaria sobrecarga horaria que asumen, y más horas de recargo para los que tienen lejos a su familia.
A mí mesa de trabajo ha llegado está información, el día 6 de mayo está prevista una movilización masiva frente a la Jefatura de Policía en horas de la mañana. Me imagino que el Gobierno provincial y Jefatura estarán tratando de solucionar este escenario. Sin embargo, deben saber que, lamentablemente llegó a mis oídos que el gobierno insiste con desentenderse completamente de la situación Policial-Penitenciaria, es más, la única solución que ha dado es amenazar por medio de audios al representante y Delegado de la UR1 Ramón Amarilla, con el fin de amedrentarlo y hacerlo desistir del justo reclamo que hacen los trabajadores de base de las fuerzas de seguridad de Misiones.
En este sentido, no veo prudente dejar solos a los representantes de la Mesa de Diálogo y menos a Amarilla que tanto ha hecho por el conjunto del sector. Puede ser que estén recibiendo presiones del Gobierno provincial, de los Jefes, pero a veces la necesidad de los que trabajan en el interior no son iguales a las que sufren los de la capital. Debemos ser honestos y hablar con la verdad… la situación económica doméstica de todas las familias es caótica, pero, al mismo tiempo, la única manera que existe para hacerse escuchar es saliendo a la calle. Siempre que se luchó y salió a la calle se lograron incrementos salariales y hasta el día de hoy no se conoce otra forma de hacerse valer. ¿Cuántas veces las bases policiales y penitenciarias intentaron ir por la vía del diálogo y el consenso?, pero las autoridades del Gobierno provincial no viven la misma realidad que los policías, penitenciarios, docentes, trabajadores de la salud y demás sectores de la administración pública provincial.
